Activistas pidieron se garantice medidas de seguridad para defensoras humanitarias del estado de Chihuahua, entre ellas Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
Regeneración, 11 de septiembre del 2015. (CIMAC) En una carta abierta, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que son las propias autoridades quienes a través de campañas de difamación se han referido a Castro Rodríguez como “defensora de asesinos”, como lo afirmó Raymundo Romero Maldonado, quien fuera secretario de Gobierno de la norteña entidad.
Ante ello, las activistas pidieron a la Segob que implemente de manera cabal e inmediata las medidas provisionales de seguridad ordenadas en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a favor de la defensora.
Y es que el pasado 23 de junio el organismo hemisférico reiteró la obligación del Estado mexicano al respecto. Dicha resolución, aseguró la Red, evidencia la prevalencia del riesgo en el que la defensora realiza su labor, y que las medidas implementadas por el Estado mexicano no han garantizado la continuidad de la labor de la activista en condiciones de seguridad.
Tanto el Cedehm como la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) allegaron información a la CoIDH manifestando que la evaluación de riesgo que hicieron las autoridades mexicanas “contó con una serie de deficiencias y omisiones y no reflejó el riesgo de la beneficiaria”.
Asimismo, la Red denunció que el Estado omitió reconocer y dimensionar el contexto de violencia, el incremento de desapariciones forzadas e involuntarias; y el riesgo que significa acompañar a las víctimas, la mayoría mujeres desaparecidas o asesinadas, en una entidad caracterizada por altos niveles de impunidad y la presencia del crimen organizado.
Por otra parte, la defensora Emilia González, integrante de Cosyddhac, también cuenta con medidas provisionales de la CoIDH desde 2012, sin que éstas sean implementadas a cabalidad.
En la misma situación están las defensoras Estela Ángeles Mondragón, de Bowerasa; Patricia Galarza, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Isela González, de Alianza Sierra Madre; así como otras y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, El Barzón y del Cedehm.
Además reiteraron que el riesgo es latente, toda vez que de 2010 a la fecha se ha documentado el asesinato de las activistas Josefina Reyes, asesinada en enero de 2010; Marisela Escobedo, ultimada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y quien pedía justicia para su hija asesinada; y Manuelita Solís, defensora del medio ambiente víctima de homicidio junto con su esposo Ismael Solorio, el 22 de octubre de 2012.
La Red dijo que si bien las autoridades se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para la implementación de las medidas de protección ordenadas por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación de riesgo permanece, ya que continúa un contexto de falta de condiciones que garanticen el derecho a defender las garantías humanitarias en Chihuahua.