* En una carta a Osorio Chong, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights demanda seguridad para el compañero de Hernández Cardona
Regeneración, 15 de agosto del 2015. «La fundación Robert F. Kennedy Human Rights alertó al Gobierno mexicano del grave riesgo a la vida de Nicolás Mendoza Villa y de su familia, único testigo de la privación de la libertad y ejecución del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y dos de sus compañeros a manos del ex presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez».
El organismo informó mediante una carta enviada al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que Mendoza Villa ha tenido que cambiar de domicilio ocho veces debido a que han irrumpido a su vivienda hombres armados desde que rindió su testimonio, el 14 de marzo del 2014, sobre la privación de la libertad de ocho integrantes de UP y la ejecución de tres de ellos.
La nota es de, Zacarías Cervantes, desde Chilpancingo, Chilpancingo y en la misma se señala:
En la carta, Robert F. Kennedy Human Rights pide garantías de seguridad para la esposa y para la hija de Arturo Hernández, Sofía Lorena Mendoza Martínez y Soledad Hernández Mena, quienes también han sido amenazadas.
Reclama que el Gobierno mexicano no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la carta se marca copia para la procuradora general de la República, Arely Gómez González, para el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián y para el gobernador Rogelio Ortega Martínez, y es firmada por Angelita Baeyes, directora de programas RFK Partners for Human Rights.
El documento expresa, al inicio, la preocupación del organismo respecto a la situación de seguridad de Mendoza Villa y sus familiares, y de los de Arturo Hernández, “víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, junto con otros integrantes de la Unidad Popular en la ciudad de Iguala desde el 31 de mayo de 2013”.
El organismo recuerda que el 30 de mayo fueron levantados por sicarios Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Banderas Román, Jimmy Castrejón y Nicolás Mendoza.
Un día después fueron ejecutados Arturo Hernández, Félix Rafael y Ángel Román Ramírez.
El organismo agrega que el 14 de marzo del 2014, Mendoza Villa rindió su testimonio ante la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado), sobre la privación ilegal de la libertad y la tortura que sufrieron, “señalando directamente como responsable de estos hechos al alcalde de Iguala José Luís Abarca Velásquez y al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velásquez, con lo que Mendoza Villa se convirtió no solamente en una víctima sino en un testigo clave para la investigación penal”.
Añade que la ejecución de Hernández Cardona fue atraída por la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el 17 de marzo del 2014, y que actualmente se encuentra en el Juzgado de Distrito en Materia Penal Federal de Matamoros, Tamaulipas, bajo la causa penal 100/2014 y ha sido acumulada con la causa relativa a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos por policías en Iguala.
“Por otra parte, como usted bien sabe -le dice al secretario de Gobernación-, pese a que los hechos ocurrieron en Iguala el principal indiciado, José Luis Abarca Velásquez se encuentra en una prisión de alta seguridad en el Estado de México y es procesado por secuestro agravado, cuando en realidad debería ser procesado por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial”, agrega.
“La distancia física que existe en el lugar en donde se está adelantando la causa penal y el lugar donde residen las víctimas constituye uno de los obstáculos principales para que éstas puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia, reconocido no sólo en la Constitución de México, sino en instrumentos internacionales que obligan al Estado, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El Estado no ha implementado las medidas de protección ordenadas por la CIDH, reprocha
La fundación Robert F. Kennedy Human Rights recuerda que en mayo de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ha destacado la importancia de no fragmentar las investigaciones para que no se pierda la visión integral de los hechos, para que no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales, para acortar la distancia y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, así como evitar situaciones de inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso.
“Ante esta situación de inseguridad y riesgo, en diciembre del 2013 la CIDH decidió otorgar medidas cautelares en beneficio de Nicolás Mendoza Villa, sus familiares así como a los familiares de Arturo Hernández Cardona. A la fecha (13 de agosto) el Estado mexicano no ha implementado adecuadamente las medidas de protección ordenadas por la CIDH”, reprocha.
Dice que es así como las víctimas directas y sus familiares han sufrido amenazas e intimidación, por ejemplo, denuncia que la viuda de Arturo, Sofía Mendoza ha recibido amenazas al botón de pánico, aunque el número se supone que debe de ser privado.
“Ante estos graves hechos, desde el Robert. F. Kennedy Human Rights expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de Nicolás Mendoza Villa, Sofía Lorena Mendoza Martínez y Soledad Hernández Mena, cuya vida e integridad se encuentran en grave peligro”.
Por último, el diario Este Sur, señala que los declarantes puntualizaron:
“También reiteramos la dificultad para las víctimas y sus representantes para acceder de manera regular al expediente, por estar radicado en Matamoros Tamaulipas, pese a que los hechos ocurrieron en Iguala y las víctimas y los representantes se encuentran en Iguala”, agrega.
Pide garantizar la integridad de Nicolás Mendoza, Sofía Lorena Mendoza y Soledad Hernández.
Transferir la causa penal a un juzgado más cercano al estado de Guerrero o en su defecto se provean los recursos necesarios para que los representantes de las víctimas y sus familiares puedan tener acceso al expediente.
Recomienda proceder a la recalificación jurídica de los delitos imputados a las personas indiciadas por estos hechos, incluyendo al ex presidente municipal, para que sean juzgados y sancionados por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial en lugar del delito de secuestro agravado.