Decenas de organizaciones piden castigo para asesinos de ambientalistas, frenar ola de violencia y detener explotación ilegal del agua
Regeneración, 18 de junio del 2018. Tras el lamentable asesinato de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, integrantes de El Barzón en Chihuahua, más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil demandaron a las autoridades frenar la ola de violencia en contra de activistas ambientales en la región e iniciar las investigaciones para el castigo de los responsables; señaló la Red de Derechos Todos para Todos.
Hernández Nevárez y su hijo fueron asesinados a balazos el pasado 13 de junio cuando circulaban en la Carretera Santa Clara-Flores Magón del municipio de Namiquipa. Ambos luchaban en contra de la sobreexplotación de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen; recordaron los defensores de derechos.
“El líder agrario había denunciado con antelación amenazas, sin que éstas fueran atendidas con las medidas respectivas”, puntualizaron más de 50 organizaciones locales defensoras de derechos así como personas en lo individual.
Llamaron “a las autoridades federales y estatales a emprender las investigaciones necesarias para resolver este doble asesinato y garantizar la vida e integridad física de los integrantes de El Barzón y sus familias redoblando las medidas de seguridad en su beneficio”.
Así mismo recordaron que apenas el pasado 23 de mayo, este mismo grupo de firmantes exigió a las autoridades federales y estatales tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Martín Solís y Eraclio Rodríguez, integrantes de El Barzón en Chihuahua, quienes también han sido objeto de amenazas de muerte por su lucha en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada de esa entidad.
“Lamentablemente la situación en la región se ha ido agravando como lo demuestran los asesinatos de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo”, indicaron las organizaciones.
“Las demandas de las organizaciones y personas firmantes siguen en pie”, puntualizaron.
Hicieron un enérgico llamado “a iniciar las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes”.
Por lo anterior, citaron por sus nombres y cargos a las autoridades responsables de que se haga justicia y se detenga la ola de violencia contra defensores del medio ambiente; por ello señalaron, en el ámbito de su competencia a Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional de Chihuahua; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno de este Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas.
También exigieron a Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), subsanar las omisiones en cuanto a su deber de inspeccionar y vigilar, así como de sancionar y clausurar las obras hidráulicas ilegales que están siendo la causa y raíz de la conflictividad en la región, acrecentando el clima de inseguridad, persecución, hostigamiento e intimidación en contra de integrantes de El Barzón.