Gracias a su política migratoria, nuestro país se ha vuelto “un infierno”, denuncia La 72.
Regeneración, 23 de junio del 2015. (Sididh) A la sistemática violación a sus derechos humanos y a las historias de horror y violencia con las que cargan las personas migrantes, ya estando en México se les añade que los procesos migratorios y de solicitantes de refugio atraviesan por una estrategia “mañosamente diseñada para rechazar a la mayoría”, denunció el Albergue La 72.
A propósito del Día Internacional del Refugiado, y en un comunicado fechado el 20 de junio, La 72 explicó que las personas que cruzan la frontera México-Guatemala tienen un denominador común: “ya no solo huyen de la economía de muerte, huyen por una violencia criminal ya institucionalizada en sus países de origen”. Sin embargo, “México, gracias a su política migratoria y de asilo ha dejado de ser un hermano protector y acogedor de las personas solicitantes de refugio. En cambio, tanto para ellos como para las personas migrantes, el país se ha convertido en un infierno en todos los aspectos”, relató.
El albergue resaltó que de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el período entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2014, únicamente el 16% de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados, 247 personas de los mil 525.
En los dos últimos años, La 72 ha recibido “una cantidad enorme de personas que vienen huyendo de la violencia generalizada que afecta a sus países de origen. Desde entonces decidimos iniciar procesos de orientación, acompañamiento y seguimiento a las personas solicitantes de refugio”, informó. De las 11 mil 500 personas que recibieron en sus instalaciones en 2014, acompañaron a más de 200 solicitantes de refugio, lo que representa aproximadamente un 13% del total global de solicitantes. De las 5 mil 500 personas recibidas en lo que va del 2015, el área de derechos humanos y gestión migratoria de La 72 acompañó a más de 140 solicitantes de refugio, incluyendo a algunos grupos vulnerables como: grupos familiares, menores no acompañados, solicitantes de la comunidad LGBTI, adultos mayores y mujeres embarazadas. “Sin embargo, nuestros registros nos indican datos alarmantes: más de 550 personas han llegado a La 72 huyendo de violencia y amenazas en su país, buscando proteger su vida e integridad personal. De las 20 resoluciones emitidas por la COMAR hasta el momento, únicamente 3 han reconocido la condición de refugiado”, pues las autoridades argumentan que “no se comprobó el temor fundado de persecución”, detalló.
El albergue insistió en que los testimonios de las personas migrantes son desgarradores: “jóvenes amenazados con quitarles la vida si no colaboran con las pandillas, o son parte de ellas; mujeres adolescentes que por no querer ser pareja del jefe de pandilla, han tenido que abandonar su vida cotidiana; amas de casa que huye desesperadas a nuestro país porque ya no soportan el flagelo de la extorsión; hombres maduros y ancianos sin ninguna garantía de trabajo, seguridad o esperanza de poder terminar su vida en paz; familias enteras que llegan a La 72 aun con el olor a la muerte tras haber perdido muy recientemente a uno, dos o más miembros de sus núcleos familiares; menores de edad que no han conocido nunca a sus padres; la gran diversidad de la comunidad LGBTI que viene huyendo de la discriminación y la homofobia; mujeres por demás golpeadas, agredidas, ultrajadas y violadas por sus propias parejas”.
Para las y los defensores de migrantes, es necesario sentar las bases para acabar con las causas estructurales que están expulsando a las personas de sus países de origen; además, México debe recuperar su política de protección a los solicitantes de asilo, incluyendo que la COMAR genere las estructuras necesarias para poder abrir una oficina de dicha dependencia en Tenosique, Tabasco, “donde el flujo migratorio se acentúa y el número de solicitantes se ha disparado”. Por otra parte, señalaron, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe vigilar, defender y desencadenar “un respeto estricto a los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio”, además de las responsabilidades de los gobiernos estatales fronterizos en concientizar a los pobladores.
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