Por: Jenaro Villamil | Homozzaping
Regeneración, 14 de abril 2014.-Apenas se ventilaron en la prensa las opiniones críticas de la OCDE, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hubo fuertes presiones para que el organismo “tutor” de la reforma en telecomunicaciones matizara o modificara su postura.
Cinco días después, el 9 de abril, la OCDE emitió un comunicado de prensa aclarando que la opinión del 4 de abril era tan sólo “un documento de trabajo, con una circulación restringida”. Sin embargo, no se desdijo de las sugerencias.
En su comunicado, la OCDE afirmó que, en aras de que la opinión pública tenga “un punto de vista integral”, daba a conocer todos aquellos elementos “que no fueron mencionados en nuestra nota original, pero que son fundamentales para poner en su correcta dimensión la trascendencia de telecomunicaciones en México”.
Para el organismo dirigido por José Angel Gurría, ex canciller y ex secretario de Hacienda mexicano, la iniciativa tiene avances importantes en la estructura del IFT, en “la incorporación de un nuevo capítulo sobre los recursos de numeración, denominación y direccionamiento”, la “inclusión de ofertas mayoristas de referencia”, la “red compartida mayorista”, así como la determinación de “agentes económicos preponderantes”.
El 10 de abril, el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la OCDE “aclaró” su posición.
“Lo que había habido pues, era la opinión al parecer de un asesor, pero no necesariamente de la organización como tal”, minimizó Lozano.
CDHDF e Internet
De todos los documentos ventilados tras los foros en el Senado, el más claro y contundente fue el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que considera que la iniciativa de Peña Nieto “vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, establece controles ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales, introduce mecanismos de censura previa, retira facultades especiales del IFT, carece de perspectiva de género, amenaza la privacidad de las personas y controla el internet, afectando los derechos que se ejercen de manera digital en este espacio”.
La CDHDF advierte que la iniciativa “contiene artículos preocupantes como el 197, fracción VII, que permite bloquear, inhibir o anular servicios de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, cuestión que podría violentar los derechos a personas transitan en el Distrito Federal”.
La comisión recuerda que este artículo, contenido en el capítulo más polémico de la ley denominado “Colaboración con la Justicia”, tiene disposiciones prohibidas por la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, de los relatores de libertad de expresión de la ONU y la CIDH.
La opinión de la CDHDF ha contrastado con el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no ha emitido ninguna posición al respecto de las constantes críticas a las violaciones contenidas en la iniciativa del Ejecutivo federal.
“Uno hubiera esperado de la CNDH un pronunciamiento de este tipo porque lo más grave de la iniciativa es la violación a las libertades”, comentó Clara Luz Alvarez a Proceso.
La posición de la CDHDF coincide con la Red de Defensa de los Derechos Digitales, que organizó la primera marcha contra la iniciativa el pasado 10 de abril, y con la de la Sociedad Internet de México A.C (ISOC).
El ISOC envió un documento al Senado en el que considera como “ambigua” e “incierta” la definición que la misma iniciativa del Ejecutivo federal le da al servicio de internet y critica todas las disposiciones relacionadas con la vigilancia a la red.
“La vigilancia de las comunicaciones debería ser considerada como un acto altamente intrusivo que interfiere los derechos a la privacidad y la libertad de opinión y de expresión, amenazando los cimientos de una sociedad democrática”, afirmó el ISOC, citando el documento de los Principios Internacionales sobre Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.