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Derecho constitucional a la alimentación: una decisión inaplazable.
Urge que el Senado apruebe el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para reconocer el Derecho a la Alimentación (DA) en la Constitución y dar por concluido este proceso legislativo de casi una década.
El PAN en el Senado: obstáculo irracional para aprobar este derecho humano tan fundamental.
El PRI podría acordar con el PAN modificaciones, dilatándose aún más la aprobación y desvirtuando la propuesta votada por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Frente a la agudización de la crisis alimentaria mundial y sus efectos en México, urge una política de Estado para garantizar el DA de todos los mexicanos y la seguridad alimentaria del país.
México es uno de los pocos países en la región de América Latina, que está rezagado en el cumplimiento de las obligaciones que como Estado contrajo al firmar diversos acuerdos vinculantes en materia de derechos humanos (económicos, sociales, culturales y ambientales), entre ellas la de actualización de los marcos legales nacionales a favor del Derecho a la Alimentación.
El Estado Mexicano, aún sin cumplir la obligación de la actualización del marco jurídico nacional, que corresponde a la obligación de realizar, debe cumplir además con otras dos obligaciones básicas: respetar el ejercicio del DA y protegerlo. En cuanto al compromiso de “realizar”, se le debe dar cumplimiento progresivamente, tanto a nivel legislativo como ejecutivo.
La reforma constitucional aprobada recientemente en materia de Derechos Humanos es un avance importante para el reconocimiento y protección de los mismos en México. Sin embargo, no sustituye ni convierte en inútil el reconocimiento explícito de un derecho fundamental como lo es el DA en nuestra Carta Magna, como otros ya consagrados (salud, educación, vivienda). Elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación brindará a las instituciones públicas, así como a la sociedad, un marco legal para exigir la generación de políticas públicas y acciones que ofrezcan las condiciones necesarias para que se produzcan alimentos y que éstos sean física y económicamente accesibles para la población.
Después de casi 17 años de trabajo legislativo infructífero en la materia, asunto a todas luces vergonzoso, es imprescindible que los senadores den la importancia y relevancia necesaria para aprobar la minuta. Nos encontramos en un momento de crisis alimentaria nacional y global que requiere de acciones comprometidas y concretas, por ejemplo, la creación de reservas nacionales de alimentos. Reconocer el DA en la constitución significará un avance para el Estado mexicano, será cumplir con responsabilidades asumidas en diversos acuerdos internacionales, mostrando con una acción concreta que cumple, al ajustar el marco legal nacional.
“Reconocer el derecho a la alimentación en la Constitución no implica que el Estado de alimentos a cada persona; es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, en casos de emergencia implica que se ayude a quien no puede acceder a los alimentos, sólo mientras el Estado genera las condiciones estructurales que permitan que las personas puedan después, satisfacer por sí mismas su derecho a la alimentación. Además se trata también de que dentro de las políticas públicas existan programas con acciones afirmativas por medio de las cuales se apoye a la población para poder producir sus alimentos y alimentarse de manera suficiente y adecuada”, sostuvo Ana Luisa Nerio Monroy, Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos “Fray Fco. De Vitoria O.P. “ A.C.
“Es inconcebible que el grupo parlamentario del PAN en el Senado sea el único grupo parlamentario que se oponga a la aprobación de la reforma constitucional para reconocer un derecho humano tan fundamental como lo es el DA, vinculado además al ejercicio de otros derechos humanos como el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, máxime que en la Cámara de Diputados todo el grupo parlamentario del PAN, con la Dip. Josefina Vázquez Mota a la cabeza, votó unánimemente a favor de dicha reforma constitucional”, señaló Víctor Suárez, director ejecutivo de la ANEC y de la Campaña “Sin maíz no hay país”.
Por su parte, Dinorah López de FIAN-México manifestó que “En el mundo, ante la crisis alimentaria, se levantan diferentes voces exigiendo coherencia en las políticas alimentarias y las obligaciones en materia del DA. Por ejemplo, mientras estas privilegien los negocios de grandes compañías que controlan las reservas de alimentos y lucran con ellas, mientras otras se apropian de los recursos productivos de los productores pobres, el derecho a la alimentación se seguirá violando, porque el Estado no cumple con su obligación de proteger, no le garantiza a su población estar libre de hambre, por la acción y el control corporativo del sistema alimentario. Amplias redes de organismos de investigación, promoción de derechos y de organizaciones sociales, que con muchísimo respaldo social en todo el mundo han logrado que su voz se escuche en el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO, exigiendo rigor en la valoración del impacto de las políticas públicas ante la crisis y que los estados nacionales tomen medidas que den certidumbre jurídica a los derechos. En el caso de México, un primer paso sería reconocer el DA y la garantía del Estado para cumplirlo y hacerlo cumplir en la Constitución.”
A las organizaciones que hemos hecho la petición desde hace 17 años, más las que se han sumado y seguido de cerca el proceso legislativo actual, nos preocupa que el grupo parlamentario del PRI llegue a un acuerdo con el del PAN, para eliminar de la propuesta las palabras “…que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”, texto al que el PAN se opone rotundamente, cuando en la misma constitución se puede encontrar otras acciones que el Estado, la federación, las entidades o algunas instituciones deben garantizar como:
a) Art. 116, IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
b) Art. 41, VI… y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.
c) Art. 122, C, V, La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
…
f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo
Como se puede observar, los ejemplos anteriores de la Constitución, todos tienen que ver con los “progresos democráticos electorales” del país, pero reflejan claramente las prioridades de los partidos políticos y tal vez ello explique la negativa del PAN, a la que podría sumarse el PRI, para evadir la garantía del Estado para cumplir con sus obligación en materia del DA y así caminar hacia una condición en la que en México ninguna persona, hombre o mujer, niña o niño, indígena o no, padezca hambre. Si el texto de la propuesta votada unánimemente por diputados en abril de 2010 se modifica, la iniciativa regresará a San Lázaro, perpetuándose el pinponeo de los legisladores a lo largo de una década.
Se acercan tiempos electorales, prioridad de los partidos políticos y según la lectura que desde las organizaciones en pro del Derecho a la Alimentación al ver lo que se refleja en la constitución cuando la palabra garantía aparece, muchas de las garantías constitucionales en este país parecen remitirse a lo electoral y no están asociadas a derechos fundamentales para mantener la vida, lo que podría explicar el por qué hay interés de los partidos mencionado en seguir dándole largas a esta reforma constitucional.
¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad no esperan!
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