El parlamento aprobó el primero de este mes de junio tres documentos, que fueron elaborados en ese VII Congreso, con la meta de continuar y clarificar las reformas iniciadas en 2008 por Raúl Castro.
Regeneración, 08 junio 2017.- El Parlamento cubano hizo caso al presidente Raúl Castro de “llamar a las cosas por su nombre” y legalizó lo que ya es real: la existencia de pequeñas empresas privadas, que hasta ahora viven en un limbo jurídico.
El debate sobre las empresas privadas marcó el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) celebrado en abril de 2016, pero en aquel momento los más de 1.000 delegados que participaron no consiguieron llegar a un consenso sobre los documentos que definen el modelo de socialismo en Cuba.
En Cuba los negocios en manos privadas se multiplicaron desde que en 2010 el gobierno socialista amplió los rubros en que se permite la actividad por cuenta propia, como se conoce localmente al sector. Actualmente operan como micro, pequeñas y medianas empresas privadas (pymes) sin bases legales.
En las más de 200 actividades permitidas para el ejercicio privado, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social registró al cierre de 2016 más de 535 000 trabajadores.
El reconocimiento de esa realidad y el anuncio de la posible aprobación legal de las pymes en Cuba, “en límites bien definidos” y sin permitirse “la concentración de la propiedad” ni de la riqueza, fue señalado por primera vez por Castro durante la inauguración del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 16 de abril de 2016.
El parlamento aprobó el primero de este mes de junio tres documentos, que fueron elaborados en ese VII Congreso, con la meta de continuar y clarificar las reformas iniciadas en 2008 por el actual mandatario, quien ha anticipado que dejará el cargo en febrero de 2018.
Varios cambios para el sector ya se definieron en los documentos rectores que salieron del Congreso: el plan de desarrollo económico hasta 2030, la actualización del programa de reformas económicas y sociales para 2016-2021, conocido como los “lineamientos”, y la conceptualización del modelo económico y social.
Justo ese último documento, sometido a consulta popular junto al plan de desarrollo en 2016 y ahora revisado y aprobado por el parlamento, establece que las personas naturales pueden desarrollar los emprendimientos familiares actuales y “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas”.
Coordinadores de la iniciativa reiteraron que además de la ansiada legalización de las pymes se requieren de más actividades económicas permitidas.
Con información de Cubadebate y Público