Por Salvador González Briceño
Rebelión
A raíz de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel del Altiplano, penal de muy “alta seguridad” en el centro de México, volvió al país el debate sobre el problema de las drogas, en varios sentidos:
1.- La ineficacia de la estrategia para el “control”, aplicada durante ocho años o el sexenio de Felipe Calderón y casi la mitad de gobierno de Enrique Peña Nieto, confrontando el problema mediante el uso de la fuerza, o la presencia del Ejército mexicano en las calles.
2.- La promesa incumplida tras el retorno al poder del gobierno de extracción priista, luego de los 12 años de ineficacia de PAN —el bipartidismo que tanto daño le hace a México— de cambiar dicha estrategia, a estas alturas se ha quedado en el papel.
3.- De sobra se ha comprobado —miles de muertos, directos e indirectos, desplazados al interior del territorio nacional lo muestran— que la continuidad de la política antidrogas (“guerra contra las drogas” inaugurada allá por junio de 1971 por Ricardo Nixon) aplicada desde entonces en países de América Latina como en Colombia y México, tras 40 años de vigencia se trata de un auténtico fracaso.
4.- En el país hay un serio cuestionamiento del tipo de política y sobre todo del sistema de seguridad y de justicia que se tiene, pues en la práctica se han incrementado la corrupción y la impunidad al interior del sistema jurídico y político mexicanos, puesto que la sociedad se encuentra en un vacio por lo que hace a la justicia que desbordó a la autoridad existente tras el vendaval de crímenes cometidos —directos implicados en el problema o aquellos catalogados como “daños colaterales”—, a raíz de esa evitable guerra contra las drogas pero inexplicablemente sigue en pie.
No solo al interior, también hacia afuera queda claro que:
1.- A un problema global una solución también mundial, es lo que debería estarse aplicando para contener un fenómeno que corroe a la sociedad en su conjunto. Iniciar con atender un tema: el de las drogas, por ejemplo, con un compromiso de más de un solo país. No se mira por dónde los gobiernos de EUA se ocupen de atenderlo siquiera al interior de su propio país, mucho menos se ve la “corresponsabilidad” con otros países como México, los países centroamericanos y los de Suramérica, como Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, etcétera.
2.- Nada serio se aplica, verbigracia, en lo referente a los controles de cultivo, procesamiento, trasiego de las drogas, a la distribución y venta en el principal país consumidor del mundo —el mercado estadounidense—. Entendiendo que los gobiernos de los países involucrados en el problema deberían estar resolviendo mediante estrategias conjuntas. Por lo mismo que el negocio está a salvo.
3.- Lo grave también es que no se atienden dos puntos importantes: a) el lavado de dinero por muchas vías, y b) cómo es que blanqueado va a parar a los bancos y al sistema financiero en general. Vuelve a aparecer el contexto global de un asunto billonario, tanto que al final de cuentas pasa “limpio” a formar parte de la economía “legal”.
Aquí vuelve a brincar la liebre con otros asuntos: A) ¿Realmente la captura de los capos —como El Chapo y otros—, cabecillas de los carteles ocurre como una acción de la justicia para fincarles los cargos correspondientes, o se les captura selectivamente para conocer cómo funciona el negocio y para convertirlos en “testigos protegidos” (esa figura aberrante creada para eludir a la justicia), o se les trata bien para que no “canten” e involucren aquellos que los protegen, en la larga cadena de actividades ilícitas?; B) ¿Por qué razones se continúa aplicando estrategias como el combate mediante el ejército en las calles en México, sin la colaboración del gobierno de EUA haciendo lo propio en su territorio, y en cambio agencias destinadas al combate —como la DEA— se dedican a “controlar” el negocio (El Chapo estaría a punto de ser extraditado a EUA, y por eso escapó, se dice). Asoman las causales: los grandes intereses, bajo control y a beneficio de unos pocos.
Esta semana en México el influyente semanario Proceso publica un reportaje sobre el panorama de narcotráfico elaborado por la DEA. ¿Si EUA conoce bien el problema, por qué no colabora con las autoridades mexicanas para resolverlo, cumpliendo siquiera con el precepto de la “corresponsabilidad”? ¿A conveniencia de quiénes?
Se trata de la distribución de los carteles y el reparto de cuotas territoriales, en México y en el mercado estadounidense. El cartel Jalisco Nueva Generación le está ganando terreno al de Sinaloa, que comandan El Chapo e Ismael El Mayo Zambada —dice la DEA— pero este está en primer lugar y es el que tiene presencia significativa en la Costa Oeste, el Medio Oeste y el noroeste de EUA con el trasiego de mariguana, heroína (sobre todo), metanfetaminas, cocaína.
Documento entregado al presidente Barack Obama en junio pasado bajo el título “México: evaluación actualizada sobre las áreas de control dominante de las principales organizaciones del tráfico de armas”, dice que el tercer cartel en importancia es el de los Beltrán Leyva. Le siguen Los Zetas, del Golfo, Juárez, la Línea, Familia Michoacana y Caballeros Templarios; los dos primeros “en picada” y sin presencia en EUA: “no van más allá de los estados de la frontera sur de la Unión Americana”. (Cit. “En aumento, la carcoinvasión mexicana”, N° 2025, 23/VIII/2015).
Y cierra la nota J. Jesús Esquivel, autor de varios libros sobre la DEA y el narcotráfico: “Los grupos mexicanos del tráfico de drogas son ahora los principales y más prominentes traficantes al mayoreo de heroína en las divisiones federales de la DEA en Chicago, Nueva Jersey, Filadelfia y Washington. Y han expandido su presencia en el área de la ciudad de Nueva York”.
Pero la DEA no solo sabe, también participa del negocio, como la CIA en el espionaje y los golpes de Estado en varias partes del mundo —hoy se les conoce como “golpes de Estado blandos”—. En un informe del Departamento de Justicia de EUA, elaborado por su inspector general, asegura que la DEA no solo abusa de la figura del “testigo protegido”, además, viola las leyes de los países y las propias, poniendo en riesgo la seguridad nacional, al solapar o alentar actividades relacionadas con el narcotráfico. (Ver más en Esquivel 21/VIII/2015: http://bit.ly/1Pu8Fmj). Eso no es nuevo.
La auténtica novedad es: cada vez queda más claro que la “guerra contra las drogas”, impuesta/adoptada en países como México en donde está costando sangre a cambio de millonadas de dinero sucio —que va a parar más pronto que tarde al sistema financiero mundial—, ha sido solo una parte de la estrategia de mayor alcance. Hacer todo lo necesario para quedarse con el control de las reservas energéticas de México. Ni más ni menos. Se ha alentado la confrontación interna (aparte de las drogas, la venta de armas como negocio para los armeros gringos) estilo “guerra de baja intensidad”, como distractor desestabilizador en tanto se va tras el pastel: las reservas de petróleo y gas. Ya veíamos cómo Hillary Clinton trabajó para empujar la reforma energética, apoyada entre otros por el experto en estados fallidos, Carlos Pascual, quien operó desde la Embajada de Washington en México (ver: http://bit.ly/1KGjpu3).