SEMARNAT favorece a Salomón Camhaji Samra, exdirector de la ex paraestatal Altos Hornos de México, quien recibió financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Guardianes del Río Ajajalpan” denuncian ofrecimiento de dádivas, bebidas embriagantes y compra de voluntades, mientras que opositores estan siendo perseguidos, señalados en algunos medios de comunicación de la región y amenazados, indicó la organización
Por Leticia Ánimas
Regeneración, 4 de abril de 2016 (Huauchinango, Pue).- Sin dar acceso al público y a pesar de que han asegurado que “ya hicieron una consulta” e iniciaron algunas obras, la empresa Deselec 1-Comexhidro presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), hace sólo 15 días, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la hidroeléctrica Puebla 1 que quiere construir en el río Ajajalpan.
De acuerdo con la Gaceta Ecológica publicada el pasado 31 de Marzo, la MIA que se encuentra en la fase de “integración del expediente” fue registrada con el número 21PU2016E0019 y fue presentada el 18 de Marzo en las oficinas centrales de la dependencia federal, pese a que se trata de un estudio de carácter regional que abarca a los municipios poblanos de Ahuacatlán, Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, cuyos pobladores se oponen al proyecto.
En su órgano oficial, la SEMARNAT omitió dar a conocer el estudio de los impactos ambientales que se producirán por la instalación de la generadora de energía que abastecerá a tiendas y restaurantes del Grupo WalMart, así como el resumen ejecutivo del mismo, como lo hace regularmente.
En cambio, sólo puede leerse una escueta descripción de los trabajos en los que se asegura que en un terreno de 36.43 hectáreas se pretende construir y operar un embalse, los equipos hidráulicos y electromecánicos “que permitirán generar energía eléctrica para autoconsumo, con pretendida ubicación sobre y en las inmediaciones del rio Ajajalpan, en la parte nororiental del estado de puebla, en los límites que conforman la división política de los municipios de Ahuacatlan, Tlapacoya y San Felipe Tepatlán”
“Para la realización del mismo se requiere la construcción de una cortina, un túnel de conducción, tubería de presión que conducirá el agua hasta la casa de máquinas, en donde, mediante un arreglo de turbina-generador, se producirá energía eléctrica, estimándose una producción media anual de 157 Gigawatts (aunque inicialmente la empresa dijo que producirían 60 Megawatts)” y se harán 5 caminos de acceso, pero no se especifican las dimensiones de ninguna de estas obras, ni se dan otros detalles.
En contraste, la notificación, admite que se desmontarán 11.71 hectáreas que presentan vegetación.
DINERO Y RECHAZO
El proyecto hidroeléctrico ha generado el rechazo de los totonacos que pueblan tres municipios involucrados, que han reclamado, entre otras cosas, que a pesar de que hace más de tres años que llegaron a la región, fue hace apenas unos meses que los empresarios de Deselec-Comexhidro intentaron darles información.
Según datos del centro de investigaciones PODER, la empresa Deselec 1, a cargo del proyecto hidroeléctrico, es una subsidiaria de Comexhidro, constituida, entre otros, por Salomón Camhaji Samra, exdirector de la ex paraestatal Altos Hornos de México y recibió financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para la promoción de energías renovables y recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura.
Entre los cuestionamientos al proyecto, además de los daños al medio ambiente, están que la hidroeléctrica Puebla 1 no proveerá de la electricidad a las comunidades afectadas; que el proceso de consulta a la población indígena inició cinco años después de haber sido otorgado el primer permiso a la empresa.
Además han sido denunciadas diversas acciones de las autoridades y de la empresa tendientes a “romper el tejido comunitario”: ofreciendo dádivas, bebidas embriagantes y proyectos productivos financiados con recursos públicos a algunos pobladores que aglutinó en organizaciones a modo: “Bios Sierra” y “Campesinos Unidos de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya”; mientras que quienes se oponen al proyecto están siendo perseguidos, señalados en algunos medios de comunicación de la región y amenazados, indicó la organización “Guardianes del Río Ajajalpan”.