El gobernador electo de Nuevo León, cancelará el proyecto del Acueducto Monterrey VI: Principal negocio del sexenio de Enrique Peña, un proyecto en beneficio y pago a su empresa contratista Grupo Higa e ICA y el principio a la privatización del agua en Monterrey
Regeneración, 8 de julio del 2015.-El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, anunció que pidió al actual mandatario regiomontano, el priísta Rodrigo Medina de la Cruz (investigado por el gobierno de los Estados Unidos por operaciones ilícitas en el extranjero) suspender la construcción del acueducto Monterrey VI.
Los antecedentes:
El 21 de enero de 2008, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que permite la extracción de las corrientes del río Pánuco para abastecer de agua 16 municipios de la zona conurbada de Monterrey, durante el gobierno del priísta José Natividad González Parás.
En 2012 como candidato presidencial, Enrique Peña Nieto incluyó entre sus promesa de campaña (sin vislumbrar el fracaso priísta en la entidad y la debilidad de su gobierno), firmadas ante el notario público 129 de Nuevo León, Manuel García, reforzar los cuerpos policíacos, construir las líneas 3 y 4 del Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo Metro y lograr una de las máximas obras para la región y el gran negocio para su proyecto empresarial, la construcción del acueducto Monterrey VI, al que ofreció que el gobierno federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada la obra.
El 13 de marzo de 2014, el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz gestionó la publicación en el DOF de la convocatoria para licitar el proyecto hídrico. Al concurso de licitación se inscribieron 28 empresas. Al final del concurso, sólo dos consorcios presentaron su propuesta, y el 8 de septiembre de 2014, el Servicios Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) emitió el fallo que permitiría al grupo de empresas representadas por Grupo Higa construir la obra.
Grupo Higa propiedad del contratista favorito de Enrique Peña, Juan Armando Hinojosa Cantú, vinculado con el hoy presidente de la república, desde su etapa como gobernador del Estado de México, cuando edificó obras millonarias y alquiló aeronaves al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus.
La relación se hizo pública y vergonzosa cuando se dio a conocer que el escándalo de la “Casa Blanca”, un inmueble localizado en Lomas de Chapultepec, registrado a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial de Grupo Higa con valor de 7 millones de dólares. Domicilio que adquirió la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, y que está pagando “a plazos”. A este inmueble se suma la utilización de Peña de otra casa propiedad de Hinojosa Cantú que operó como su oficina durante la campaña presidencial y el periodo de transición. Además de la venta de la casa del secretario de hacienda Luis Videgaray, el delfín de Peña Nieto.
Las revelaciones de los negocios fraudulentos de Peña con Armando Hinojosa propiciaron la cancelación de proyectos como el de la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro (6 noviembre 2014), que tendría una inversión de 50,820 millones de pesos y que fue suspendida por el propio presidente tras las evidencias de favoritismo y conflicto de interés con el empresario Hinojosa Cantú.
La Cámara de Diputados acordó formar una comisión para investigar el contrato del tren bala de 3,700 millones de dólares que fue cancelado días después de que fue otorgado a un consorcio encabezado por una firma china y que incluía a Constructora Teya SA, una filial de Grupo Higa. Varios legisladores solicitaron a la contraloría la investigación de todos los contratos que obtuvieron las empresas de Hinojosa a partir de 2010, ya que dichos acuerdos entre el Ejecutivo e Hinojosa generaron dudas sobre su legalidad, en un momento que la apertura del sector energético, podía ponerse en riesgo, a la fecha la investigación (de existir) no ha dado algún resultado.
El diario Wall Street Journal, informó que Hinojosa Cantú, también ha sido beneficiado con un contrato por 460 millones de dólares para un nuevo museo en la ciudad de Puebla, en el gobierno de otro “amigo” de Peña: Rafael Moreno Valle, además de varios contratos más que incluían autopistas, un plan sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y acuerdos para trasladar funcionarios del gobierno federal en aviones privados.
