Un alto funcionario del gobierno duartista, quien durante tres años tuvo poder de decisiones económicas en el gabinete, confirmó que al menos 150 millones de pesos fueron los que se entregaron a 90 diputados de dos legislaturas
Regeneración, 29 de junio de 2017.- Durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, al menos 90 diputados veracruzanos recibieron sobornos por alrededor de 150 millones de pesos para aprobarle cerca de 500 leyes y decretos.
Gabriel Deantes, oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y secretario del trabajo, el secretario particular de Duarte, José Ramón Cardeno Shaadi y el líder de la fracción priista en la LXII Legislatura y hoy diputado federal, Jorge Carvallo Delfín, fueron los encargados de negociar con los legisladores veracruzanos.
Asimismo, Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la mesa directiva de la LXIII Legislatura y Juan Nicolás Callejas, presidente de la Junta de Coordinación Política, además del ex subsecretario de gobierno y actual diputado federal Erik Lagos Hernández.
Los diputados sobornados trataban de manera directa con Cardeno Shadi en distintos puntos, entre ellos el aeropuerto de El Lencero en Xalapa, capital de Veracruz. Y, los legisladores de “mayor rango” trataban directamente con el exgobernador Javier Duarte.
A Duarte le tocó trabajar con la LXII y LXIII Legislaturas, cuyos integrantes aprobaron principalmente leyes, reformas, nombramiento de un fiscal general y aprobación de las cuentas públicas de seis ejercicios fiscales.
Hoy, el exgobernador está preso en Guatemala y ha aceptado su extradición a México. Se le acusa de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público. Dicho dinero fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
Pero mientras esto sucedía, los legisladores veracruzanos también eran corrompidos por el mismo jefe del Estado.
En un audio que circula en redes sociales, se escucha a la presidenta de la mesa directiva del Congreso anterior, Octavia Ortega Arteaga y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ambos del PRI, cuando parecen confirmar que los legisladores recibieron dinero para aprobar las iniciativas de Duarte.
Ortega Arteaga le dice a Nicolás Callejas que ya habló con el gobernador, porque algunos legisladores estaban pidiendo más dinero.
“Ya hablé con estos cabrones, les dije que se dejaran de pendejadas, que nuestro jefe es Duarte y que los chocolates que reciben de él no salían de la nada. Con la misma disposición que reciben los chocolates, que igual saquen las iniciativas”, dice la legisladora.
Mientras el ex presidente de la Junta de Coordinación Política dijo:
“Ya están planchados, los de casa. De los de casa me encargo yo. Tú céntrate en los demás. Por aquí no podemos hablar mucho, tú lo sabes. Si nos vemos al rato donde mismo platicamos. Ya quiero verte”.
Un alto funcionario del gobierno duartista, quien durante tres años tuvo poder de decisiones económicas en el gabinete, confirmó que al menos 150 millones de pesos fueron los que se entregaron a 90 diputados de ambas legislaturas.
Según la fuente, los 27 diputados de las fracciones tricolores en ambas legislaturas, recibían cada uno al menos dos millones de pesos al año, por aprobar las votaciones que le interesaban a Duarte de Ochoa, como endeudamiento, aprobación de cuentas públicas, creación de fideicomisos, entre otras.
Los legisladores veracruzanos, fueron cómplices de Javier Duarte al aprobar iniciativas como la bursatilización de la Tenencia Vehicular y la reestructura de la deuda pública, que derivó en un sobre endeudamiento del Estado.
Pero no solo los priistas fueron cómplices, los legisladores del PAN, PRD y AVE, también votaron hasta en un 60 por ciento a favor de Duarte.
En 2015 por ejemplo, los diputados locales de Veracruz aprobaron 110 leyes y decretos, el 80 por ciento fueron iniciativas enviadas por el gobernador. De éstas, el 70 por ciento eran leyes o decretos o reformas a leyes existentes que le permitían o allegarse de más recursos, o tener control de órganos que revisaban finanzas, o cobraban servicios o subsidios que nunca se pagaron y se quedaron a deber.
En 2015 el IMCO reportó al Congreso de Veracruz por malas prácticas, al detectar que aprobó 169 millones de transferencias, subsidios, y otras ayudas, que fueron directo al rubro de ampliaciones presupuestales de los Diputados, por conceptos desconocidos.
Con información de Noreste