Por Pedro Cagigal/ Alai*
Muchas palabras se han ido incorporando al discurso de activistas y políticos desde la popularización de los medios digitales: libre, abierto, compartir, transparencia, red y demás. Si bien parte del léxico parece afín a la izquierda y ha sido promovido como tal, en realidad estos términos transitan indiscriminadamente en los más variados discursos políticos.
En lo que parece ser un giro del capitalismo, vemos como compañías basadas en lo digital empiezan a ganar terreno a las usuales corporaciones predominantes de banca, minería y petróleo. En diciembre 2014, Apple reportó el mayor ingreso trimestral generado por una corporación en la historia. En 2013, WhatsApp, una compañía con cerca de 50 empleados y una infraestructura pequeña, fue adquirida por Facebook por 19 mil millones de dólares (12 de los cuales fueron pagados con acciones). Mark Zuckerberg (co-fundador de Facebook) pagó no solo por el nombre y la red establecida, sino también por la información de sus 400 millones de usuarios, o mejor dicho, por esos usuarios; y así, por la eliminación de la competencia. Hay muchos ejemplos de este tipo de adquisiciones y fusiones, muchas startups están diseñadas para ser compradas por grandes corporaciones. Esta nueva cara del capitalismo revela la tendencia hacia la estructuración en monopolios de la economía digital y cognitiva. Recordemos que cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de monopolios legales sobre conocimientos, saberes y productos culturales.
En la bolsa, las compañías dependen de la valoración abstracta y especulativa de su marca –propiedad intelectual–. Esta valoración está atada a la infraestructura y reputación de la empresa (tamaño, eficiencia, mercado y capital simbólico), pero también tiene que ver con la ‘posesión’ y monopolio de conocimientos e información. El acaparamiento, clasificación y nuevos sistemas de análisis de datos masivos son la tendencia, así mismo, la acumulación de patentes. La economía digital se ha estructurado en base a la transacción comercial de la información e innovación generada, recopilada y apropiada. Mucho de este comercio se hace bajo las normas de propiedad intelectual internacional: patentes, marcas y copyright. Sin embargo, la información que producimos al navegar, e incluso parte de lo que voluntariamente dejamos en diversas aplicaciones en la red, no está sujeta a reclamo de autoría, sino a los términos y condiciones de cada sistema. En resumen: si usas esta tecnología, aceptas obligatoriamente todas las condiciones impuestas (incluso a entregar tu alma inmortal, como una aplicación de videojuegos británica irónicamente incluyó en sus términos de uso).
Términos en disputa
En el sistema de propiedad intelectual global ha existido una tendencia histórica a proteger más y por más tiempo a los poseedores de los derechos de comercialización –no necesariamente los autores–. Sin embargo, los derechos sobre los contenidos y datos creados por los usuarios en la red han sido completamente descartados de las normativas autorales. Europa ha establecido algunas regulaciones iniciales sobre la información en red. Por ejemplo, se establece la necesidad de autorización sobre la venta de datos a terceros, sin embargo la opción sigue incluida en los términos que debes aceptar para acceder. También se ha establecido el derecho a ser olvidado, algo polémico, pues quienes más lo solicitan son personas con antecedentes penales. Si bien el derecho a rehacer su vida es legítimo, hay sectores que consideran que ciertos delitos graves o de alta corrupción no deberían ser olvidados. Por supuesto, para quienes pueden pagárselo, hay empresas que se dedican a borrar “huellas digitales”, más allá de las normativas.
Después de las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia masiva de la NSA y la GCHQ (agencia de seguridad de Inglaterra), la privacidad y la seguridad se han convertido en los principales términos en la opinión pública para abordar la noción de derechos digitales. La economía cognitiva pregunta: ¿está dispuesto a pagar por los servicios que antes eran gratuitos si le ofrecemos mejor seguridad? Así, los derechos digitales, antes de ser plenamente establecidos, comienzan a ser entendidos como mercancía. Pero más allá de los importantes derechos a la intimidad, confidencialidad de datos y honra pública, también podríamos cuestionarnos si tenemos derecho a decidir sobre la comercialización de nuestros datos a terceros fuera de la lógica del todo o nada. En caso de venta, ¿tenemos un derecho de beneficio? En la lógica de las aplicaciones ‘gratuitas’, el servicio se da a cambio de nuestra información, ese es el acuerdo. Pero examinando el poder y el tamaño que están adquiriendo unas pocas empresas en Internet, y el enorme potencial de esa información, podríamos cuestionarnos como sociedad y como Estados si este es un intercambio justo.