A dos años de su promesa, Peña Nieto, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en colaboración con el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Rodrigo Medina, dio el fallo para la licitación de la obra por la que se pagarían 47,000 millones de pesos durante los próximos 27 años.
El consorcio ganador fue integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico (Grupo Higa), Controladora de Operaciones de Infraestructura (propiedad de Ingenieros Civiles Asociados <Grupo ICA> de Bernardo Quintana), Desarrollos Rogar, Recsa Concesiones (Regiomontana de Construcción y Servicios) y, Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo.
Juan Armando Hinojosa, a través de su Grupo Higa, entró de lleno a un nuevo conflicto de intereses, con un proyecto hidráulico del que se acusó su finalidad era la práctica del fracking para la extracción del gas shale en la región. Por lo que el agua que transporten los ductos del proyecto Monterrey VI no sería para el consumo humano, sino para la explotación del gas shale, un proceso que requiere de la inyección a presión de grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas denominadas lutitas.
El método de explotación conocido como fracking ha sido cuestionado por académicos a nivel mundial, pues causa daños severos al entorno ambiental. El empleo de esta técnica en municipios como Los Ramones, ha provocado movimientos sísmicos sin precedentes en la zona metropolitana de Nuevo León, ubicada a unos 70 kilómetros de distancia del punto de perforación.
La Dirección de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que una vez entregada la obra, la paraestatal pagará mensualmente 124 millones 99,167 pesos a una tasa fija de 6.25 por ciento
En respuesta, diversos sectores de la sociedad civil neoleonesa denunciaron «favoritismo y corrupción» y organismos sociales solicitaron al gobierno estatal realizar una mesa de diálogo para que se informara sobre los detalles jurídicos y económicos del proyecto. Los ciudadanos afirman que la sobredemanda del líquido no tiene un objetivo potable, sino que estaría dirigido a la fractura hidráulica del material rocoso en la región.
Legisladores de oposición, activistas y medios locales, exigieron al gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz cancelar el proyecto Acueducto Monterrey VI por considerarlo innecesario y ostentoso. Pues según los datos recabados por las organizaciones, podría llegar a costar 57 mil millones de pesos, aun cuando hace en su origen se anunció que la obra costaría 14 mil millones de pesos. Lo que representaría un sobrecosto de 43 mil millones de pesos, y sólo beneficiaría al grupo de empresarios de la construcción, sobre todo a Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza de Grupo Higa, el contratista favorito del presidente Enrique Peña Nieto y ahora protegido de Medina de la Cruz, en lo que medios neoleoneses denominaron en la entidad como “el robo del siglo”.
El proyecto consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro, con origen en San Luis Potosí, que atraviesa territorios de Veracruz y Tamaulipas y llega al municipio de Linares, Nuevo León, para extraer agua del Río Pánuco y que se interconectará con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey, a fin de conducir el agua hasta la planta Potabilizadora San Roque y distribuirla a la zona conurbada regiomontana a través de los dos anillos de transferencia ya existentes. En el mega desarrollo hídrico, el “constructor favorito del sexenio” también recibió la protección de Los Pinos. Ante los reclamos ciudadanos la administración de Medina guardó silencio y ha ocultado los detalles sobre su financiamiento, pese a la insistencia de organismos civiles y diputados de oposición de que el proyecto se transparente.
Hasta ahora se desconoce de dónde saldría el dinero para pagar a los constructores del proyecto (aunque sería dinero público) que según se anunció, arrancaría a finales de este año y concluiría en 2017, y que pareciera ser la compensación de Peña Nieto, a los hermanos Hinojosa por la suspensión del millonario plan ferroviario, dándoles una mayor participación con el acueducto que, a decir de sus promotores, sería el mayor de su tipo en América Latina. La suma total del costo de la obra del Acueducto, contrasta con el costo de otras obras en Nuevo León, como la Línea 3 del Metro de Monterrey, en la que se invierten 5,692 millones de pesos.
