La organización internacional Global Witness dijo que la criminalización contra defensores del ambiente se consolidó en el gobierno de Peña.
Regeneración, 10 de enero de 2018.- Una investigación de campo de la organización internacional Global Witness destaca que la administración de Enrique Peña Nieto ha resultado la más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente. La organización ha documentado al menos 44 ejecuciones desde 2010, ocho de ellas cometidas durante los primeros meses de 2017.
Ben Leather coordinó la investigación con el apoyo de Brigadas Internacional de Paz (PBI) y ésta, reveló que México está entre los países más peligros del mundo para los defensores del medio ambiente.
La violencia contra los defensores se ha agudizado desde que Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, pero también ha sido alentada por la impunidad en que permanecen los ataques, dice la organización internacional.
Global Witness, documentó 33 asesinatos de defensores de 2010 a 2015, y otros 11 entre 2016 y 2017, ocho solo en los primeros cinco meses del año pasado.
La organización retomó reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ubican a entidades como Chihuahua, Guerrero y Oaxaca como los más peligrosos para los defensores desde 2011.
“Las amenazas y los ataques contra la integridad física y psicológica continúan siendo los ataques más frecuentes contra las personas defensoras”, dijo Global Witness.
Por su parte, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos (Red TDT), documentó entre 2012 y 2016, 302 agresiones contra defensores.
“Entre junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron 11 ejecuciones extrajudiciales de defensores de la tierra, y que las organizaciones de derechos humanos registran un alarmante incremento de esta grave violación a los derechos humanos en la actual administración política”, dijo.
El documento subraya que durante el gobierno de Peña Nieto “la criminalización se consolida igualmente afectando especialmente a este grupo de defensores y defensoras (ambientales), desde el uso indebido del derecho penal hasta otras formas de criminalización como las difamaciones, el hostigamiento o la vigilancia”.
Asimismo, el texto consideró que los proyectos económicos han impactado fuertemente a las comunidades originarias y a los defensores de la tierra, territorio y ambiente.
Los proyectos que más impactos han causado en las comunidades indígenas y rurales en México, son los relacionados con la minería, generación de energía (hidroeléctricas, eólicas, gasoductos y minería de carbón), así como de infraestructura y turísticos.
Con información de Proceso