El Grupo Multisectorial VIH – SIDA en Veracruz asegura que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa es omiso ante la epidemia que se vive en la entidad y no aporta recursos para el adecuado funcionamiento de CAPASITS. Además, ni la Secretaría de Salud ni la de Educación, toman cartas en el asunto para prevenir y educar a la población.
Por Edith Peredo.
Regeneración, 30 de marzo de 2016.- Patricia Ponce, integrante del Grupo Multisectorial VIH-SIDA en Veracruz, informó que la red de Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) es insuficiente en infraestructura, tamaño, mobiliario, en personal, en insumos y las autoridades prestan poca atención a su adecuado funcionamiento. Además que destinan mínimos recursos para las necesidades básicas de los mismos.
“Me acuerdo que en el 2014 el presupuesto que se solicitó fue de cerca de 80 millones de pesos y no se le dio ni la mitad, esto implica que a veces haya desabasto de leche para los hijos de las madres afectadas, que no haya medicamento para enfermedades oportunistas como tuberculosis, hepatitis, citamegalovirus, que no haya condones, que no haya suficientes pruebas de detección oportuna, que no haya a veces, papel, sanitas, jabón”.
Dijo que gente de escasos recursos debe trasladarse de una comunidad a otra para acudir a recibir sus medicamentos, por ello deberían construirse por lo menos otros tres centros, uno en el norte, otro en la zona de Los Tuxtlas y uno más en la región de Cosamaloapan. Sin embargo, reconoce que si no hay dinero para insumos básicos, menos para edificar nuevos Capasits.
“A la gente de distancias grandes, les implica gastos superiores a los mil pesos, no pueden ir cada mes a recoger su medicamento, hay un desapego que trae grandes implicaciones para su salud y su vida. Obviamente si no hay dinero para papel de baño, para agua y para sanitas pues menos hay dinero para la construcción de estos centros. Entonces la situación económica es grave”.
Asimismo, indicó que hay una falta de liderazgo a nivel estatal pues “no hay una preocupación, no hay compromiso, no hay voluntad política para estar al frente de la epidemia”.
Comentó que la Secretaría de Salud no está al tanto de la situación y quienes están liderando son los integrantes del Grupo Multisectorial, no obstante, lo que realizan lo logran gracias a la aportación ciudadana.
“Debería haber un compromiso porque la salud es un derecho y no vemos el compromiso por parte de estas instituciones”. Además, agregó que es necesaria la detección oportuna pues las personas que acuden a atenderse, llegan en 60 por ciento ya con SIDA y van a “incorporarse al medicamento o a morir”.
Acusó que la Secretaría de Educación de Veracruz, está ausente en términos de educación sexual que tendría que ser permanente, masiva y regionalizada. Y dijo que “la prevención es cara pero es más cara la atención”.
A esto, se suma la discriminación de la que son objeto las y los pacientes que cada día se topan con comentarios y situaciones que los segregan y aíslan de la sociedad.
“Somos una población tremendamente discriminatoria, seguimos teniendo esta idea de que las personas adquieren el virus porque son promiscuos, homosexuales, desviados, porque tienen una vida sexual activa, no, la gente adquiere el virus porque no hay protección”.
Una situación todavía más complicada, según Ponce, es que los pacientes son discriminados en los propios Capasits, Centros de Salud y hospitales, sobre todo, las mujeres embarazadas.
“También tenemos discriminación en las escuelas, si se enteran que la madre o el padre de un niño tiene VIH, hay discriminación. Hemos sabido que a muchas de estas mujeres ya no se les invita a la elaboración de alimentos colectivos o se pide el cambio del niño y no se diga en los centros laborales, donde además en buena parte del estado se le exige la prueba para poder darle trabajo, violando toda norma oficial, violando lineamientos internacionales”.
Ponce aseguró que la realidad se vuelve peor cuando la mortalidad aumenta por la estigmatización pues primero, las personas no quieren realizarse la prueba porque “si me la hago y salgo positivo ya sé que me va a pasar, entonces no me la hago, no quiero ni saber. Si me la hago y me detecto no quiero acercarme al Centro de Atención y entonces ¿qué pasa? Me dejo morir. Está primero la discriminación interna y luego viene toda la que se da en los demás ámbitos. Los números rojos en el estado siguen creciendo también por eso”, concluyó.