De entrada, preocupa el mimetismo, no únicamente con la Gendarmerie National de Francia, de donde sobre todo abreva la idea del presidente, sino también con los cuerpos de élite de Chile y Brasil, de formación militar, durante la época de las dictaduras, a los que se les atribuyen graves violaciones a los derechos humanos. Y en este último caso, lamentablemente una policía militarizada aún vigente. En su creación también subyace la imitación de la United States National Guard en el vecino país, que puede incluso hacer uso de las armas en su propio territorio, mientras se les impide a sus propias fuerzas armadas. Pongo énfasis en la similitud entre esas experiencias con la Gendarmería en México, porque sabemos de sobra que no son compatibles con los derechos humanos. De entrada, porque se basan en una idea de seguridad sobre todo encaminada al involucramiento de militares en tareas que por lo general realizan los civiles. De seguir aquel proceso, estaríamos frente a un grave retroceso en relación con derechos humanos, la justicia, el fuero militar y prácticas de militares que por décadas se han denunciado como violatorias de derechos.
Por otro lado, la sociedad civil en Latinoamérica ha exigido en repetidas ocasiones precisamente la desmilitarización de sus policías, y por tanto el cambio de paradigma de seguridad. Mientras el actual pone énfasis en la protección del Estado y de sus instituciones y políticas, la propuesta de un modelo de seguridad ciudadana y humana exige que éste ponga en el centro el resguardo de la integridad de las personas y la protección de sus entornos. Estamos ante una clara diferenciación, de la que nos dan cuenta la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se realizaron en el pasado sexenio, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico
, y que continúa en los primeros años de este gobierno. Ahora tenemos la promoción de una Gendarmería Nacional que ha pasado por diversas fases. Recordemos que fue primero una propuesta durante la candidatura del actual titular del Ejecutivo Federal. Posteriormente se consignó en el Pacto por México, y por ello la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, comenzó a realizar trabajos, con el fin de consolidar este nuevo cuerpo, dirigido sobre todo a fortalecer el control territorial
y a formar gendarmes con adiestramiento civil y castrense, visualizados, según declaraciones y datos de las propias dependencias del gobierno, como una de las principales fuerzas de seguridad. Ello no obstante, ninguno de los funcionarios públicos involucrados en la estrategia ha ahondado sobre sus porqués y sus cómos. Se dijo que a finales de julio pasado ya estaría en operación, pero no fue así.
Entretanto, ninguna de las oficinas de gobierno tampoco ha consultado a la sociedad sobre la pertinencia o no de este tipo de cuerpo de seguridad, el cual, de ser como se ha dicho, se integraría a la Policía Federal. Y mucho menos se ha propuesto un decreto o iniciado un proceso legislativo que le dé certeza jurídica. El mes pasado, Miguel Moguel, investigador de la organización social Fundar, publicó, con el título de El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos: El caso de la Gendarmería Nacional
(http://ow.ly/A4d1l), un análisis detallado del proceso de creación de este cuerpo. Muy atinadamente da cuenta de algunas de las principales preocupaciones en este tema.
Primeramente, y como señalamos arriba, que la participación de militares, o la implementación de estrategias castrenses en funciones relacionadas con seguridad pública, es un caldo de cultivo para violentar derechos humanos. Es decir, que la consolidación de un cuerpo civil con formación castrense o dirigido por militares es desafortunado para la construcción de modelos de seguridad ciudadana, humana, y con base en derechos. Y que con este tipo de cuerpos militarizados estamos retrocediendo décadas en México. Suena a que se cocinan cuerpos híbridos, con mezclas entre militares y civiles, que además no logran ponerse entre sí de acuerdo, pero que cuentan con todo, menos con un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos.
Por ello, antes que empujar la creación de cuerpos de seguridad pública militarizados, los gobiernos debieran atender las situaciones estructurales que incrementan la inseguridad y la delincuencia organizada. Otro aspecto relevante que se subraya es la falta de información sobre lo que hace y cómo lo hace el gobierno en turno. La Gendarmería ha sido un proceso que se conoce picando piedra
, pues, como bien señala Moguel, esta ausencia de información abonará a la discrecionalidad del ejercicio de las funciones y atribuciones de esta nueva corporación policial
. Es por tanto importantísimo seguir la pista a esta propuesta del gobierno, mediante un debate amplio e informado de lo que en realidad se pretende con esta Gendarmería. Este debate es urgente en función también de la ausencia de un marco legal y constitucional en relación con este nuevo cuerpo de seguridad militarizado, ya que esta segunda omisión permitiría la falta de certeza sobre lo que debe o no hacer. No basta en efecto con decir que actuará ahí donde fuera requerido
.
Por último, no se sabe hasta ahora la forma en que el ejército participará en este tipo de cuerpo, aunque se ha dicho que los integrantes de la Gendarmería están recibiendo formación castrense. Queda la pregunta de si más adelante se pasará de un mando civil a un mando militar, o a un militar disfrazado de civil. Más todavía, no sabemos el tipo defrankenstein que pueden llegar a construir y desarrollar con este cuerpo de élite. ¿Qué se tendrá a la postre? Todo parece indicar que los militares no se retiran, sino que ahora se encargan de formar a las nuevas élites de seguridad. No sabemos si en completa o mediana coordinación con la Secretaría de Gobernación, que controla y despacha los asuntos relevantes para el país, entre ellos, los temas de seguridad y su coordinación con las fuerzas armadas.