La Fiscalía de Veracruz entregó a la Cámara de Diputados 27 pruebas y tres entrevistas presenciales que demuestran que el actual legislador del PRI, Alberto Silva Ramos, desapareció casi mil 568 millones de pesos cuando fue vocero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Regeneración, 11 septiembre 2017.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz entregó a la Cámara de Diputados 27 pruebas y tres entrevistas presenciales que demuestran que el actual legislador del PRI, Alberto Silva Ramos, desapareció casi mil 568 millones de pesos cuando fue vocero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En la denuncia de hechos promovida por el fiscal veracruzano, Jorge Winckler, en la que requiere a la Sección Instructora de San Lázaro desaforar a Silva Ramos para que enfrente la justicia de aquel estado.
“Solicito a esta soberanía declare la procedencia de la acción penal contra el diputado Alberto Silva Ramos, por el Distrito 3 del estado de Veracruz con cabecera en Tuxpan, curul L-445, en razón que actualmente se le instruyen tres carpetas de investigación”, detalla la solicitud de desafuero.
De acuerdo con la documentación, este dinero fue sustraído de manera ilegal en dos periodos: del 20 de febrero de 2014 al 5 de enero de 2015 y del 6 de abril de 2016 al 17 de octubre de 2016, cuando el actual legislador priista se desempeñaba como coordinador de Comunicación Social de Veracruz.
La denuncia contra Silva Ramos involucra al ex tesorero de Javier Duarte, el también diputado federal del PRI, Tarek Abdalá, quien enfrenta un proceso de desafuero por el presunto desvío de 23 mil millones de pesos.
La recibida el 13 de julio de 2017 por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, sostiene que Silva Ramos cometió́ irregularidades durante su gestión que pueden ser constitutivas de delito.
La Fiscalía veracruzana relató que con motivo del proceso de entrega-recepción se hizo una auditoría en el área de Comunicación Social pues “saltaban a luz diversos actos que parecían realizados al margen de las reglas de la contabilidad gubernamental”, lo cual quedó demostrado.”
Silva Ramos, entre 2014 y 2016, realizó convenios con distintos “medios de comunicación”, asignando pago sin que existiera presupuesto autorizado ni suficiencia presupuestal, “lo que convierte a cualquier pago tramitado y realizado en esas condiciones en ilegítimo y, por lo tanto, daño patrimonial”.
Tampoco presentó a la Secretaría de Finanzas la información sobre los pagos tramitados para que se reportara en la Cuenta Pública. Del ejercicio fiscal de 2014 hay un pendiente de mil 459 millones de pesos y del año 2016 falta por aclarar 108 millones de pesos.
Con información de Quadratín y El Heraldo