Los organismos empresariales critican la gestión del presidente de México y le exigen más privilegios fiscales y reprimir las protestas sociales que afectan sus intereses. Hace unas semanas, el fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Servtije, condicionó el apoyo de los empresarios del CCE a cambio de “facilidades”, pese a que cada año evaden el pago de miles de millones de pesos en impuestos. Empresarios se sienten dueños del país, quieren dar órdenes al Ejército de reprimir
Regeneración, 27 de febrero de 2015. La comunidad empresarial mexicana presiona al presidente Peña Nieto. Los más poderosos empresarios critican la gestión del mandatario, le exigen «garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio [mexicano]».
El descontento entre las grandes empresas mexicanas hacia el gobierno ha ido en aumento, tanto por el incremento de los impuestos como por los escándalos relacionados con los favoritismos políticos existentes en la entrega de contratos y obras. Además, numerosos empresarios se quejan de la inseguridad en las carreteras del país controladas por los carteles de las drogas.
Las críticas han alcanzado además a algunas de las personas más cercanas al presidente, incluida su esposa y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray que se han visto implicados en varios escándalos de corrupción. El propio Peña Nieto ha sido objeto de duras y abundantes críticas por su actuación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Peña Nieto de reformar la economía abriendo el sector petrolero, eléctrico y de telecomunicaciones para favorecer al capital privado –sobre todo extranjero–, la economía mexicana sigue sufriendo problemas que se están viendo agudizados por los bajos precios del petróleo.
En un desplegado publicado en los medios nacionales y rescatado por la agencia Associated Press, los empresarios llaman a las “autoridades”, incluido el propio Peña, a que “honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
Esto en clara referencia al incremento en las movilizaciones sociales tras el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 27 de septiembre de 2014; la sociedad civil se ha volcado en las calles para exigir no sólo la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, sino la renuncia del actual ocupante de Los Pinos como paso necesario para obtener justicia por ese crimen de “Estado”.
Desde entonces, organismos de la iniciativa privada como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) o la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), han demandado a Peña Nieto poner orden y reprimir las movilizaciones, pues según los empresarios, están causándoles grandes pérdidas económicas sobre todo en el sur del país, por el cierre de calles y avenidas.
Entre las demandas de los organismos empresariales está la aplicación de apoyos, “descuentos” y otros privilegios en materia fiscal, con el pretexto de las “pérdidas” que les han ocasionado las marchas por Ayotzinapa. El pasado 27 de enero, el fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Servtije, condicionó el apoyo de los empresarios del CCE a cambio de “facilidades” para ellos, pese a que año con año, grandes empresas como la suya, evaden cantidades millonarias de impuestos.
Según AP, la aparición de ese desplegado tiene dos lecturas. Primero, muestra la “erosión del respaldo a Peña Nieto” por parte de la cúpula empresarial que lo impuso. Segundo, los empresarios le están exigiendo más privilegios fiscales y reprimir las protestas sociales.
El desplegado que apareció en diarios nacionales fue firmado por 20 asociaciones empresariales y centros de análisis del sector privado, quienes criticaron públicamente al gobierno por no hacer su trabajo.
En el anuncio pagado le exigieron al gobierno «garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio». Y concluía con una demanda a las autoridades, incluido el propio presidente Enrique Peña Nieto: «honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución».
Líderes empresariales han tenido un enojo creciente hacia el gobierno tanto por el incremento de los impuestos, sin que eso se tradujera en mejoras de la economía, escándalos que apuntan a posibles favoritismos políticos, y actos ilegales que dañan el comercio y los negocios en general.
La semana pasada, Coca-Cola suspendió sus operaciones en Chilpancingo, la capital del estado sureño de Guerrero, debido a ataques y la retención de algunos de sus empleados. Ahí y en otros estados, empresarios se quejan de que pierden mercancías por secuestros en carreteras.
México ha visto como en algunas zonas manifestantes han tomado el control de casetas de peaje, saqueado oficinas gubernamentales, bloqueado el paso de cargamentos y el cierre de aeropuertos. Además, carteles de las drogas controlan algunas áreas, donde extorsionan a propietarios de negocios, compran autoridades y afectan industrias importantes como la agricultura y el turismo.
Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, reconoció que «no es común» que los empresarios publiquen ese tipo de desplegados críticos.
«Lo que refleja en buena parte es un cansancio, el agotamiento de mucha búsquedas de solución a nivel regional, de muchas promesas a nivel regional y federal de que se van a resolver (las cosas) y no se resuelven», dijo Foncerrada a The Associated Press. El centro que dirige es el principal órgano asesor económico del Consejo Coordinador Empresarial, uno de las mayores organizaciones empresariales de México.
