En 30 años la Constitución has sufrido 450 reformas, para favorecer intereses de empresas privadas y grupos políticos, denuncian
Regeneración, 28 de febrero del 2018. En el marco de los trabajos de la Mesa “»Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales» de la Clínica Interdisciplinaria del Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla se señaló que «en los Estados de Puebla y Tlaxcala se otorgaron permisos a la industria energética trasnacional para la perforación de más de mil pozos de fracking en la Sierra Norte de Puebla».
En versiones recogidas por el diario Megalópolis, se indica que “los representantes de las organizaciones destacaron que por más de 30 años, padecieron los estragos de la promulgación y aplicación de leyes que en el ámbito federal y estatal, violentan los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectados por los llamados, «proyectos de muerte», como la minería, la construcción de presas, carreteras, proyectos inmobiliarios, turísticos o industriales en territorios indígenas y campesinos”.
Durante estos trabajos “aseguraron que en las últimas tres décadas, la Constitución sufrió más de 450 reformas, con el fin de adecuarlas a los intereses de empresas privadas y algunos grupos políticos, que desconocen los derechos de los pueblos al territorio, a la autodeterminación y a un medio ambiente sano y a la salud”.
“En un comunicado, destacaron que los pueblos también pelean y se organizan contra la instalación de ductos de gas y petróleo en los bosques mesófilos de la Sierra de Pahuatlán, contra el gasoducto Tuxpan-Tula, y en el Sur-Poniente del Estado de Puebla, contra el gasoducto Morelos” se indica.
Tal como hemos dado cuenta en Regeneración, en este evento “rechazaron la nueva oleada de reformas estructurales que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades del país y de los estados de Puebla y Tlaxcala, por medio de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la nueva Ley General de Biodiversidad y el anuncio de la probable aprobación en el Congreso de la Unión, de la nueva Ley General de Aguas”.
Así mismo se indica que los participantes se solidarizaron con todas las luchas en defensa del territorio, el medio ambiente y los bienes comunes que están activas en el país e hicieron un llamado a la unidad contra el despojo y la criminalización de la protesta.