La ley que autoriza a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad pública, desgasta su credibilidad, señala la Arquidiócesis de México.
Regeneración, 24 de diciembre de 2017.- La Iglesia católica mexicana declaró que la polémica Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, desgasta la credibilidad de los militares y no acaba con la corrupción, e instó a reforzar los cuerpos policiales.
«Las Fuerzas Armadas gozan de la mayor credibilidad entre todas las instituciones del país; sin embargo, el desgaste de los elementos castrenses incide en esta pretendida eficacia de una guerra que debe combatirse a través de otros elementos debidamente calificados», indicó la Arquidiócesis de México en vísperas de la nochebuena.
En un editorial publicado en el semanario Desde la Fe, la Iglesia instó a que esta nueva ley sea «efectiva» y considere «la progresiva y adecuada intervención de fuerzas civiles dotadas de tecnología y profesionalización».
«En esto es urgente un modelo efectivo de mando policial», agregó el texto.
Por ello, la Ley de Seguridad Interior debería «cubrir cualquier laguna porque nada en este tema debe darse por sentado o por libre interpretación, y menos al arbitrio discrecional de gobernantes a los que se ha probado nula capacidad para resolver problemas y más bien fueron aliados de grupos criminales».
Por último, la Iglesia católica instó a «vencer la corrupción y la impunidad», y remarcó que los militares en las calles «aminoraron un camino hacia el desastre», pero no son la solución.
Recordó además que las estrategias de seguridad «son cuestionadas por las cifras que cuestan a una sociedad agobiada por la violencia», mientras aumentan los delitos de alto impacto.
«La urgencia principal es que esta legislación tenga como eje rector el respeto total de los derechos humanos de los ciudadanos que quieren vivir en paz, ese es el mejor deseo de Navidad», concluyó.
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el jueves pasado la Ley de Seguridad Interior, pero dijo que no emitiría ninguna declaratoria de seguridad hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera sobre su constitucionalidad.
El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia.
Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando desde 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico, para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 230 mil muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30 mil desaparecidos en este periodo.
(Agencia EFE)