Por Centro de Derechos Humanos @Tlachinollan*
El tema que empujó a los padres y madres de familia de los 43 estudiantes normalistas desparecidos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, para abrir las puertas de la PGR, SEGOB y la residencia oficial de los Pinos, fue su persistente exigencia de buscar a sus hijos con vida.
Ninguna autoridad sopesó la gravedad de la tragedia. Las autoridades del estado trivializaron el caso de los 43 jóvenes desaparecidos, al comentar que los estudiantes se encontraban escondidos en sus casas. Con total desparpajo filtraron la información de que los estudiantes caídos tenían vínculos con la delincuencia organizada. Por su parte el Presidente de la República Enrique Peña Nieto comentó a los cuatro días de los deleznables hechos que la administración estatal debe asumir su responsabilidad ante la situación que padece esa entidad “hay que dejar espacio y dimensión a lo que ha pasado ahí, que merece en Iguala una investigación de lo que ha ocurrido, pero aquí (se está) demandando que el gobierno del estado asuma su propia responsabilidad de lo que está pasando. Actuaremos a partir, obviamente, de las propias actuaciones que tenga el gobierno del estado, la propia responsabilidad que debe asumir frente a este tema.”
Ante tal indolencia de los tres niveles de gobierno, la primera acción conjunta y decidida que realizaron los padres y madres de familia, fue trasladarse a Iguala para buscar a sus hijos. Los mismos estudiantes, que se encontraban temerosos de que fuera a suceder otra agresión, no tuvieron otra alternativa que acompañarlos. Esto mismo hizo el grupo de compañeros defensores y defensoras que desde el 27 de septiembre llegaron a la Normal para apoyar y representar jurídicamente a los papás y mamás.
Los padres y madres de familia al constatar el trato preferencial que el secretario de gobernación les daba a los estudiantes del Politécnico, se trasladaron a la ciudad de México y emplazaron al subsecretario Luis Enrique Miranda para que concertará una reunión el mismo día 10 de octubre, con el titular de la SEGOB Miguel Ángel Osorio Chong y con el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam. El encuentro se realizó por la tarde en las instalaciones de la PGR. Además del secretario Miguel Ángel y del procurador Jesús Murillo, estuvo presente Aurelio Nuño Mayer, jefe de la oficina de la presidencia de la República. Fue una reunión difícil, ríspida, porque los padres exigían a las autoridades que primero los escucharan. El formato no les cuadraba a las autoridades, sobre todo porque el micrófono quedaba en manos de los papás y mamás, que en todo momento reclamaban su desatención y falta de compromiso para buscar a sus hijos. De inmediato las autoridades trataban de responder o de pedir que les dejaran hablar. Esta disputa de la palabra cobró su cauce, hasta que se hizo ver a las autoridades, que el gran problema que vivimos en México es que a las víctimas no se les da el tiempo necesario para escucharlas y atenderlas como se merecen.
El punto central que plantearon los papás y mamás fue la búsqueda de sus hijos con vida. En esta reunión se asumió el compromiso de que la secretaría de gobernación presentaría un plan de búsqueda que garantizaría la participación de los padres. Las instrucciones del secretario fueron precisas; la gendarmería nacional se encargaría de realizar esta búsqueda y el mismo sábado 11 de octubre se formarían tres grupos que programarían las horas de salida y los lugares que recorrerían. Este acuerdo reanimó a los familiares de los 43 estudiantes porque les daba la certeza de que con la participación de la Nueva Gendarmería la búsqueda sería más intensa porque no solo contarían con protección policiaca, sino que se incorporarían elementos con capacidad para desplazarse a lugares de difícil acceso.
Poco duró el entendimiento entre lo que esperaban los padres y lo que realmente ofrecía y hacían los elementos de la gendarmería. El plan de búsqueda quedó supeditado a la información que los padres y madres de familia proporcionaban diariamente a quienes coordinaban los operativos. Lo que más desconcertó a los papás fue la falta de trabajo de inteligencia, de reconocimiento previo del lugar y del aseguramiento de la zona. Salían como regularmente hacen los operativos policiacos y militares en las ciudades; muy anunciados, muy apertrechados y poco efectivos por lo aparatoso de su equipo, que solo puede trasladarse a los lugares donde hay caminos transitables.