Todo el pastel para Higa.- La empresa de Hinojosa Cantú, obtendría el 52.75% de las ganancias del proyecto, porcentaje que se desprende de los ingresos que generaría la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad del Grupo, por un 37.5% del costo de la obra, y de las ganancias de Desarrollos y Construcciones Rogar, por un 15.25% de la inversión. El propietario de Desarrollos y Construcciones Rogar, Jesús Rogelio García Arzabala, aparece también como representante legal de la compañía de Higa que participó en el proceso. En conjunto el fraude de ambas compañías, alcanzaría un monto de 24,792 millones de pesos, 52.75% del costo total de la obra.
Los activistas locales impugnan el proyecto, afirmando que carece de sustentabilidad y es innecesario. Pues en Nuevo León hay suficiente agua para atender las necesidades de la población, por lo que resultará un dispendio traerla de tan lejos.
La inviabilidad financiera del proyecto se remarca con la revelación de que las arcas estatales no podría soportar una carga financiera de las dimensiones de la obra, cuando está comprobado en números que la deuda estatal alcanzó niveles insostenibles durante la administración de Medina.
Ante la publicación del más reciente escándalo de corrupción de la administración Peña, su socio Grupo Higa continúa en silencio y en su lugar ha enviado a ICA, como la cara visible para defender el proyecto y ejercer presión sobre los inversores regiomontanos.
La constructora anunció ayer (060715) que prevé reunirse con “El Bronco” para que conozca las ventajas del proyecto; ante la promesa del gobernador electo de cancelar la obra.
«La idea nuestra es que se haga el proyecto. No es cierto que sea un proyecto caro. Las tarifas que se cobrarían serían muy competitivas con otros acueductos que existen en México y el mundo. Y la cantidad de agua es muy significativa, yo creo que aumenta la capacidad de Monterrey en 50%, es muy importante»: Bernardo Quintana (ICA).
En respuesta a las declaraciones del gobernador electo, de suspender el proyecto, el presidente del Consejo de Administración de la constructora ICA, Bernardo Quintana, adelantó que cualquier intento de cancelar o postergar la construcción del acueducto desencadenaría una respuesta legal.
«El proyecto se licitó, se hizo la asignación y se firmó el contrato. Desde el punto de vista formal, el contrato existe, (y) si se desea tomar algunas medidas para repensarlo o retrasarlo, tendrá algunas repercusiones en la parte legal que se tendrán que estudiar como consorcio«, dijo.
El empresario adelantó que en el contrato del proyecto existen cláusulas de compensación en caso de cancelación del mismo e insistió en la importancia y necesidad de este acueducto, que llevaría agua a la tercera ciudad más poblada del país desde Tamaulipas y Veracruz.
«El objetivo y la idea nuestra es que ojalá se haga el proyecto», reiteró Quintana.
El Acueducto Monterrey VI es un proyecto de 1,150 millones de dólares que encabeza la constructora ICA, una compañía que depende de clientes del sector público para alrededor del 80% de sus contratos pendientes. Quintana dijo en abril que el acueducto de 370 kilómetros (230 millas) era el segundo proyecto de su lista al 31 de diciembre.
El directivo destacó que el contrato es producto de una licitación internacional en que conformaron un consorcio luego de que varias empresas mostraron interés en participar con ellos y descartó que ICA tenga algún conflicto de interés, pese a que el consorcio está integrado también por Grupo Higa, empresa que ha estado envuelta en escándalos por la construcción de una residencia para la esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
Las declaraciones fueron vertidas, en el mismo evento, en que Luis Videgaray, secretario de Hacienda, aseguró que se está revisando el Programa Nacional de Infraestructura para que algunos proyectos que serían financiados con recursos del gobierno, ahora reciban una mayor participación de privados.
Quintana previó que 2015 será un año de crecimiento y reducción de deuda para ICA, mediante la monetización de activos una vez que estén maduros. Y señaló que a nivel estatal, aún tienen cuentas por cobrar con el Gobierno del Distrito Federal, relacionados con la Línea 12, en la cual planean participar en su ampliación.
