Por Víctor Esparza @vicesparza victor.mx
Regeneración. Junio 19, 2014 Monterrey, NL.- En medio de la (a estas alturas) cansina discusión entre ‘enajenados del fútbol’ y ‘antifutboleros, de las ilusiones de muchos depositadas en 11 encamisados verdes -o rojos, según disponga la FIFA- y del atraco a la nación convertido en legislación aprobado por unos pocos que nos representan (sic), hay un tema que por su trascendencia pide a gritos no pasar desapercibido: las polémicas declaraciones del senador panista por Jalisco, José María Martínez y Martínez, presidente de la recién establecida Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, la cual apunta más a un reencarnación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición que a otra cosa.
Haciendo un poco de historia antes de entrar en materia, esta comisión -que en palabras de la senadora perredista Angélica de la Peña resulta incongruente con la auténtica misión del Senado- fue creada el 25 de febrero, e instalada con formalidad el pasado 12 de junio, con el propósito de «defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias», y con más detalle: revisar el marco normativo en el que se establezca lo relacionado a la familia, su protección y desarrollo; estar en comunicación con instituciones públicas y privadas dedicadas a las familias y la asistencia social para conocer sus necesidades y presentar proyectos para cubrirlas; elaborar la normatividad, política, planes y programas de desarrollo humano y asistencia social en el país; promover investigaciones, foros y documentos para el diseño de políticas públicas que tutelen la reunificación familiar y el desarrollo humano integral.
Por encima de la validez o no de que se dediquen desde el Senado recursos humanos, administrativos y económicos para velar por el cuidado de los derechos humanos de las familias (¿qué no tendrían que velarse los de cualquier humano que tenga su par de pies posados en territorio nacional?), la puerca tuerce el rabo cuando en el discurso correspondiente, Martínez y Martínez proclama sin tapujo su preocupación porque «la moda» del matrimonio gay está siendo apoyada desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y diversos gobiernos estatales, declarando su frontal convencimiento en apoyar «la familia desde ese concepto de los lazos naturales que han predominado a lo largo de la historia y ha resistido embates de modas y tendencias. Ese concepto es el que hoy nos interesa y nos significa en esta Comisión trabajar».
¿Corresponde al Estado -o en este caso a sus representantes- erigirse censores morales de la sociedad para dictar criterios sobre lo que debe entenderse por familia? ¿El concepto emergido tendría la potestad de atropellar y descalificar cualquier otro que no empatice con sus principios? ¿La definición de una entidad que conlleva implicaciones legales como es la familia habría de apegarse al tradicionalismo predominante «a lo largo de la historia» en lugar de adecuarse a necesidades y exigencias contemporáneas? ¿La intolerancia es un recurso más a la mano para cualquier político o comisión gubernamental cuando están disponibles el diálogo y el debate de ideas?
Aún con los asegunes que a título personal podría poner sobre la mesa respecto a la conformación de una familia encabezada por una pareja homosexual, me decanto profundamente en contra de la moralización de la ley y que ésta se sujete a las arcaicas y escrupulosas interpretaciones morales y religiosas que nuestros representantes (sic nuevamente) llevan en sus obtusas mentes, aprovechando cualquier resquicio de poder para aparecer en forma de intransigencia y obcecación. Por una sociedad informada, plural, y en plenitud para ejercer su libertad, no cesemos en denunciar esta clase de atropellos.