Las quejas más comunes de papás y mamás es que los policías al llegar a un poblado solo se limitaban a caminar por una o dos calles y de ahí se subían a sus vehículos para retornar. Se negaban a caminar y hacer un reconocimiento del lugar. En las primeras búsquedas que hicieron en la periferia de Iguala como a Pueblo Viejo y la colonia Sol Azteca notaron que su presencia era para respaldar el trabajo de búsqueda que hacían los papás. Ellos eran los que en realidad se desplazaban y hacían los recorridos, los que se arriesgaban a meter a lugares de difícil acceso. Fue decepcionante cuando llegaron a una Iglesia que se ubica en el municipio de Tepecuacuilco. Ahí los elementos policíacos comentaron a los padres que no se podía entrar porque la puerta tenía candado, sin embargo, se comprometían a buscar al cura para conseguir las llaves y regresar al siguiente día para corroborar si dentro del inmueble había algunas personas.
La búsqueda en terreno fue muy limitada. Los papás no lograron convencer a los miembros de la gendarmería para que se hicieran recorridos a pie, que se peinara la zona con muchos elementos antes de realizar el recorrido y que estuvieran dispuestos a llegar a los puntos de difícil acceso. Lo que ofrecían eran los sobrevuelos en helicóptero, las tomas fotográficas para ubicar los puntos y los recorridos vía terrestre con sus patrullas. Su aporte era proporcionar elementos policíacos, equipo para el traslado y la ubicación de los puntos. Han sido meses de desgaste en la búsqueda, de frustración y enojo de los padres por las reticencias sistemáticas de los coordinadores de la búsqueda para cumplir al pie de la letra con el plan de búsqueda que plantean los padres y que requiere desplazamientos largos y de difícil acceso.
La última experiencia que desanimó más a los papás, fue cuando se pidió el apoyo directo al secretario de gobernación para que dispusiera de más elementos con la intención de hacer un operativo de gran magnitud. El plan no resultó como los papás lo esperaban, porque el trabajo que hizo el avión no tripulado ubicó unos puntos, pero a la hora de hacer el recorrido en el terreno, esos puntos marcados no resultaron ser los que habían ubicado previamente los padres. Lo constataron, porque todos los puntos que recorrieron quedaron a pocos metros de las brechas. Para los papás esto no era creíble porque ubicaron lugares que necesariamente requerían varias horas de camino. Además con las fotografías y videos que sacaba el avión, a decir de la gendarmería, no había pistas que indicaran que había personas en los puntos más recónditos.
Varios padres que se han entregado de tiempo completo a la búsqueda tienen mucho que decir sobre el trabajo que realizó la gendarmería en estos tres meses. A decir de los papás, se dio una búsqueda simulada, superficial, que se limitó a transitar por los caminos menos escabrosos y que dejó en los equipo que hacían los sobrevuelos los resultados de esa búsqueda. No hubo interés ni compromiso de subir las serranías, de llegar a los puntos más intricados donde los papás tienen información de que hay datos importantes que se tienen que corroborar, pero no solamente con lo que facilita e informa la nueva tecnología, como la que proporcionan los aviones no tripulados, sino con la que se obtiene con los propios ojos y las propias manos que pueden ver y tocar lo que están buscando con toda su fuerza y todo su amor. A pesar del informe que gobernación entregó a los padres sobre los más de 120 puntos de búsqueda que han realizado hasta fines de noviembre, este documento ha dejado de ser importante porque las fichas y fotografías que contiene están elaboradas para justificar el trabajo de búsqueda del gobierno, desatendiendo los planteamientos y demandas concretas de los padres y madres para hacer más efectiva la búsqueda.
Esta decepción ha llevado a los papás y mamás a pensar en otra alternativa que realmente apoye sus esfuerzos para dar con el paradero de sus hijos. Han diseñado en estos días un plan de búsqueda ciudadana, que implica la participación de la sociedad. Ante el clima de violencia e inseguridad que impera en el estado, los papás y mamás han pedido el apoyo a los diferentes grupos de la policía comunitaria y de la policía ciudadana para que puedan brindar la protección y el respaldo necesarios que les permita transitar por lugares difíciles y de alto riesgo, donde los grupos del crimen organizado han suplantado a las autoridades y se han erigido como los amos y señores de las regiones más inhóspitas.
Ante la incapacidad del Estado de encontrar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos, es la gente de a pie, la que ha sido víctima de la violencia, quien se pone en la primera línea con sus policías comunitarios para acompañar a los papás y mamás en la búsqueda de sus hijos. Este es la apuesta más importante que hacen los padres en este inicio de año, para alcanzar el sueño más anhelado de todos los mexicanos y mexicanas que hemos alzado la voz, de encontrar con vida a los 42 estudiantes normalistas que han marcado el nuevo derrotero de nuestro país.
Fuente: http://www.tlachinollan.org/
(Regeneración 14 de enero del 2015)