Quienes ahora descubren que el voto es insignificante (es decir, que no significa nada) aducen que el sentido de la elección está decidido de antemano, que ésta sólo sirve paralegitimar
al gobierno, y omiten deliberadamente que un voto de castigo es mucho más deslegitimador, preciso y contundente que un ambiguo voto nulo; o afirman que todos los políticos son iguales
y magnifican de esa forma la maniobra de autoexecración diseñada por los comunicadores de la oligarquía para que la ciudadanía se resigne a desocupar el territorio que por derecho le corresponde, deje el campo libre a la dictadura mediático-empresarial y no la obligue a emprender operaciones cada vez más complicadas y costosas de adulteración del mandato popular.
Visto desde la perspectiva del sufragio personal, a los anulistas Totalmente Palacio no les falta razón: un voto aislado casi nunca hace la diferencia. Para alterar la correlación de fuerzas en el mapa político se requiere de la participación social colectiva y organizada, algo que por principio genera desconfianza entre quienes se consideran más personalidades que personas y suelen tener a su disposición tribunas mucho más visibles y vistosas que una humilde y anónima boleta. La soberbia individualista no suele llevarse bien con la organización popular. Sabrá Dios cómo resuelven en su fuero interno la paradoja de esta postura: si el sufragio es mudo, qué caso tiene ir a la urna a ponerle una mordaza, es decir, a anularlo, a asegurarse de que no se exprese en ningún sentido.
Pero otros pensamos que el voto es parlante y que si se organiza en una intencionalidad colectiva bien definida, su voz puede también ser contundente. A cinco días de la elección del 7 de junio, el que esto escribe votará por Morena en todos los casos y tiene claro lo que habrá de decir ese sufragio.
Se expresará, en primer lugar, a favor de la revocación de las reformas neoliberales aprobadas por el Legislativo desde las postrimerías del calderonato hasta mediados del peñato: por la restitución de la propiedad y el dominio nacionales sobre los recursos del subsuelo, las aguas y el espectro radioeléctrico, por la recuperación de la soberanía energética, alimentaria y de seguridad, por la recuperación de los derechos laborales del magisterio, la reinstalación de la certeza en la posesión de las tierras comunales y ejidales y la preservación de la pequeña propiedad; por la eliminación de los actuales programas sociales clientelares y discrecionales y la aprobación de leyes que conviertan en derecho las becas, pensiones y subsidios a todas las madres, a todos los niños y jóvenes, a todos los ancianos, a todos los campesinos; por el fortalecimiento de las libertades individuales y colectivas; por la recuperación del poder adquisitivo del salario; por la construcción de refinerías en territorio nacional y por la denuncia de tratados internacionales que otorgan poderes ilimitados y abusivos a corporaciones extranjeras.
Dirá también que debe cancelarse las jubilaciones millonarias a los ex presidentes y otros altos ex funcionarios, que las percepciones de los actuales (y de los magistrados del Poder Judicial, y de los legisladores federales y estatales) deben reducirse en 50 por ciento; que se debe vender el avión presidencial recientemente adquirido; que el presupuesto del gobierno federal debe ser revisado con lupa y drásticamente restringido; que el Poder Legislativo debe investigar con plena independencia el origen oscuro de las fastuosas propiedades inmobiliarias de Peña Nieto, su esposa y su secretario de Hacienda, y que debe sancionarse en forma ejemplar todas las formas de corrupción, conflicto de interés y enriquecimiento ilícito.
Manifestará la urgencia de esclarecer a fondo y castigar, más allá de simulaciones y fabricaciones, la agresión sufrida por estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado; el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y la muerte de casi 50 niños; la muerte de otros tantos mineros en Pasta de Conchos, Coahuila; la masacre de Villas de Salvárcar, Chihuahua, y los feminicidios perpetrados en tantas entidades; las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Guerrero, y las dudosas muertes causadas por la Policía Federal en Apatzingán y Tanhuato (o Ecuandureo), Michoacán.
Censurará el cariz represivo y corrupto que ha ido desarrollando el Gobierno del Distrito Federal y dirá también que otra delegación, otra ciudad, otro país y otro mundo son posibles y necesarios.
Todos esos significados, más otros que no caben aquí, tendrá el signo que pondré en mi boleta. En tanto que gesto individual será, efectivamente, irrelevante e ínfimo. Pero cobrará su pleno sentido y toda su fuerza conforme se vaya encontrando con otros similares en la urna y en los conteos distritales, y en la medida en que los ciudadanos seamos capaces de cuidar que no los desaparezcan ni los hagan de lado, se acrecentarán su elocuencia, su claridad y su poderío.
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