Por Víctor Flores Olea/La Jornada*
Ante la afirmación del Procurador de Justicia de la Nación de dar por “cerrado” el caso de la desaparición los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayontizapa Guerrero, y a la afirmación del propio Presidente de la República a considerar “superado” el caso (“a no quedarnos atrapados” en ese evento), se han levantado las voces de cientos o miles de especialistas y de ciudadanos “de a pie” que consideran una aberración jurídica y política el intento gubernamental de “echarle tierra” al asunto, de olvidarlo y hacer como si no hubiera ocurrido nada grave y a continuar enfrentándonos a otros problemas del país. Ese propósito de “cerrar” el caso, además de su imposibilidad jurídica, revela dramáticamente la impotencia y el alejamiento y desconocimiento patético de las autoridades del sentir y sensibilidad de la nación, incluida la opinión internacional muy difundida, frente a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayontizapa, y coloca a las autoridades en una situación de desprestigio como nunca o muy pocas veces se ha visto en la historia del país.
Como dijo recientemente el semanario británico The Economist, citado en uno de sus estupendos artículos por el historiador Lorenzo Meyer, México tiene “un presidente que no comprende que no comprende” (A president who doesn’t get that he doesn’t get it), observación demoledora, porque además la publicación británica vincula correctamente el escándalo de Iguala con otros hechos absolutamente inaceptables de la conducta presidencial (primero como gobernador del Estado de México y después como Presidente de la República), como su evidente preferencia por otorgar concesiones y negocios a empresarios y empresas amigas, que ha resultado escandalosamente en regalos o facilidades extraordinarias para conseguir mansiones y otras prebendas en favor de familiares o funcionarios cercanos.
En realidad, este conjunto confirmaría la opinión muy difundida entre la ciudadanía de la corrupción galopante en México, que no puede disimularse incluso entre los funcionrios más elevados, y que no se puede ocultar exhibiéndose como uno de los motivos principales del desprestigio del gobierno actual, ya extendido escandalosamente entre la mayoría ciudadana y que, a pesar de la catarata de discursos de autoelogios que se repiten todos los días, parecen no servir sino para echarle más leña a la hoguera. El nivel del manejo político nacional parece estar absolutamente por los suelos.
La primera negativa a aceptar el cierre del caso provino del propio Secretario de Gobernación Osorio Chong quien sostuvo que de ninguna manera estaba “cerrado” el caso de Ayontizapa, y que continuarán las investigaciones para encontrar a todos los culpables. Pero además, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez añadió que “no puede hablarse de que se cierre el expediente” hasta encontrarse la verdad histórica y juridical de los hechos, lo cual dependería en su oportunidad de los juzgadores de la causa, con lo cual coincidió plenamente la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). González Pérez señaló además que “las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”. Por supuesto insistió en que debe aclararse además, con toda precision, cuales han sido los derechos humanos violentados en este asunto.
Con tal enfoque han coincidido plenamente asociaciones internacionales de prestigio como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI).
Ha habido además una casi infinita manifestación coincidente, como decíamos, de especialistas, académicos, comentaristas de la situación política del país e integrantes de la ciudadanía, que se han expresado en los medios sociales y por otros muchos canales, en repudio profundo a esta intención del gobierno de “dar por clausurado el asunto”. En realidad se echa más leña a la hoguera como decíamos antes. A lo cual ha contribuido, diría tal vez como nadie, el Procurador de la República, no solo por lo que dice sino por el “modo” en que lo dice, displicente y despreciativo del sentir nacional.
Bueno, así son las cosas pero hay que decir que el Procurador actual ha contribuido probablemente como nadie al desprestigio y destrucción de una opinión pública que, tal vez en un momento, pudo ser relativamente favorable a Peña Nieto. Su contribución al fracaso del actual gobierno resulta excepcional y queda más allá de lo imaginable en cuanto al manejo de una situación extraordinariamente grave en el país. Pero a cada quien sus preferencias.
Y como si fuera poco, coincidente con estas aberraciones políticas la situación económica ha contribuido también extraordinariamente a demeritar y disminuir patéticamente la “calidad” de la actual administración. No tanto, probablemente, porque se atribuya a tal o cual funcionario específico el debilitamiento extraordinario de las finanzas públicas de México, sino porque la situación objetiva de la disminución espectacular del precio de los hidrocarburos, que naturalmente no se refleja en los bolsillos de los mexicanos individuales (al contrario, el aumento del precio de las gasolinas en los expendios es más oneroso que nunca), pero si afectará de manera muy importante al presupuesto nacional, encabezado por recortes extraordinarios en educación, salud y otros rubros absolutamente prioritarios para la ciudadanía en general.
La primera lección de estos últimos hechos nos lleva otra vez a la conclusión de que no es posible hablar con el triunfalismo con el que se hablaban hace apenas unas cuantas semanas. Los altos funcionrios, comenzando por el Presidente de la República, repitieron incansablemente los beneficios “para todos” que traerían las llamadas “reformas estructurales”, y el mar de dinero que entraría en México sobre todo por motive de la privatización de los hidrocarburos. Pues bien, todo ello parace haber quedado como simple balandronada que ha estallado como una burbuja de aire.
Inclusive proyectos que parecían ambiciosos y relativamente sólidos han sido suspendidos (por segunda vez el tren rápido a Querétaro), y varios indicios dicarían que el proyecto del nuevo aeropuerto al oriente de la ciudad de México, está en entredicho ya que algunos de los principales inversionistas y constructores, como ICA o CARSO, se han retirado del proyecto.
Conclusión: en política no se puede hablar como pitonisa porque la realidad objetiva, con gran frecuencia, hace añicos las ilusiones más acariciadas.
Publicado en La Jornada.
México,Regeneración,2 de febrero del 2015