La consulta es apenas un primer episodio de una serie de batallas que los mexicanos tendremos que librar en esta guerra contra la vida que, con cinismo, los poderosos han declarado.
Por José Arreola |
Nadie puede llamarse a engaño. La furibunda campaña contra la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no es –como se pretende imponer a la opinión pública mediante los “análisis” de tinterillos disfrazados de periodistas– un tema de legalidad o de legitimidad, ni de viabilidad o transparencia, ni, mucho menos, de una defensa de la tan añorada democracia mexicana. La razón principal para atacarla es un odio incontenible hacia las millones de personas que el 1 de julio, a través del voto como herramienta de cambio, buscaron una alternativa ante la rapacidad de aquellos que sumieron al país en una crisis económica, social y humanitaria profunda. Es un desprecio social cimentado en la idea de que quienes expolian a México, siempre bajo el manto del Estado, son los únicos capaces de decidir el rumbo del país; de que el dinero, las inversiones y los “costos beneficio” son los factores que determinan la vida y la muerte de millones de personas.
Esta semana, en la que del 25 al 28 de octubre se realizara la consulta, la andanada de “argumentos” en contra va en ascenso. Para José Woldenberg, el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debería rectificar porque la consulta no es “legal”, ni “pertinente”, ni “jurídicamente” viable. Más aún, desde su perspectiva, se trata de un ejercicio válido sólo si se considera al gobierno electo como un “grupo de particulares” y no como representante de una voluntad popular. [1] Woldenberg olvida, por supuesto, a los treinta millones de mexicanos que no son un “grupo de particulares” y que, en un ejercicio tan apreciado por él, optaron por una propuesta política que hoy los hace partícipes de una decisión trascendental. En la misma dirección, pero con honestidad de bestia herida, Diego Fernández de Cevallos califica la consulta como un “sainete”, “simulación” y “pantomima”. [2] Sin embargo, la soberbia y la arrogancia de ambos personajes no son capaces de ocultar, con todo su coraje de clase sobre la mesa, que en un escenario inédito, generado por la resistencia social, los “gobernados” son escuchados por los “gobernantes” antes de tomar una determinación sobre un tema de interés general.
El aeropuerto en Texcoco, como atinadamente han señalado los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, es un jugoso negocio que está en manos de unos cuantos empresarios. Según Pamela Ventura, PODER –organización dedicada a la investigación en transparencia y rendición de cuentas– reveló que el 51% de los contratos del NAIM fueron concedidos a Carlos Slim, Bernardo Quintana, Carlos Hank Rhon, Gerard Rivero y Olegario Vázquez Raña. A decir de PODER, “78 por ciento del importe total contratado para la construcción se concentran en 15 contratos” mismos que fueron adjudicados, en su mayoría, a las empresas de los magnates mencionados pues participaron en las licitaciones en calidad de “consorcio”. [3] Son estos empresarios los que, sin rubor, hablan de las afectaciones millonarias derivadas de la cancelación del NAIM. En otras palabras: por encima del interés general de millones de mexicanos, defienden sus intereses particulares que, como se ha documentado ampliamente, tienen ya consecuencias terribles para el medio ambiente en la zona del lago de Texcoco. Por eso, resulta significativamente revelador que sea José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien sin tapujos señale que con la consulta sobre el NAIM se pone en juego “la capacidad futura y el apetito por el financiamiento de nuevas obras de infraestructura”. [4] Es decir, que de cancelarse el aeropuerto en Texcoco, los poderosos, los empresarios, sufrirían un revés en su voraz avance; su apetito por el financiamiento se enfrentaría a un dique impuesto por la población movilizada.
En el caso del aeropuerto se mide pues la fuerza de una población cansada de las políticas neoliberales que, lejos de beneficiar, han perjudicado al país trayendo como resultados “costos maleficio”. Distintos sectores de la población mexicana rechazan, desde diferentes perspectivas, el aeropuerto en Texcoco. Sin embargo, los “líderes de opinión” consideran, entre rabietas y enojo, que tales sectores no deberían siquiera opinar porque no son “especialistas” en el tema. Federico Reyes Heroles anota, por ejemplo, que “Los asuntos técnicos no deben ser sometidos a los vaivenes de la opinión pública” y se pregunta “¿Acaso se consulta el diseño de un quirófano o la cimentación de un muelle?”. [5] Reyes Heroles pretende desviar todo el problema a un asunto “técnico”, tratando de ocultar que el problema real es político y de intereses económicos. Las consideraciones técnicas y otros aspectos legales fueron simplemente ignorados al iniciar la construcción del megaproyecto. Lo que se está consultando no es, como con su pobre analogía sugiere, solamente el “diseño” del “quirófano” sino también dónde y con qué recursos se construye para no perjudicar al medio ambiente, para no poner en riesgo una zona ecológica de por sí complicada, para respetar la naturaleza y la vida de los pobladores, para, en fin, beneficiar no sólo a los “diseñadores” sino, sobre todo, a quienes tienen todo el derecho de decidir si el “quirófano” en cuestión es o no una prioridad.
Nadie puede llamarse a engaño. La movilización social, férrea y dignamente encabezada por el FPDT, es la que ha puesto en jaque a los dueños del dinero. Será ésta, finalmente, la que decida el futuro inmediato en cuanto al tema del aeropuerto. Del mismo modo, nadie puede negar que la consulta es, en estos momentos, una vía complementaria de la acción en las calles. Se trata de una herramienta apenas mínima en la que la población puede, y debe, expresarse. Contra ese minúsculo instrumento, los poderosos vuelcan su ira y su frustración y ello es un buen indicador del miedo que le tienen a una población políticamente activa.
Nadie puede llamarse a engaño. La consulta es apenas un primer episodio de una serie de batallas que los mexicanos tendremos que librar en esta guerra contra la vida que, con cinismo, los poderosos han declarado.
Por eso, la participación en la consulta es necesaria. Por eso, la participación en la marcha convocada por el FPDT este 25 de octubre es indispensable.
Nadie se llame a engaño: el futuro del país está en Atenco.
Notas:
[1] Véase https://www.eluniversal.com.
[2] Véase http://www.milenio.com/
[3] http://www.elfinanciero.com.
[4] Véase https://www.eluniversal.com.
[5] Véase https://www.excelsior.com.mx/
Vía Rebelión