En 1950, el antropólogo Marcel Mauss planteó, a partir del estudio de economías ancestrales, su noción de Economía del Don. Dar o aceptar un regalo, más allá de un acto solidario, constituía un ejercicio de poder e interés, que de alguna manera ataba a quién daba y a quien recibía. Desde la teoría marxista, Tristana Terranova parte de esta noción y nos habla de ‘labor gratuita’, una nueva forma de explotación laboral en lo digital, en que toda nuestra interacción es comercializable, incluso, el trabajo voluntario por el bien común acaba beneficiando directa e indirectamente a las grandes compañías. Muchas de éstas colaboran con el desarrollo de software libre y abierto a través de financiamiento y talento humano, usualmente ofreciendo flexibilidad laboral a sus programadores. Si Linux-Ubuntu es uno de los sistemas operativos más usados del planeta es porque Google, y su importante porcentaje de computadoras, corre bajo Goobuntu, su versión adaptada.
Se vuelve complicado oponer ideológicamente lo libre, lo abierto y lo privativo, y demarcar una derecha e izquierda claras. Los términos digitales se vuelven términos en disputa. Sin duda, el software libre ha detonado nuevas dinámicas de organización productiva, nuevos sistemas de negocio, ha promovido actitudes autodidactas y generado comunidades políticas, incluso partidos como el Pirate Party. Pero el libre también está cargado de una ideología liberal de desregularización. Por su parte, el software abierto, manteniendo la idea de código accesible, adoptó una actitud más pragmática y flexible hacia el mercado. Para Nathaniel Tkacz[1] el abierto se basa en los mismos valores que las democracias neoliberales: libertad, individualismo, competencia e intercambio. Lo abierto oculta sus cierres; como colaborador en software puedes acceder al código solo si tienes los conocimientos y herramientas, puedes escoger entre ciertas tareas, no puedes cambiar la estructura de distribución de labores, ni menos la de negocios. Con lo transparente, sucede igual: puede ser sinónimo de honestidad, pero también tiene la connotación de la vigilancia permanente y su subsecuente disciplinamiento interno a través de la mirada de otros. La misma noción de la economía del compartir (sharing economy) se ha convertido en el capital simbólico de un puñado de empresas –millonarias– de Silicon Valley, como Uber.
Formas de propiedad
Los medios digitales son muy seductores, nos ofrecen juegos, información, nos han dado la plasticidad y comodidad para construir identidades virtuales y nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos. Nuestra participación sostiene su economía, por eso nos repiten: cuéntenos su vida, háganos saber si le gusta esto o aquello, tomémonos juntos su tiempo al correr, genere redes, invite amigos. En esta saturación, bien podemos recordar el valor de decir nada que Deleuze plantea: las fuerzas represivas no pretenden detener que nos expresemos, más bien, nos obligan a expresarnos constantemente.
Suena un tanto desalentador que todo el potencial de participación social a través de la red acabe revitalizando al capitalismo; sin embargo, no hay que desmerecer lo que estos mecanismos han generado: nuevas formas de organización social a través del trabajo solidario, el conocimiento y los intereses compartidos, creando comunidades no determinadas por geografía y no condicionadas a intereses comerciales. También se puede decir, como Martín Petersen[2] argumenta, que el gran aporte del software libre es la posibilidad de pensar en distintas formas de propiedad: el copyleft establece un tipo de propiedad que se mantiene en el dominio público, las licencias Creative Commons (CC) dan diversas opciones para la difusión creativa sin truncar su capacidad de comercialización. Pero además de estos ejemplos, podemos pensar que la propiedad intelectual puede ser definida de muchas otras maneras a través de licenciamientos nuevos. Y ahí el CC y copyleft se quedan cortos en poder generar también licenciamientos comunitarios, asociativos, nacionales o regionales, con enfoques en los saberes de las comunidades ancestrales, o específicos para la música o el cine. La forma en que definimos nuestras propiedades creativas influencia directamente nuestros modelos de negocios y asociaciones de trabajo, como lo ha demostrado el software.
Pensar en nuevos licenciamientos, nuevas propiedades menos monopólicas, no solo nos genera alternativas al actual sistema global de propiedad intelectual –pilar del neoliberalismo–, sino que también puede plantear cambios al Estado. La defensa de la propiedad privada ha definido el rol del Estado capitalista; alterar el sentido de propiedad, esta propiedad ‘inmaterial’ motor de la nueva economía, y hacer que el Estado reconozca responsabilidades sobre otras posibles propiedades –públicas, comunitarias, asociativas– es un medio para alterar la lógica misma del Estado.
Regeneración 12 de mayo del 2015. Pedro Cagigal actualmente es investigador de procesos de ciencia y tecnología en América Latina para FEDAEPS, Quito. Posee una maestría en Cultura y Sociedad Digital.
* Artículo publicado en: América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015. “Hacia una Internet ciudadana”. http://www.alainet.org/es/revistas/169246