INE controvierte recorte presupuestal ante Suprema Corte

Pide el INE presupuesto suficiente ante Suprema Corte, la medida tomada carece de motivación o justificación. Se queja que diputados lo dejaron sin fondos

INE se queja ante Suprema Corte
INE se queja ante Suprema Corte

Regeneración, 7 de diciembre de 2021. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte por recorte que imposibilita sus funciones, además tomada sin debida motivación.

Por medio de redes sociales el INE dio a conocer su controversia constitucional en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

Mismo que fue publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación.

En dicho decreto, la Cámara de Diputados resolvió, entre otros aspectos, aplicar un recorte por 4. 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.

Y dice que el recorte determinado por el Legislativo, careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal.

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Además, que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral.

En particular, señala, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos.

Mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados, recuerda el INE.

Queja

«Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna», señala.

Al respecto el INE pide a la Suprema Corte que ordene a la Cámara de Diputados proveer  de los recursos necesarios.

Esto, para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado.

«Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley», puntualiza.

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Además, dice que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución.

Y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía, todo según dice el INE ante la Suprema Corte.