Dijo que el impacto del crimen y la impunidad de actos ilegales se han convertido en algo «absolutamente intolerable». Empresarios han promovido en los últimos días también actuar bajo códigos de ética a raíz de recientes casos de posible corrupción y posibles conflictos de interés.
«Tanto que me gustaba la casa blanca en Las Lomas y ahora le tengo que dejar por estos pe…riodistas…»
Los señalamientos han alcanzado a algunas de las personas más cercanas al presidente Peña Nieto, incluida su esposa y su secretario de Hacienda. Investigaciones periodísticas revelaron que ambos compraron inmuebles lujosos, entre ellos una mansión millonaria de la primera dama conocida públicamente como la «Casa Blanca» y que provino de un contratista gubernamental que fue parte de un consorcio ganador de una lucrativa licitación para construir el primer tren rápido del país, aunque luego se canceló el proyecto.
Ambos han sostenido que las adquisiciones fueron legales.
Peña Nieto ha enfrentado en los últimos meses varias críticas, entre ellas por el manejo de su gobierno a la desaparición en septiembre de 43 estudiantes de magisterio, que según las autoridades fueron detenidos ilegalmente por policías y entregados a sicarios del narcotráfico que los habrían matado y quemado. El caso subrayó los nexos entre autoridades locales y organizaciones criminales, además de la incapacidad de la administración federal para calmar el enojo social por el crimen.
«Lo que estás escuchando en conversaciones entre gente de negocios, y no más como murmullos… es que el presidente necesita buscar aportes de un círculo más amplio de personas, agarrarse una brújula y tomar en serio iniciativas sobre el estado de derecho y la seguridad», dijo a la AP Antonio Garza, ex embajador de Estados Unidos en México y actual consejero en la capital mexicana de White & Case, una firma legal estadounidense que representa a bancos y empresas.
Sobre las críticas empresariales, la oficina del presidente Peña Nieto señaló a la AP que el gobierno mantiene «una relación abierta con los empresarios» y que también apoya esfuerzos del Congreso para crear un sistema anticorrupción que incluya más controles, además de que el mandatario anunció recientemente acciones ejecutivas que incluyen ordenar a los servidores públicos a presentar a partir de este año una declaración de posibles conflictos de interés.
Señaló que el gobierno también ha lanzado recientemente operativos de fuerzas federales para impedir el bloqueo de carreteas y aeropuertos, «con pleno respeto al derecho a la manifestación».
Desde principios de la década de 1980, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, el sector empresarial de México ha trabajado de manera más o menos cercana con el gobierno en turno.
El anterior presidente del gigante televisivo Televisa, Emilio Azcárraga, incluso dijo en algún momento que él era «un soldado del PRI», en parte porque el gobierno toleraba su actividad casi monopólica. Con la llegada de Peña Nieto con el apoyo de la televisora, ahora se dice que Peña Nieto es un soldado del PRI.
Las críticas de la comunidad empresarial suelen ser silenciosas. Empresarios saben que confrontar públicamente al partido en el poder conlleva grandes riesgos, debido a que oficinas gubernamentales tienen mucho poder a través de contratos, permisos y concesiones que a ese sector les interesa.
La iniciativa privada ayudó a que el PRI volviera al poder en 2012 de la mano de Peña Nieto, luego de dos gobiernos del conservador Partido Acción Nacional. Los empresarios elogiaron las reformas económicas que el nuevo presidente promovió y que fueron desde abrir por primera vez en más de siete décadas el sector petrolero y eléctrico al capital privado, romper los monopolios en telecomunicaciones y debilitar el poder del sindicato de maestros.
Pero el descontento comenzó cuando el gobierno de Peña Nieto aprobó una reforma fiscal, entre otras cosas porque no generalizó el impuesto al valor agregado a productos como alimentos y medicinas, como algunos esperaban y sí aumentó los gravámenes a los ingresos, lo cual para el sector privado afecta la inversión.
Además, «no hay transparencia en la manera en que el dinero se gasta», dijo Dwight Dyer, analista de Control Risk, una consultoría internacional.
Y a la par de todo, la economía mexicana no ha tenido un comportamiento brillante.
El producto interno bruto creció 2,1% en 2014 y 1,1% en 2013. Y la economía podría sufrir en 2015 si se mantienen bajos los precios internacionales del petróleo, debido a que una tercera parte del presupuesto público proviene de la exportación de crudo. El valor del petróleo mexicano de exportación llegó a superar los 100 dólares por barril en 2014 y ahora se cotiza en niveles cercados a los 50 dólares.