La indolencia y el silencio del gobierno federal frente a este crimen que ha vuelto a conmocionar a la opinión pública nacional.
Por Jenaro Villamil
Regeneración 06 de enero del 2016.- Si el homicidio de la alcaldesa Gisela Raquel Mota hubiera ocurrido en una población francesa o norteamericana y no en Temixco, Morelos, seguramente el primer mandatario Enrique Peña Nieto habría reaccionado de manera mucho más rápida.
La indolencia y el silencio del gobierno federal frente a este crimen –que ha vuelto a conmocionar a la opinión pública nacional desde el 2 de enero de 2016– y la disputa mediática entre el recién estrenado alcalde de Cuernavaca el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y el gobernador Graco Ramírez sobre el tema del “mando único” policial en Morelos son una demostración de la pésima decisión oficial de ignorar los temas más conflictivos de la actual crisis de seguridad pública y de respeto a los derechos humanos que vivimos en el país.
Ante las principales tragedias nacionales, Peña Nieto ha tardado en reaccionar entre 10 y 12 días. Y cuando lo hace, es para minimizar el impacto real de los hechos o para emitir sus “decálogos” que acaban por guardar el sueño de los justos en las oficinas burocráticas o quedar congelados en las comisiones dictaminadoras del Congreso.
Su último “decálogo” sobre seguridad pública ha quedado ampliamente rebasado por la caída de la “verdad histórica” en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y ahora por el crimen contra la alcaldesa de Temixco, a unas cuantas horas de haber protestado como alcalde en uno de los municipios disputados por los mismos cárteles que presuntamente están detrás del caso de los normalistas de Ayotzinapa.
El homicidio de Gisela Raquel Mota debiera convertirse en una emergencia nacional por el hecho de ser el crimen número 41 contra un alcalde en los tres años de gobierno peñista, de acuerdo con los datos de la Asociación de Autoridades Locales de México AC (AALMAC), pero también porque representa un desafío abierto contra cualquier intento de combatir la penetración de las bandas criminales en los cuerpos policiacos.
Durante los tres años que lleva la administración, el gobierno peñista ni siquiera se ha planteado la necesidad de contar con protocolos específicos de protección a las autoridades municipales, incluyendo a los integrantes de los cabildos y a las administrativas.
El crimen también ocurre en una zona marcada por los altos índices de feminicidios. Después del Estado de México, Morelos es la segunda entidad con mayor número de crímenes impunes contra mujeres: se han registrado más de 630 entre 2010 y 2015.
El silencio de Peña Nieto constituye también una falta absoluta de interés por la rendición de cuentas. Ocurre justo cuando una polémica editorial del periódico The New York Times ha acusado al gobierno peñista de haber “encubierto feas verdades y minimizado escándalos”.
La nota del rotativo norteamericano no se refirió al caso de Temixco, pero sí a otros muy parecidos y vinculados con el ascenso del crimen, la vinculación de las fuerzas policiacas y militares con el narcopoder y el fracaso de la política de seguridad pública y combate al narcotráfico.
Un elemental recordatorio de las autoridades municipales asesinadas en los últimos cuatro años debiera, al menos, generar una reacción del gobierno federal frente a esta crisis que no es exclusiva de Morelos sino de todo el país.
La mayoría de los alcaldes han sido asesinados por el crimen organizado, especialmente en los últimos tres años. Los casos más representativos son los siguientes:
–Marisol Mora Cuevas, alcaldesa de Tlacojalpan, Veracruz. 28 de junio de 2012, en una carretera federal en Oaxaca.
–María Santos Gorrostieta Salazar, alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán. Noviembre de 2012, con huellas de tortura. La perredista y su esposo ya habían sido víctimas de un atentado en octubre de 2009 y en enero de 2010.
–Wilfrido Flores Villa, alcalde interino de Nahuatzen, Michoacán, del PRI. Febrero de 2013, en un restaurante de Pátzcuaro.
–Ygnacio López Mendoza, alcalde perredista de Santa Ana Maya, Michoacán. Noviembre de 2013, en un supuesto accidente automovilístico sobre la carretera Acámbaro-Iramuco.
–Feliciano Martínez Bautista, alcalde de San Juan Mixtepec, Oaxaca. Marzo de 2013, emboscado.
–José René Garrido, alcalde priista de San Salvador El Verde, Puebla. Abril de 2013, baleado por unos sujetos que entraron a su domicilio.
–Celestino Félix Vázquez, alcalde priista de San Miguel Tiquialpan, Oaxaca. Junio de 2013, cerca de su casa.
–Gerónimo Manuel García Rosas, alcalde de Aquila, Veracruz. Julio de 2013, asesinado por el comandante de la policía municipal Adán González Vega.
–Gustavo Garibay García, alcalde panista de Tanhuato, Michoacán. Marzo de 2014, en la puerta de su casa.
–Manuel Gómez Torres, alcalde de Ayutla, Jalisco. Agosto de 2014, junto con su escolta a manos de presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
–Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jarécuaro, Guanajuato, del Partido Verde. Junio de 2015.
–Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero. Junio de 2015.
A la larga lista de exalcaldes asesinados se suman los ocurridos en 2015 contra Ambrosio Borbonio Ame, exalcalde de Cuitláhuac, Veracruz, a balazos en mayo; Santos García Machorro, exalcalde de Cuapiaxtla, Puebla, en su domicilio en febrero; y el de Lorenzo Hernández Guerrero, exedil de San Luis Potosí, por un grupo de desconocidos que logró huir el pasado 31 de diciembre.
A pesar de esta numerosa lista de autoridades municipales asesinadas, en México no existen protocolos de protección para alcaldes o integrantes de los cabildos amenazados o agredidos.
Original para Homozapping