Tampoco se le tomó declaración ni se le subministraron los antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH, lo que significa una falta grave en sus derechos humanos.
Regeneración 25 de julio de 2016.- Una mujer jornalera de 18 años, en condición de pobreza, fue raptada y violada por un hombre mayor que ella, pero además del trauma de ser abusada, fue revictimizada por las autoridades quienes no le informaron de su derecho a abortar.
Los hechos ocurrieron de la siguiente manera:
El 25 de marzo pasado, la joven fue al Ministerio Público de la Paz a interponer su denuncia, donde la atendió una funcionaria supuestamente especializada en delitos sexuales, misma que ni le tomó su declaración, ni le entregó antirretrovirales para atacar una posible transmisión del VIH, ni mucho menos le informó que tenía derecho a terminar con su embarazo.
El caso despertó la atención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, misma que a través de los senadores Martha Tagle, Diva Hadamira Gastélum, Angélica de la Peña, Jesús Casillas Romero y Gabriela Cuevas Barrón, enviaron un documento en el que emitieron emitieron tres puntos de acuerdo y criticaron la actuación de las autoridades estatales.
Cuando la joven solicitó una prueba de embarazo, y al recibir el resultado positivo, la agente del MP le explicó que el aborto “es un delito”, pero que podía dar en adopción al “bebé” y que la podían contactar con la asociación civil Provida que se encarga de adopciones en esos casos.
“A la joven víctima se le practicaron entrevistas psicológicas, cuatro ultrasonidos y dos exámenes médicos en relación a su estado de embarazo, pero la MP no solicitó la interrupción del embarazo de manera oportuna como debe ser en los casos de víctimas de violación sexual (…) En esas semanas la joven estuvo siendo acosada, incluso llegaron policías ministeriales interrogando y amedrentando a sus padres respecto del ‘delito de aborto’”, se lee en el documento.
Funcionarios del área jurídica del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer y del Hospital General de la Secretaría de Salud también le hablaron a la joven sobre los “peligros” de practicarse un aborto, haciendo énfasis en que era un delito”, y le dieron información “sesgada” acerca de las consecuencias de una posible interrupción del embarazo, como la “histerectomía (quitar el útero) o posibilidad de muerte”.
Pasaron seis semanas desde que se levantó la primera denuncia de violación a los derechos de la víctima para que el MP solicitara formalmente al Hospital General de la Secretaría de Salud ‘Juan María de Salvatierra’ la interrupción legal del embarazo para la joven. Por otro lado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, dijo que en el caso los derechos que le negaron son a la salud, a la interrupción legal del embarazo y a su testimonio, entre otros; y precisó que por el momento la investigación permanece abierta, pero no descartó que emita una recomendación a la Secretaría de Salud estatal y al MP.
Y aunque finalmente la víctima recibió el apoyo de asociaciones civiles feministas que operan en Baja California Sur y en la Ciudad de México, para ser trasladada a la capital, y practicarle la interrupción legal del embarazo de manera segura, sus derechos ya han sido pisoteados.
Desde 1999, cuando una niña de 13 años, llamada Paulina fue abusada sexualmente en la entidad, se sentó un precedente para las víctimas de delitos sexuales en México.
Luego del suceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso de Paulina y logró un acuerdo amistoso que firmó el Estado mexicano para no repetir hechos de esa naturaleza. Además se elaboró la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para la prevención y atención de víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Sin embargo, estos casos de criminalización del aborto siguen pasando en el País, evitando que las mujeres accedan plenamente a sus derechos y convirtiéndolas nuevamente en víctimas.
Vía Proceso