En Hidalgo únicamente el 1.5% de los contratos es licitado públicamente y .5 por invitación restringida
Por Emmanuel Ameth
De acuerdo a la plataforma Compranet de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en lo que va del año, en Hidalgo 8 de cada 10 contratos totales son adjudicados directamente, en tanto del resto una cuarta parte es otorgada mediante invitación restringida (a cuando menos 3) y sólo el 15% es licitado públicamente.
Así, en el gobierno del priista Omar Fayad, las adjudicaciones y adquisiciones iniciadas desde el 1ro de enero y hasta el 8 de marzo sumaron 87 contratos por un monto de 236 millones 151 mil 210 pesos, de los cuales 69 contratos fueron adjudicados directamente, otros 4 lo hicieron por invitación restringida a cuando menos 3 participantes y por último, sólo 14 de los mismos se licitaron públicamente.
Adjudicaciones directas fuera de la ley
Aunque solo se contabilicen dos meses completos del actual ejercicio, en Hidalgo ya pueden apreciarse prácticas que se supone están prohibidas en materia de licitaciones, como lo es en el caso de las adjudicaciones, mismas que si bien tienen un techo de hasta 535 mil pesos, al menos a 4 empresas no les interesó romper dichos lineamientos, sintiéndose respaldadas por las mismas instituciones gubernamentales.
AA-913009982-E1-2018 El primer caso es el de Miguel Reyes Valdovinos, a quien la Secretaría de Contraloría adjudicó directamente un contrato por 1 millón 508 mil 646.5 pesos para la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres. La responsable de adjudicar directamente un contrato superior a los 500 mil pesos es María Verónica Hernández Valdez.
AO-813030993-E32-2017 El segundo caso es el de Grupo Gacsi, quienes fueron beneficiados por un contrato de 1 millón 118 mil 491 pesos para la rehabilitación de una cancha de usos múltiples. El responsable de dicho contrato es el alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza.
AA-913060995-E3-2018 El tercer caso corresponde a Inteligencia y Protección Integral Cerberus, quienes fueron beneficiados por una adjudicación directa de 537 mil 190 pesos para llevar a cabo vigilancia y seguridad privada en la Universidad Politécnica de Tulancingo cuyo responsable es José Reyes Baños Ortiz.
Por último la Secretaría de Contraloría a cargo de María Verónica Hernández Valdés, adjudicó directamente un monto de 5 millones 504 mil 310 pesos, mismo que dividió en 64 contratos para poder pasar desapercibido. El concepto, aparentemente es para llevar a cabo funciones de inspección y vigilancia, sin que conste convocatoria del por qué fueron escogidas las personas a las que se les asignó directamente la labor.
Licitaciones Públicas amañadas
Llama la atención que entre las licitaciones públicas que efectivamente se efectuaron, a pesar de la experiencia de los participantes y de que la compra de las bases tiene un costo, es muy notoria la diferencia entre el número de participantes y el de aquellos que continuaron con el proceso.
De los 14 contratos asignados de esta forma, se tomó como muestra 5 de ellos, toda vez que en su conjunto representan un monto superior a los 200 millones de pesos, donde de las 59 interesadas, apenas 18 se presentaron a la Junta de Aclaraciones y tan sólo 10 firmaron el Acta de Fallo.
No sólo llama la atención que la Junta de Aclaraciones se efectuara en plena navidad (26 de diciembre de 2017 a las 11:00) sino que las propuestas que se escogieron nunca fueron las de mayor viabilidad económica, pues de haber sido el caso, el gobierno estatal pudo ahorrarse más de 36 millones de pesos solamente en los 5 ejemplos aquí descritos.