Veracruz ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes con mujeres de entre los 10 y 14 años, y mantiene el tercer puesto en muerte materna.
Regeneración, 10 de mayo de 2016.- La reforma al artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Veracruz, propuesta por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, criminalizaría el aborto al añadir el párrafo “protección de la vida desde la concepción”, bajo un criterio “sin sustento científico y sin un análisis serio y profundo”, denunció la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir a través de una petición en el sitio Change.org.
El proyecto de reforma, que fue aprobado por el congreso veracruzano sin previa discusión y sin la oportunidad de ser debatida en comisiones y que ahora inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias, generaría un clima de persecución y criminalización a las mujeres que decidan abortar, cualquiera que sea el motivo.
Además, propiciaría la clandestinidad antes que la eliminación de la práctica abortiva, pues el 54 por ciento de los embarazos no deseados terminan en aborto, independientemente de las situaciones legales o penales vigentes, resalta la Red.
“Las veracruzanas nos apegamos al principio de progresividad de los derechos humanos que marcan que las mujeres deben crecer en derechos y no coartar su autonomía y libertad”, señala la Red, la cual denunció además que Duarte mantiene compromisos con el clero que dificultan el acceso a la información científica y laica sobre educación sexual y métodos anticonceptivos.
La petición publicada detalla que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes con mujeres de entre los 10 y 14 años, y mantiene el tercer puesto en muerte materna.
De la misma forma, los cambios al artículo criminalizarían la pobreza, donde mujeres pobres, indígenas o de baja escolaridad tienen 9 veces mayor probabilidad de tener un aborto inseguro.
Por último, resaltó que la aprobación de la reforma del artículo 4° contraviene los estándares internacionales y viola los pactos ratificados por el Estado mexicano, al haber sido instado el gobierno veracruzano a no vulnerar los derechos humanos de las mujeres con el proyecto.