La Constitución establece que el presidente y otros servidores públicos pueden ser juzgados por traición a la patria; «Comete traición a la patria el mexicano que ‘realice actos contra la independencia, soberanía, o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero'»: Código Penal Federal
Regeneración, 27 de octubre de 2013. «La llamada reforma energética es un intento vil de despojo y significaría un acto de traición a la patria, de igual o mayor felonía que el cometido por Antonio López de Santa Anna, cuando entregó Texas y más de la mitad del territorio nacional», expresó hoy Andrés Manuel López Obrador, casi al finalizar su dicurso en el Zócalo capitalino.
Por ello, puso a consideración de la asamblea la propuesta de que, en caso de aprobarse las contrareformas «neoporfiristas», se demande a quien corresponda, por el «grave delito de traición a la patria».
«La Constitución establece que el presidente de la República y otros servidores públicos, pueden ser juzgados por delito de traición a la patria y el Código Penal Federal señala que comete traición a la patria el mexicano que ‘realice actos contra la independencia, soberanía, o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero’. Por eso les propongo que con este inapelable fundamento legal, en el caso de aprobarse la reforma energética, presentemos las demandas que correspondan, en las instancias respectivas, contra Enrique Peña Nieto y los legisladores que incurran en el grave delito de traición la patria».
Además emplazó a los Senadores del PAN y PRD votar en contra de las injustas modificaciones a la Constitución que pretende el malgobierno de Peña. «Es un momento decisivo para el país. Está en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Ante la gravísima amenaza de ser despojado de sus recursos, el Congreso de la Unión tiene la altísima responsabilidad de representar los intereses del pueblo y sus comunidades», justificó el emplazamiento.
«Los exhortamos a conducirse con sentido patriótico y a no dar la espalda a la historia, a la Constitución y a los intereses de la nación», agregó.
La propuesta fue respaldada por escrito por el obispo Raúl Vera López, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Pablo González Casanova, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez Gándara y Mario Saucedo Pérez.
El pasado 19 de septiembre, el grupo firmó un llamado a la unidad para «oponerse abiertamente a las reformas de los artículos 27 y 28 de la Constitución de la República que propone el gobierno» y contra «la reforma hacendaria, que distribuye la carga fiscal de una manera particularmente inequitativa y recesiva, profundizando la crisis al afectar a las pequeñas y medianas empresas, a las clases medias, y sobre todo a los trabajadores y a los más pobres de México».
El Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, a la letra: «el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común».
En el artículo 123 del Código Penal Federal, en su primer párrafo, se se establece que comete delito de traición a la patria quien «realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero».