La igualdad de género y los derechos sexuales son un tema sustantivo de la constitución que estamos construyendo en la casona de Xicoténcatl, pero hay que empezar por la propia casa, ya basta que las constituciones sean letra muerta a la hora de ejercer los derechos. En la Comisión sobre la Carta de Derechos Humanos, de la cual formo parte, el ambiente se está calentando. Desde Morena impulsamos una agenda para ir hasta adelante respecto de estos y muchos otros temas. Por mi trayectoria, me interesa influir en que el texto reconozca claramente el derecho a una maternidad segura y voluntaria, que se fortalezca el sistema público de cuidados y el derecho al espacio público con perspectiva de género, ampliar el reconocimiento a las nuevas formas de identidad sexual y que no haya marcha para atrás en el tema del matrimonio igualitario.
El proyecto presentado por el jefe de Gobierno está del lado de la igualdad sustantiva y de los derechos sexuales y reproductivos, pero hay que llevarlo hasta las fronteras que exige el siglo XXI, por eso hay múltiples de nuestra fracción parlamentaria, algunas iniciativas de Movimiento Ciudadano que empujan hacia adelante, PRD, Panal e integrantes del grupo constitucionalista están suscribiendo la agenda progresista y aportando insumos, en especial Marcela Lagarde, la ex magistrada Olga Sánchez Cordero y la dirigente social Clara Jusidman. Pero las derechas están activísimas en esta comisión, supongo que el triunfo de Trump les alienta muchísimo, un presidente del país del norte que coincide con sus ideas y acciones impulsadas en México: el interés por despreciar a los que no sean güeritos, de perseguir y encarcelar a las inmigrantes y a las mujeres que abortan, aunque hayan sido violadas y eso de fomentar el odio para quienes no sean heterosexuales acá también se les da bien.
A la comisión llegan echando montón diputadas del PRI, del PAN del Partido Encuentro Social (PES), la mayoría mujeres. A nadie sorprende que Cecilia Romero, experimentada política del PAN con quien mantengo una relación respetuosa desde hace muchos años sobre todo porque sabemos con claridad que tenemos ideas opuestas de mundoquiera tutelar el derecho a la vida desde el momento de la fecundación en el primer momento en que se hable de derechos humanos; con ese concepto coincide Aída Arregui Guerrero del PES, ministra de culto evangélico que inconstitucionalmente ocupa una diputación en un Estado laico, pero también defiende esa posición María de la Paz Quiñones, del PRI. Esperemos que esta no será la posición de todo el PRI, porque como sabemos con defender la vida desde la fecundación
lo único que buscan es quitar el derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria, sino que también abonarían al gran desprestigio que tiene su partido en la ciudad más informada y progresista del país. María de la Paz Quiñones también coincide con el PES en una iniciativa por eliminar la igualdad sustantiva
del texto, que como sabemos, es un término que apunta a garantizar igualdad de resultados o de facto entre mujeres y hombres. También ambos proponen, en coincidencia con otra iniciativa de Santiago Creel: eliminar eso de que se prohíba la discriminación que tenga por objeto la exclusión o menoscabo de los derechos de personas que no estaban incluidas en la Constitución federal, piden que se tache: discriminación por apariencia física, color de piel, características genéticas, sexuales o embarazo, condición jurídica, social o migratoria, profesión oficio o falta de empleo, opinión, identidad o filiación política, sexo, identidad de género o expresión de género, orientación sexual, iniciativas muy consistentes con sus demás posiciones.
En el mismo sentido parece ir la propuesta de Ernesto Cordero, del PAN, conocido como el 6 mil
, no olvidamos que cuando fue secretario de Hacienda en el sexenio pasado quiso aleccionar a las familias mexicanas en cómo aprovechar 6 mil pesos de ingreso para que alcance para un vocho, casa y las escuelas particulares de los hijos. A él le interesa que se elimine eso de que las leyes locales sean parte de los derechos de los ciudadanos
, no vaya a ser que la interrupción legal del embarazo o el matrimonio igualitario pasaran a ser derechos. Junto con Santiago Creel, Cordero están proponiendo que la constitución local señale que los derechos humanos se limiten “conforme a los elementos institucionales de disponibilidad y accesibilidad…”, con lo cual las cosas no cambiarán, ya que los rubros acotados a los derechos se reducen cada vez más, hay otras prioridades: campañas partidistas, sostener altísimos sueldos, gastos de viajes y restaurantes de la clase gobernante, edificar un edificio más elegante a quienes tendrían que ser árbitros del proceso electoral, contar con choferes, autos elegantes, aviones y helicópteros de funcionarios, etcétera.
Simpatizar con Trump es estratégico para la clase política mexicana, tal vez por eso intentan quitar el derecho al aborto y echaron para atrás la iniciativa para constitucionalizar el matrimonio igualitario. El Papa también va a ganar simpatía del poderoso presidente de la más fuerte economía del mundo, he aquí dos hombres que ofenden y perdonan a las mujeres siempre y cuando se sometan. Esta semana Jorge Mario Bergoglio ofreció magnánimamente perdonar a las mujeres: “…de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto(…) quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente”. Como con nuestras edecanes de la Asamblea Constituyente, con estos temas las y los políticos de la derecha, lejos de respetar los derechos humanos los violentan y se hacen cómplices. La agenda progresista de la Constitución de la Ciudad de México coloca a las derechas en un predicamento ¿Cómo quedar bien con los gringos y con el Papa, y al mismo tiempo ganar votos de los chilangos y chilangas?
Artículo publicado en La Jornada