Algunos incautos han visto en estos ajustes de cuentas un indicio de que el peñato está resuelto a recuperar la independencia del gobierno frente a los grupos corporativos que lo controlan –legales o no tanto– y hasta una decisión de romper con la cadena de complicidades y encubrimientos que recorre los sexenios.
Pero no. Si el actual gobierno hubiese tenido la determinación de exhibir, perseguir y contrarrestar la corrupción y la criminalidad heredadas de Fox y de Calderón, habría actuado en forma explícita y frontal, y no mediante acciones dosificadas ni con cálculos de oportunidad mediática. Por lo que se refiere al golpe
a Televisa, ya el lunes pasado Enrique Galván Ochoa demostró hasta qué punto dicho golpe
es un mero raspón menor que ni disminuye en forma apreciable el valor accionario ni reduce el poderío mediático de la corporación (http://is.gd/mgMcba).
Si Peña realmente pretendiera establecer una diferencia significativa con respecto a sus antecesores panistas tendría que empezar no por ese golpeteo tangencial y oportunista, sino por indagar el destino de los cerca de 75 mil millones de dólares que ingresaron a las arcas nacionales durante el gobierno foxista y que desaparecieron de manera misteriosa en los entresijos de la burocracia, o bien emprender una investigación seria no sólo sobre Oceanografía –investigación que busca, por lo demás, esclarecer una ratería cometida en perjuicio de una empresa bancaria estadunidense, no el fraude a la nación perpetrado–, sino sobre el conjunto de las operaciones del Fobaproa en el que participaron los hermanos Bribiesca Sahagún.
Si la idea fuera romper con Calderón, el régimen actual bien podría mostrar voluntad política para esclarecer sus posibles responsabilidades en la muerte de más de cien mil mexicanos durante el sexenio pasado: el político michoacano alentó e instigó la eliminación física de todo un sector de la sociedad (en la categoría de narcos caben desde campesinos mariguaneros, halcones y camellos menores hasta grandes capos) que, según cálculos realizados durante el calderonato por dependencias militares, genera cerca de medio millón de empleos directos: el plan de Calderón fue llanamente genocida. Eso, sin considerar que muchos de los asesinados no tenían nada que ver con el negocio de las drogas ni con la delincuencia organizada. Y es imposible saber el porcentaje preciso por la simple razón de que no se puede juzgar a los muertos.
El actual ocupante de Los Pinos está vinculado a Fox por la barbarie represiva en Atenco (2006) y por el respaldo que el de Guanajuato brindó a su candidatura. Asimismo, Peña está comprometido con Calderón porque, como gobernador del estado de México, compartió durante seis años la estrategia de seguridad federal y porque el michoacano se hizo de la vista gorda ante el fraude perpetrado por el PRI en 2012, en pago, acaso, por el favor análogo que el tricolor hizo al panismo en 2006. Lo más importante, Peña comparte con Fox y con Calderón la misma misión en materia de política económica: favorecer a las grandes corporaciones en detrimento de las personas y comunidades, seguir entregando el país a los intereses extranjeros y alentar, desde las dependencias públicas, el obsceno proceso de concentración de la riqueza nacional en unas cuantas manos.
Estos deslindes pragmáticos no implican, pues, ruptura ni fractura. Son sólo parte de un reajuste en la manera de hacer negocios.
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