Gobierno de Peña Nieto no respeta derechos humanos y hay más violencia: CNDH

Durante la presentación del Informe de Actividades 2017, la Comisión informó que las miles de personas muertas, desaparecidas de manera forzada, desplazadas o víctimas de un delito «son un saldo de dolor e impunidad, que no han disminuido durante este periodo”.

Regeneración, 28 de marzo de 2018.- Durante la administración de Enrique Peña Nieto no hay un balance favorable ni se ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia a los derechos humanos, aceptó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, durante la presentación de su Informe de actividades 2017.

Ante el presidente de México y su gabinete, el ombudsman nacional detalló que tampoco se ha logrado fortalecer el Estado democrático de derecho ni se ha logrado superar los binomios que dejó la guerra que inició el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa: inseguridad y violencia, impunidad y corrupción y desigualdad y pobreza.

“Las repercusiones que este entorno a generado para México y suciedad, sociedad, trasciendes las economías; los daños en su patrimonio por gastos adicionales para brindarse protección las autoridades no les pueden dar”, declaró González Pérez.

Destacó que los costos de las miles de personas muertas, las desparecidas de manera forzada, desplazadas o víctimas de un delito no se pueden cuantificado ni reparar, ya que son un saldo de dolor e impunidad “que no han disminuido durante este periodo”.

“El miedo a los alcance de a la violencia genera desesperanza en la sociedad,  distanciamiento a las instituciones y desconfianza en las autoridades”, indicó.

Informó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en 2012, se abrieron 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidio doloso, y en 2017 ascendió a más de 25 mil 340, la cifra más alta registrada en los últimos 20 años, que podrían ser más, porque en una carpeta de investigación caben más de dos personas privadas de la vida.

“Sin seguridad no habrá una vigencia real de los derechos y sin respeto las medidas de seguridad no serán aceptables y serán vistas como autoritarismo”, señaló.