La organización internacional International Open Society Justice Initiative dijo que detectó “pruebas fehacientes” de crímenes de lesa humanidad en México desde diciembre de 2006.
Regeneración 06 de junio de 2016.- Debido a la intensidad de los patrones de violencia que se viven en el País desde diciembre de 2006, la organización no gubernamental International Open Society Justice Initiative consideró que se puede decir que en México ha habido crímenes de lesa humanidad.
Se dice que existen crímenes de lesa humanidad cuando conductas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución de manera sistematizada y generalizada contra la población con pleno conocimiento.
A través del informe “Atrocidades innegables: enfrentando crímenes de lesa humanidad den México”, la organización alegó que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas llevadas a cabo por agentes del Estado como por miembros de los grupos de delincuencia organizada, son considerados de lesa humanidad.
El organismo no gubernamental plantea además de la situación de emergencia y violencia generalizada, las autoridades no han sido capaces de desarrollar estrategias eficientes y además controlar y “comienzan con la retórica de negación y desviación que han caracterizado a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la escala y la naturaleza de los asesinatos, las torturas y las desapariciones, y hacen aseveraciones generalizadas y sin fundamento considerando a las víctimas de estos delitos como criminales”.
Indica que la incapacidad gubernamental está por un lado, basado en que el Gobierno mexicano ha mantenido una política de confrontación.
“Todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”, se lee en el documento.
Vía El Economista