Familiares de víctimas proponen ley para crear un sistema nacional de búsqueda y un registro único de personas desaparecidas; la reparación integral del daño; y el reconocimiento de derechos fundamentales a la participación, a la verdad, a la justicia, al acceso a las medidas de atención, a la asistencia y ayuda, a la educación, a la salud, vivienda, trabajo y a la protección
Regeneración, 9 de septiembre de 2015. Familiares de cientos de desaparecidos en el país entregaron a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo su propuesta para la elaboración de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares.
Acompañados de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabaja en la defensa de los derechos humanos las familias demandaron a los tomadores de decisión escuchar e incorporar su propuesta para la elaboración de dicha normativa.
Al recibir el documento, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, manifestó el compromiso del gobierno federal para tomar en cuenta los planteamientos que las organizaciones de familiares de desaparecidos presentaron en el documento.
El funcionario consideró que el delito de desaparición forzada es el más crudo que pueden enfrentar las víctimas.
“Estamos obligados a que en la elaboración de la iniciativa se escuche a académicos y expertos, pero en este caso no tenemos derecho a dejar fuera las experiencias y propuestas para esta iniciativa de los familiares”.
En el documento los colectivos de víctimas hacen especial énfasis en tres puntos: la creación de un sistema nacional de búsqueda que integre diferentes mecanismos y registros, entre ellos el registro único de personas desaparecidas; la reparación integral del daño; y el reconocimiento de los derechos fundamentales a la participación, a la verdad, a la justicia, al acceso a las medidas de atención, a la asistencia y ayuda, a la educación, a la salud, vivienda, trabajo y a la protección.
“Frente a la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, las y los tomadores de decisión están frente a una oportunidad histórica de crear una política de Estado que responda a la grave problemática de las desapariciones, con la participación de las organizaciones de familiares y de la sociedad civil, y empezar así a reparar la confianza que ha sido dañada por la mentira y la negligencia”.
En el acto, que se realizó en el Museo de la Ciudad de México, también estuvo presente Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, quien subrayó en un breve mensaje que la experiencia internacional muestra que la manera en como se ha dado mejor funcionamiento a la búsqueda y atención ante este delito es cuando hay articulación entre las víctimas y el Estado.