Los ejidatarios dueños de 50 hectáreas indicaron que nunca dieron su consentimiento para ceder gratuitamente sus tierras y el Registro Agrario Nacional dice que el expediente de otorgamiento “desapareció”.
Regeneración, 08 de agosto de 2016.- En abril de 2015, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, consiguió a “título gratuito” el derecho de explotación de 50 hectáreas de tierra en el municipio de Villa Cozumel por 30 años.
El otorgamiento gratuito de las tierras fue asegurado mediante el “Contrato de usufructo – Ejido Cozumel”, inscrito ante el Registro Agrario Nacional (RAN) con el número de folio “23001001109111945R”; documento que permanece “desaparecido” del Registro, pero que se emitió efectivamente.
El comisario del lugar, Gabriel Yam Chan, abogado de profesión, indicó que no es gratuito que los documentos estén perdidos, pues todo esto es “un fraude (del gobernador), es un despojo a los ejidatarios, y aunque ya intentamos iniciar el trámite para anular ese contrato de usufructo, no lo hemos logrado hasta el momento debido, precisamente, a que el expediente está desaparecido”.
Luego de las elecciones estatales en Quintana Roo, un ciudadano filtró el contrato de usufructo, mismo que el periodista Paris Martínez trató de confirmar directamente con el Registro Agrario Nacional, pero tras dos meses de búsqueda, el organismo indicó que no fue posible encontrar el “registro físico del contrato (…) no teniendo referencia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión”.
Sin embargo, se aclaró que “la inscripción registral que atañe a dicho documento” sí existe; es decir, el trámite mediante el cual Borge tomó control legal de las 50 hectáreas sí se realizó y está vigente.
Lo único que desapareció fueron los archivos que acompañan a dicha “inscripción registral”, documentos imprescindibles para impugnar el procedimiento.
Los mismos documentos faltan en el archivo del municipio, pero no porque no se haya perdido, sino porque el ejido nunca tuvo conocimiento de él.
“Ante la asamblea ejidal, que es el máximo órgano de toma de decisión del ejido Villa Cozumel, nunca fueron presentados esos documentos –afirma el comisario ejidal, el abogado Gabriel Yam–, por lo tanto, los ejidatarios nunca votamos en favor de que ese contrato de usufructo se celebrara. Se trata de un fraude, de un intento de despojo de las tierras que nosotros, por el contrario, queremos preservar para uso forestal y proteger de la depredación. Quiero ser tajante: el ejido Villa Cozumel no reconoce ninguna de estas acciones supuestamente legales, con las cuales pretenden despojarnos de las tierras que nos heredaron nuestros padres.”
Borge habría usado prestanombres
El abogado y comisario compartió que desde 2013 se planteó ante la asamblea a la posibilidad de entablar un contrato de usufructo a favor de dos personas (Jefferson Efraín Marín Flores y Reyes Rodríguez), algo en lo que se estuo de acuerdo, pero jamás se redactaron o aprobaron los contratos.
“Se autorizó la posibilidad de entablar los contratos, pero no los contratos en sí mismos… es decir, una vez que el contrato fuera negociado y redactado, debía ser votado por la asamblea ejidal, antes de firmarse. Y eso nunca ocurrió”, dijo.
Y debido a que este paso es necesario en tierras ejidales, para que se realice el contrato, aunque esté inscrito en el RAN carece de validez, agregó el abogado.
El despojo de Borge está basada en el acta de la asamblea ejidal de 2013, en la que se especifica que la propuesta era presentada por dos personas a las que se identifica como “Jefferson Efraín Marín Flores, Reyes Rodríguez”, así como por “otros”, a los que nunca se nombra explícitamente.
Es al amparo del concepto “otros” que el gobernador Borge usó el acta ejidal de febrero de 2013 como supuesto aval para legitimar el contrato que inscribió ante el RAN.
Pese a la artimaña de Borge y sus prestanombres, el comisario, enfatizó: “los acuerdos ejidales de febrero de 2013 fueron una autorización previa y genérica para explorar la posibilidad de entablar un contrato, que beneficiara a los ejidatarios. Ese contrato nunca se negoció ni se votó, ni en favor de las personas que se mencionan en el acta, ni en favor de Roberto Borge. Y si existe en algún lugar un documento de esas características, es totalmente inconstitucional, porque las tierras ejidales son reconocidas por la ley como medio de sustento económico de los ejidatarios, y no pueden ser entregadas gratuitamente a nadie”.
Este contrato no es el único que se suscribió, pero es el único inscrito en el RAN, pero parece que el contrato de 50 es el que fue aceptado e inscrito por el Registro; la funcionaria que dio fe del asunto es Reyna Isabel Sosa Castillo, como señala el documento en su carátula.
Vía Animal Político.