Durante la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa realizada en el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales denunciaron la impunidad del caso.
Regeneración, 08 de mayo de 2018.- El gobierno de Enrique Peña Nieto busca cerrar el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República, denunciaron familiares ante el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, advirtió don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial; la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados -proporcionados por la DEA- con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial.
Por su parte, el comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Enfatizó su preocupación por las descalificaciones contra Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, y señaló que se debe prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU.
La comisionada Flávia Piovesan agregó sus dudas sobre la independencia que tienen las instituciones encargadas de investigar la tortura y destacó la pericia de la ONU en estos temas.