Niño de 11 años, joven de 17 y su padre de 38 masacrados por paramilitares del PRI-PVEM . Llaman a detener asesinatos y desplazamientos forzados
Estrategia paramilitar consiste en ataques prolongados con armas de alto calibre; ataques armados intermitentes; amenazas de masacres; vigilancia desde trincheras en la montaña; agresiones generalizadas a la sociedad civil; actos violentos para generar terror; comunidades sitiadas así como asesinatos ejemplares
Regeneración, 4 de abril del 2018. A pesar de las reiteradas denuncias y de los cientos de familias que se encuentran refugiadas en las montañas de los Altos de Chiapas, las autoridades no han actuado para detener las agresiones de paramilitares miembros del PRI y del PVEM que en el municipio de Chenalhó han asesinado y desplazados a centenares de familias, la mayoría mujeres, ancianas y niñas. El 2 de abril paramilitares asesinaron a una familia del Municipio de Aldama.
“Familias desplazadas de la comunidad de Tabak, municipio de Aldama,#Chiapas . Están huyendo de disparos de paramilitares. Ayer ya mataron a 3. Hay más de 700 personas desplazadas. #crisishumanitatia #México#DesplazamientoForzado”, publicó en redes sociales Rodrigo Soberanes Santín, como parte del angustioso llamado a la sociedad para no ser indiferentes ante los ataques de fuerzas armadas irregulares que operan en Chiapas bajo el amparo del Estado Mexicano.
Las tropas paramilitares en Chiapas tienen su origen en la estrategia gubernamental para contener la organización de los pueblos en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional –EZLN-.
El llamado Plan Chiapas 1995, fue el marco estratégico del gobierno de México para entrenar, armar y dotar de vituallas y estrategias a grupos de indígenas para contener a los zapatistas.
Decenas de grupos como Máscara Roja, involucrado en la masacre de Acteal; “Paz y Justicia” que tiene en su haber mas de 300 denuncias de asesinatos en la zona norte y otros más que suma mas de una veintena de tropas irregulares.
La muerte en Aldama
Manuel Gómez Pérez, de 38 años de edad, y sus hijos, Alonso y José Antonio Gómez Hernández, de 17 y 11 años, respectivamente, fueron asesinados a balazos aproximadamente a las 7:30 horas, cuando se dirigían a cultivar su milpa, señaló La Jornada.
Venían de Cotzilnam e iban a su parcela, en la comunidad de Ztelejpotobtik; los disparos provinieron de un lugar llamado Chuchte, afirmaron los habitantes consultados.
La fiscalía estatal rehúsa enviar un agente del MP
Aseguraron que los agresores son de la comunidad de Santa Marta, municipio de Chenalhó, ubicada en los límites con Aldama, donde se localizan las 60 hectáreas que ambos poblados se disputan desde hace años.
Señalaron que desde que ocurrió la agresión armada el juez de paz y conciliación indígena de Aldama, Mariano de la Cruz Gómez, avisó a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, pasado el mediodía les avisaron que ningún agente del Ministerio Público acudiría.
Así, el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres, que la tarde de ayer serían velados en la cabecera municipal.
La gente de Aldama está muy enojada. Exige justicia porque el pasado 25 de marzo se firmó una minuta de acuerdo para que cesaran los disparos de arma de fuego que hacen todos los días, pero los de Santa Marta siguen disparando y ahora hay tres muertos más, manifestaron los pobladores.
Aclararon que la parcela a la que se dirigía Manuel con sus hijos no está en los terrenos en pugna, porque es de su propiedad.
Se intensifica la crisis humanitaria en Chiapas
“La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó» señaló públicamente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Señalaron que el Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.
«Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas», denunció el Centro de Derechos.
Precisan que como parte de esta estrategia, «viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes».
«El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas.
En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal», indicó el Frayba.
Aseguraron que el Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror.
indicaron que «actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población que afectan principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos».
Es crítica la situación actual, ya que la ineptitud en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de una violencia desproporcionada.
Lo anterior se reafirma con los hechos sucedidos el 2 de abril a las 6:30 horas, donde emboscaron y asesinaron a tres personas de la comunidad Cotsilnam, Aldama. Manuel Gómez Pérez de 35 años, y sus dos hijos menores de edad: Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años, a quienes sorprendieron en el camino del tramo a Tselejpotobtik; los disparos venían desde Santa Martha, desde el otro lado del río, aproximadamente entre 150 y 200 metros provenientes de cafetales y platanares. Las tres personas iban a sembrar maíz.
Según información con la que cuenta el Frayba, el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal.
Aclararon además que entre las comunidades afectadas hay familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo.
Las agresiones continúan hasta la fecha; las últimas, han sido con dirección a poblados y en contra de personas que transitan los caminos y acuden a trabajar sus parcelas.
Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser).
A decir del Frayba se teme continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como a la cabecera.
Recordaron los defensores de derechos humanos que «como consecuencia de estas acciones violentas, durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama».
Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día.
El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.
El Frayba ha informado constantemente al Gobernador del Estado de Chiapas, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaria de la Tierra, a la Subsecretaria de Gobierno Región V, Altos tsotsil-tseltal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Fiscalía de Justicia Indígena, entre otras, de la situación de violencia por el conflicto territorial entre Aldama y Manuel Utrilla, Chenalhó, y alertó sobre la actuación del grupo civil armado.
El Gobierno de Chiapas dice que «no puede realizar medidas de seguridad pública»
«Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha realizado acciones contundentes para investigar, desarmar y sancionar a este grupo, con el pretexto de que “no puede realizar medidas de seguridad pública”, por lo que ha dejado en desprotección a las comunidades afectadas», denunció el Frayba.
El gobierno estatal de Chiapas argumenta incapacidad para desarmar a los grupos armados, evadiendo su responsabilidad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, destaca que:
-Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihután .
-En ambos casos se presentan patrones similares de actuación que producen desplazamientos forzados, terror y muerte, a fin del control territorial en la región.
Los patrones que ubicamos son:
a) Ataques prolongados con armas de alto calibre
b) Ataques armados intermitentes
c) Amenazas de masacres
d) Vigilancia desde trincheras en la montaña,
f) Agresiones generalizadas a la sociedad civil
g) Actos violentos para generar terror
h) Comunidades sitiadas
i) Asesinatos ejemplares
Ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, este Centro de Derechos Humanos (Frayba) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la población en riesgo a la vida, por la violencia generalizada en la región, marcada por la impunidad.
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestar su indignación, a firmar la acción urgente y exigir al Estado mexicano un alto al fuego.
Así mismo a solicitar que se realice una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar de la región, como lo ha indicado la CIDH.
https://frayba.org.mx/bases-de-apoyo-zapatistas-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado/