Periodistas, defensores y activistas plantearon indagar a la PGR, al CISEN y la Sedena en la denuncia presentada por presunto espionaje ante Feadle.
Regeneración, 21 de junio de 2017.- En la denuncia presentada por presunto espionaje ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), defensores, periodistas y activistas plantearon indagar a la PGR, al CISEN y la Sedena.
Los afectados presentaron la denuncia el lunes, luego que se revelaran 12 nuevos casos de espionaje a través del hackeo de teléfonos celulares con el programa Pegasus, aunque hasta la noche de este martes divulgaron una versión pública del documento.
En la denuncia acusan que pudieron ser víctimas de los delitos de intervención de comunicaciones privadas y de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y refieren a la investigación realizada por la canadiense Citizen Lab sobre el malware Pegasus, de la empresa israelí NSO Group.
«Citizen Lab y y NSO Group han señalado que esta última empresa únicamente presta sus servicios a Gobiernos, y han referido que varias entidades del Gobierno Mexicano han adquirido los servicios de NSO Group, concretamente, han comprado el programa Pegasus, siendo las siguientes: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)», plantearon.
«Por lo anterior, tenemos el temor fundado, sin que nos conste, de que estas entidades gubernamentales, por medio del programa Pegasus intentaron en reiteradas ocasiones, e infectaron nuestros equipos de telefonía celular”.
Entre los actos de investigación que sugirieron se encuentra requerirle información a la Secretaría de la Función Pública sobre gastos, convenios y contratos signados por la Sedena, PGR y CISEN para el uso de cualquier software.
También que se pida a la Secretaría de Hacienda toda la información contenida en la partida presupuestal referente a «gastos de seguridad pública y nacional».
Otra diligencia que plantearon fue pedirle a cada compañía proveedora del servicio de telefonía la información referente a los números desde los cuales se enviaron los mensajes con los enlaces maliciosos.
Los agraviados, entre ellos directivos e investigadores de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, del Instituto Mexicano para a Competitividad, así como la periodista Carmen Aristegui, solicitaron también medidas de protección dirigidas a las tres dependencias señaladas para que no los intimiden o molesten.
La denuncia, que no fue firmada por Carlos Loret de Mola, consta de 20 páginas y presenta una lista de los mensajes que recibieron con enlaces maliciosos.
Con información de: Reforma