El presidente de ICA, pidió “mejorar el estado de derecho”, con instancias independientes, donde se puedan dirimir conflictos y con ello exista la confianza de que se implementará la justicia, para dar confianza a los inversionistas.
Ante ello, Jaime Rodríguez “El Bronco” dijo esperar que no continúen los planes para construir la obra. “Yo sugeriré públicamente que se detenga. Es decir, yo creo que los empresarios que ganaron este concurso no deben de arriesgarse a ir más allá. Si a mí me pidiera mi opinión el gobernador yo diría detenerlo, pero no la ha pedido”, indicó.
«El Bronco» señaló que su equipo de transición analizará la viabilidad técnica y financiera del proyecto, pero por lo pronto lo conveniente es que se detenga.
Desde que el gobierno estatal anunció la obra en octubre de 2012 hasta este mes, 55 organismos nacionales y estatales han formado un frente opositor a la construcción, la cual califican de costosa e innecesaria.
El rechazo a la obra aumentó con el arranque de las campañas rumbo a la elección de gobernador del 7 de junio. Los candidatos opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que aun gobierna el estado, se han sumado a la exigencia de frenar la construcción.
Entre los organismos opositores están: la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Greenpeace México, Agua para Todos, Reforestación Extrema, el Consejo Cívico de Nuevo León, Academia Nacional de Arquitectura y Evolución Mexicana, entre otros.
Pese a los datos públicos, los reclamos ciudadanos, los estudios científicos, técnicos y financieros que demuestran que el estado manipuló cifras técnicas para justificar la obra, el aun gobernador Rodrigo Medina, reiteró que la obra continuará porque la construcción es necesaria para garantizar el abasto de agua en los próximos 50 años.
«El proyecto sigue su marcha. Ya se inició y continuará. Es un proyecto muy necesario. Detenerlo no es opción«: Rodrigo Medina (29 enero 2015). Tal parece que Medina se juega su última carta buscando la protección federal en torno a sus propios escándalos de corrupción.
La viabilidad del proyecto se pone en duda con la presentación del estudio final de The Natural Conservancy (TNC), uno de los documentos más serios en la materia, el cual advierte sobre su inviabilidad debido a sus altos costos económicos e irreparables daños ambientales.
The Natural Conservancy (TNC) no sólo cuestiona el impacto ecológico y la necesidad del proyecto por la demanda de agua. También su viabilidad financiera, al asegurar que las proyecciones financieras muestran que el SADM tendría que recurrir a financiamiento adicional durante los primeros años a partir de que inicie el proyecto porque no generará suficientes fondos para cubrir las obligaciones financieras generadas por la obra.
“Esta situación se presentaría hasta 2023, es decir, durante los seis primeros años de operación del proyecto, incluso a pesar del aumento de 10% en las tarifas de agua”: TNC.
TNC señala que los ajustes tarifarios podrían alcanzar hasta un 20%, el doble de lo proyectado en el evaluación socioeconómica (10%), o lo que implicaría una alta disminución en las inversiones destinadas al mantenimiento del servicio y ampliación de la red de alcantarillado, así como de agua potable. Aunado a ello según Eugenio Clariond Reyes, presidente del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), se podrían sumar nuevos costos si considera que la calidad del agua del Río Pánuco requiere un tratamiento especial, comparado con el que se hace en la actualidad.
“De acuerdo con el análisis que hizo TNC y que presentamos a las autoridades, se demuestra que el proyecto Monterrey VI no es viable ni necesario”: Eugenio Clariond (FAMM).
En tiempo de transición y con la mirada pública expectante, el factor político será determinante en el futuro del proyecto; Jaime Rodríguez “El Bronco”, nuevo gobernador de Nuevo León, afirmó en el (último) debate de 21 de mayo pasado que el gobernador Rodrigo Medina debe cancelar el proyecto y así salvar la “honra”, pues aún está a tiempo de hacerlo.
El precio de una negativa de Los Pinos quizá pueda mostrar el alcance del descontento social, ante un nuevo fraude orquestado hace años, por el terrible empresario y presidente Enrique Peña Nieto.