Zeferino Ruiz Mendieta de 86 años se encuentra gravemente hospitalizado, responsabilizan a golpeadores del PRI y de Antorcha, intimidan a los ejidatarios oponentes a la venta de las tierras.
Regeneración, 29 septiembre 2016.- Dos campesinos y activistas en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) fueron golpeados brutalmente por dos sujetos desconocidos en su domicilio ubicado en la localidad de Tocuila, perteneciente al municipio de Texcoco, en el Estado de México. Uno de ellos, Zeferino Ruiz Mendieta de 86 años se encuentra hospitalizado y en estado de gravedad.
Este lunes alrededor de las 8:00 horas, dos sujetos armados irrumpieron en el domicilio del ejidatario Zeferino Ruiz Mendieta y lo golpearon a él y a su hijo, informó por medio de un comunicado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
De acuerdo con la información divulgada, los agresores saltaron la barda trasera del predio, ingresaron a la casa de Ruiz Mendieta, de 86 años de edad, y le apuntaron con sus armas de fuego a él y a su hijo Sergio Ruiz García de 56 años.
Ambos agresores arremetieron en contra de los campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), quienes se niegan a vender sus propiedades para la construcción del NAICM. Además de golpearlos severamente, los delincuentes, según refiere CDHZL, los acusaron por su actuación en las asambleas ejidales, les quitaron dinero en efectivo, y se llevaron unas escrituras que Don Zeferino tenía en su poder.
Tras el altercado, Zeferino Ruíz Mendieta presentó varios golpes en la cabeza causados por la cacha de una pistola; una fractura en la rodilla derecha a causa de golpes con un martillo; además de varias contusiones en todo el cuerpo, unas inclusive inflingidas con una plancha de ropa. En cambio, su hijo Sergio, fue golpeado en varias partes del cuerpo, aunque su estado es menos delicado que el de su padre.
Ambos ejidatarios fueron trasladados al Hospital General Guadalupe Victoria, ubicado en el municipio de Texcoco. Don Zeferino permanece ahí, en estado de gravedad, mientras que Sergio fue dado de alta el mismo día lunes a las 21:00 horas. Posterior a su salida del centro médico, se dirigió al Ministerio Público para levantar una denuncia.
De acuerdo con Carlos San Pedro, previo a la agresión, el día domingo, el Comisario Ejidal de Tocuila, Humberto Elizalde Miranda, habría lanzado una amenaza en contra de los que se oponen a vender sus tierra, y ésta no sería la primera. Pues Elizalde ha sido acusado por el FPDT de dar la orden de reprimir a los activistas.
Desde septiembre del año pasado, fecha en que se anunció el inicio de la construcción del NAICM, en al menos 27 municipios del Estado de México se han registrado conflictos por tierras, agua, bosques, derechos indígenas y derecho al medio ambiente. Incluso, más de 20 organizaciones sociales han advertido que no permitirán la consecución del megaproyecto por considerar que atenta contra la vida de los pueblos y su entorno.
La agresión en contra de Don Zeferino y su hijo sólo es la más reciente. Además varios terratenientes se han visto amenazados y en situación de vulnerabilidad legal.
En ese sentido, San Pedro asegura que en Tocuila, apenas el 18 y 19 de agosto, se registró una agresión por parte de grupos de choque, “chavos pagados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en específico por Antorcha [Campesina]”.
“Hay una colusión del PRI, Antorcha y los que están ahorita en comisariados ejidales. Y ellos, mediante sus golpeadores, intimidan a todos los ejidatarios que se oponen a la venta de las tierras”, dijo el activista, quien agregó que esta situación se vive también en el municipio de Atenco en donde el mismo Comisariado funge como Presidente Municipal.
Actualmente existe una suspensión definitiva de obras derivada del juicio de amparo 349/2016-III, con fecha del 26 de Julio de 2016, misma que, de acuerdo con integrantes del FPDT, no se ha cumplido ya que al territorio entra maquinaria acompañada de personas que agreden a la población. Por ello, los ejidatarios han solicitado al Poder Judicial de la Federación (PJF) proceder legalmente en contra de quienes han venido violando las disposiciones legales.
Esta es una situación muy grave, apunta el FPDT. Y pareciera que ni las denuncias ni los amparos legales han resultado para revertir la situación de violencia en estos dos municipios mexiquenses. Por ello, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero apela a la difusión de los casos, trabajando a su vez con otros pueblos con la finalidad de poder adoptar medidas cautelares que se emitan tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuera de eso, su protección queda en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, que hasta el momento no ha sido suficiente.
Con información de Sin Embargo