El 11 de septiembre a las 11:40 de la mañana de la ciudad de México –9:40 de Sonora– fue detenido en Ciudad Obregón Mario Luna Romero, secretario de las autoridades yaquis y vocero de esta tribu durante la lucha. De acuerdo con la versión de sus compañeros, su detención fue realizada por personas vestidas de civil que usaron cuatro vehículos no oficiales para moverse, y no fue hasta después de las 15 horas que lo presentaron al centro de readaptación social de Hermosillo. De acuerdo con Carlos Navarro Sugich, procurador de justicia del estado, al detenido se le acusa de los delitos de secuestro y robo, dos ilícitos que según la autoridad cometió el 8 de junio de 2013 en perjuicio de Francisco Delgado Romo, en el contexto del cierre de la carretera México-Nogales en protesta porque la autoridad se negaba a cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocía que si el Acueducto Independencia violaba sus derechos, debía ser cancelado.
Existen muchos elementos para pensar que el representante de la tribu yaqui no fue detenido porque cometiera algún delito, sino por ser enlace de su pueblo con otros movimientos que se solidarizan con su lucha en defensa de su territorio y el agua que 1940 les tituló el presidente Lázaro Cárdenas, de la cual el gobierno del estado busca despojarlos para entregarla a los empresarios de la capital del estado. Esa es la percepción de más de 75 organizaciones de 20 estados de la República mexicana, quienes de inmediato señalaron que las acusaciones a Mario Luna Romero son parte de una estrategia de criminalización contra la lucha de la tribu yaqui, ya que esto ocurre en el marco de la defensa de su agua, ante la construcción y operación del Acueducto Independencia
. Como consecuencia de ello demandaron al gobierno del estado lo pusiera en libertad inmediata, detuviera la escalada represiva contra los representantes de la tribu yaqui y abriera caminos de diálogo para buscar salidas al conflicto.
El momento de la detención también causa suspicacia. ¿Por qué se le detuvo justo cuando el gobierno estatal enfrenta el problema de la contaminación del río Bacanuchi, una de las más graves por la actividad minera? ¿Por qué ahora que se señala a su antecesor de tener responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, donde fallecieron 49 niños y niñas y 76 resultaron con lesiones permanentes? ¿Por qué ahora que el mismo gobernador es señalado de apropiarse indebidamente del agua para beneficio personal, mientras muchos sonorenses carecen de ella? ¿Será que quieren crear un distractor para desviar la atención ciudadana de los problemas anteriores? ¿Será que lo quieren como moneda de cambio para acallar otras voces? Es muy pronto para responder. Lo que sí se puede decir es que con esta acción el gobierno echa más leña al campo sonorense, ya de por sí caliente, pues conociendo a los yaquis es seguro que no se van a quedar callados y van a movilizarse hasta alcanzar la libertad de su representante.
Vista desde otra óptica, la detención es un error histórico. Si bien el detenido ostenta el cargo de secretario de las autoridades de la tribu, no es un subordinado menor de ellos, como pudiera pensarse desde fuera: entre los yaquis el secretario es una especie de representante de los pueblos con el resto de la sociedad y al detenerlo a él todos se sienten agraviados. Es una situación que debieron aprender de las históricas guerras del yaqui, muchas de las cuales fueron provocadas por las ofensas que los yoris, como ellos nombran a los blancos, hicieron a sus autoridades. Una actitud política sensata sería atender las propuestas de las organizaciones que piden la libertad del detenido, cesar la criminalización de la lucha, reconocer la justeza de la lucha de los yaquis y buscarles solución. Le vendría bien al mismo gobierno. Lo otro es seguir echando leña al juego.