Con la idea de imponer el gasoducto Tuxpan-Tula que la empresa TransCanada pretende hacer en la Sierra Norte de Puebla en complicidad con el gobierno mexicano, ambos han violado el carácter previo de la consulta a los pueblos originarios, pues ya hay un “proceso avanzado” que se ha desarrollado sin “informar, consultar y obtener el consentimiento” de los pobladores afectados.
Leticia Ánimas
Regeneración, 25 de diciembre de 2016. Pahuatlan, Puebla.- Miembros del Foro Permanente de Defensa de los Derechos Humanos calificaron como una simulación a la integración de un comité de “garantías” para la supuesta consulta y ejecución del gasoducto Tuxpan-Tula que la empresa TransCanada pretende hacer en la Sierra Norte de Puebla.
Luego de que la Secretaría General de Gobierno (SGG) del estado dio a conocer la integración de un «órgano garante» del proyecto que atravesará por siete municipios serranos que “dará asesoría con la participación de técnicos y asesores de las localidades” y observadores de “instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil”, pero habitantes de los municipios de Tlacuilotepec y Pahuatlán que participan en el foro cuestionaron su legalidad y legitimidad.
Indicaron que las autoridades y la empresa sólo buscan justificar un proceso realizado previamente con violaciones a los derechos reconocidos en la Constitución, como el de la participación en la planeación del desarrollo, previsto en el artículo 26.
Lo que quieren TransCanada y el gobierno a través de la Secretaría de Energía (Sener) -dijeron- es justificar las reuniones que ya han realizado en las que la información “se ha dado de manera unilateral y no se ha permitido a los pueblos indígenas buscar asistencia técnica independiente, negándoles así su derecho a un recurso efectivo”.
Señalaron que a través de su filial Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), la empresa canadiense, en complicidad con el gobierno mexicano, han violado el carácter previo de la consulta a los pueblos originarios, pues ya hay un “proceso avanzado” que se ha desarrollado sin “informar, consultar y obtener el consentimiento” de los pobladores afectados.
Pero además el resultado de la supuesta consulta que desarrollan no tiene carácter obligatorio, pese a que está prevista en diversos tratados internacionales.
“El derecho a la consulta y al consentimiento no restringe el derecho de la población a participar en los procesos democráticos de planeación; protege de manera especial a los pueblos indígenas dada su situación de vulnerabilidad; pero el desarrollo, bajo la rectoría del Estado, debe definirse en procesos abiertos e incluyentes de participación democrática que ponga límites a la arbitrariedad estatal, como lo prevé el artículo 26 constitucional”, añadieron.
Además, dijeron los miembros del Foro, según la escasa información que se ha dado, los beneficios para los pueblos afectados son inexistentes, por lo que demandaron la cancelación oficial y definitiva del gasoducto Tuxpan-Tula que transportará gas natural para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
La instalación de la tubería de más de 260 kilómetros en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, ha desatado la inconformidad en los municipios de Tlacuilotepec y Pahuatlán y de habitantes de la sierra otomí-tepehua que constituyeron el Consejo Shangú-Yamui (Muchos corazones”.