“Me voy, pero no me iré solo. Yo no soy el único responsable”, repitió una y otra vez Ángel Aguirre a los senadores del PRD que consultaron con el mandatario estatal ante las versiones insistentes de su salida
Por Jenaro Villamil | Homozapping
Regeneración, 27 de octubre de 2014.-A mediodía del martes 21, en medio de la discusión sobre el proyecto de dictamen de la “desaparición de poderes” en Guerrero, una orden surgida desde Los Pinos la posición original de la bancada del PRI en el Senado, ante la salida de Ángel Heladio Aguirre como gobernador de Guerrero y afloró las contradicciones al interior del PRD sobre la permanencia del político ex priista.
-Ángel Aguirre va a caer. Es cuestión de horas –le confió René Juárez, senador del PRI y ex gobernador de Guerrero, a un grupo de legisladores del PRD, en pleno debate en el pleno sobre la propuesta del PAN para iniciar el procedimiento de decreto de “desaparición de poderes”.
“Me voy, pero no me iré solo. Yo no soy el único responsable”, repitió una y otra vez Ángel Aguirre a los senadores del PRD que consultaron con el mandatario estatal ante las versiones insistentes de su salida.
Pocos sabían que para ese momento, quien ya había negociado la salida de Aguirre era el propio dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, el mismo que propuso el sábado 18 de octubre, en la reunión del Consejo Nacional perredista que la caída del mandatario estatal era una “salida fácil” que respondía a “linchamientos públicos”.
La corriente dominante de la cúpula perredista, Nueva Izquierda, en alianza con otros grupos como Alternativa Democrática Nacional se impuso en ese resolutivo y rechazó la propuesta del senador Alejandro Encinas, quien a nombre de la Coalición de Izquierda se pronunció “de manera categórica” a favor de “la separación inmediata del gobernador”.
Al día siguiente de ese Consejo Nacional, el domingo 19 de octubre, tanto el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, como Encinas se pronunciaron públicamente a favor de la salida del gobernador Aguirre en Guerrero como un signo de “distensión social” y porque “ayudará a las investigaciones”.
Barbosa afirmó que creía en la honestidad de Ángel Aguirre, “no lo vemos vinculado al crimen organizado”, pero advirtió que “debemos de atender reclamos sociales tales como en Guerrero”.
“Cada vez se descomponen más las cosas y vemos que la licencia de Ángel Aguirre podría ayudar a la distención social y ayudar a la investigación”, insistió Barbosa, quien también admitió que ya existe un “costo social” para el PRD por la crisis de Guerrero.
Alejandro Encinas consideró que Ángel Aguirre “ya no es un interlocutor válido, no con los estudiantes sino con muchos sectores de la sociedad guerrerense. Hay una situación de ingobernabilidad”.
Para Encinas, lo más grave es “el surgimiento todos los días de fosas con cadáveres y muertos que dan cuenta de un clima de ingobernabilidad en el estado”.
El martes 21, el PRI cambió su posición, dejó sólo al PRD y modificó el proyecto de dictamen de la Comisión de Gobernación que originalmente consideró como “improcedente” la solicitud panista para decretar la “desaparición de poderes” de Guerrero. Los coordinadores del PRI y del PAN, Emilio Gamboa y Jorge Luis Preciado, negociaron establecer como plazo máximo el 30 de octubre para que una comisión senatorial determinara si existían o no condiciones de ingobernabilidad en la entidad.
En tribuna, quien encabezó la defensa de Aguirre, fue el senador Sofío Hernández, perteneciente al equipo del ahora ex gobernador guerrerense. “No aceptamos condena social ni linchamiento político”, afirmó el político, quien desde cinco días antes ya había renunciado al PRD.
En rueda de prensa, Sofío Hernández también le demandó al PRD y al Ejecutivo federal que asumieran su responsabilidad política ante la crisis detonada por el secuestro de 43 normalistas en Iguala. “Ángel Aguirre no puso al candidato José Luis Abarca, lo puso el PRD. Y si de corresponsabilidad política se trata, pues por cuestión de competencia, está acreditado que ahí participó el crimen organizado, y es competencia que le corresponde al Ejecutivo federal”, afirmó.
Mientras esto sucedía en el Senado, Carlos Navarrete ya negociaba en la Secretaría de Gobernación los términos de la salida de Aguirre para dejar como interina a Beatriz Mojica, secretaria de Desarrollo Social, e integrante de la corriente conocida como Los Chuchos.
Aguirre enfureció cuando se enteró de esta negociación. Encareció su salida y advirtió: “no me voy a ir como asesino”.
La Fractura con Los Chuchos
El jueves 23, en vísperas de que Angel Aguirre presentara su solicitud de licencia a las 18 horas, una nueva versión se esparció al interior de la bancada del PRD en el Senado: Jesús Zambrano, ex dirigente nacional y perteneciente a Los Chuchos, se habría reunido el 29 de septiembre con el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, acusado de ser el responsable del ataque a los normalistas, de vínculos con el crimen organizado, y señalado por René Bejarano como autor intelectual del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros militantes del PRD, ajenos a la corriente de Nueva Izquierda.
La huida de Abarca vincula también a funcionarios de Morelos, entidad gobernada por Graco Ramírez, otro perredista perteneciente a la corriente de Los Chuchos.
La columna “Fray Bartolomé”, del periódico Reforma, publicó el viernes 24 lo siguiente:
“Resulta que el ex dirigente nacional perredista se reunió el lunes 29 de septiembre con el hoy prófugo alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien habría pedido protección a Zambrano, de acuerdo con lo que se les informó a los legisladores de ese partido”.
En la tarde del mismo jueves 23, en el seno del PRD y de la bancada del partido en el Senado se abrieron más las grietas en contra de Nueva Izquierda.
René Bejarano, cabeza de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), propuso que en su comunicado oficial, Carlos Navarrete incluyera “las responsabilidades del gobierno federal” y planteara “la necesidad de que se evalúe la permanencia en sus cargos de los principales responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia a nivel nacional”.
Los diputados locales de Guerrero, presentes durante la reunión, estuvieron de acuerdo con este agregado, pero Navarrete rechazó esta inclusión. Su comunicado no hizo referencia a ninguna corresponsabilidad federal en la crisis de Iguala.
A las 21 horas, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, distanciado de la corriente de Los Chuchos a la que perteneció, ofreció una rueda de prensa para condenar “cualquier negociación” que haya ocurrido para nombrar a un interino. Y le puso nombre a su veto: Beatriz Mojica Morga, secretaria de Desarrollo Social y vinculada a la corriente de Nueva Izquierda.
“Se equivocan quienes pueden pensar que pueda haber una negociación que acomode el nivel de profundidad al que se llegue en la investigación”, afirmó Barbosa e insistió que el gobernador interino debe tener “un perfil ciudadano, no partidario”.
En la misma conferencia de prensa, el senador por Guerrero, Armando Ríos Pitter insistió que el problema de su entidad no se resuelve con la solicitud de licencia de Angel Aguirre. Recordó que, “por lo menos hay 10 grupos del crimen organizado y señalamientos de grupos guerrilleros que han vuelto a lanzar su voz desde la sierra”.
“El principal problema que hoy tenemos en el estado es la pérdida de confianza de la ciudadanía en la clase política”, tras los hechos de Iguala y Ayotzinapa.
Esa misma crisis ya arrastró al propio PRD y a la corriente dominante, encabezada por Carlos Navarrete, Jesús Zambrano y Jesús Ortega.