La justicia en México, opaca y lejana de la gente

Genaro Góngora Pimentel, expresidente de la Suprema Corte, habló de la iniciativa de ley de amparo y la importancia que tiene el poder combatir las resoluciones de los tribunales superiores de justicia de los estados, dada su falta de independencia. Señaló que a pesar de que los impartidores de justicia en los estados deberían ser autónomos e independientes, en la práctica dependen del gobierno en turno y es común que con la llegada de una nueva administración lleguen también nuevos miembros a los tribunales. Por esta razón, es importante que otras instancias sigan contando con facultades para examinar las sentencias que se dicten.

Esta iniciativa de ley, que también aborda el tema del interés legítimo, es decir, reconoce la existencia de un interés individual o colectivo que se traduce en beneficio del accionante, se encuentra detenida en la Cámara de Diputados, pues los legisladores no se han puesto de acuerdo para revisar el proyecto que les envió el Senado.

Por su parte, John M. Ackerman, investigador en la UNAM, señaló que se ha creado una confusión entre la defensa de los derechos humanos y el combate a la impunidad. Como ejemplo, se refirió al caso de Florence Cassez, sobre el cual se afirma que si se le deja libre por un tecnicismo se sienta un precedente grave. Afirmó que esto es correcto en un enfoque cortoplacista pero si lo que buscamos es un sistema eficaz en el que los delincuentes terminen en la cárcel y los inocentes no, hay que revisar el profesionalismo de las averiguaciones previas. Lo relevante no es la libertad o no de Cassez sino establecer si vamos a permitir que el secretario de Seguridad pública pueda por su voluntad fabricar escenarios de crimen y meter a la cárcel a quien se le antoja.

También señaló que al parecer el gobierno actual aún no comprende qué es la presunción de inocencia. Citó como ejemplo declaraciones de Marisela Morales, quien en el “michoacanazo” afirmó que los inculpados no aportaron pruebas de inocencia. Esto está mal, pues la carga de la prueba no reside en la gente. ¿O acaso todos somos culpables hasta que probemos la inocencia?

Otro mal de nuestro sistema de justicia señalado por Ackerman fue el uso político del poder judicial, como en el caso Hank Rhon. El problema es cuántas veces el propio presidente u otros funcionarios mandan al archivo un expediente con el fin de conseguir una votación o pagar un favor político. Ese es el uso politizado de la justicia. Hay que romper con estos pactos de complicidad.

Y como dato sobre este tema, Ackerman explicó que la Auditoría Superior de la Federación señaló en una evaluación de desempeño de la PGR que por cada 100 casos abiertos, sólo 34 se consignaron y que no hay un registro confiable de detenciones y liberaciones. Señaló que tenemos una reforma penal que tendría que solucionar estos problemas, pero que si no cambia la forma en que el ministerio público arma los casos, la reforma no va a resolver nada. Ackerman propone:

1. Autonomía para la PGR, distancia con el gobernante en turno. Darle otro andamiaje institucional pues es la institución que más se ha resistido a la transparencia. Queremos saber cómo trabaja.

El abogado Jorge Fernández Souza señaló que las características del tema de justicia en nuestro país son la opacidad, la lejanía, que tiene que ver con muchos temas e instancias, que está rodeado por una amplia trama de intereses y que carece de calidad.

Destacó la importancia de que quienes procuren justicia tengan autonomía y condenó la pretensión de criminalizar y quitarle a la gente derechos de antemano, pues eso es lesivo para la sociedad. Es una forma de luchar en vez de buscar la conciliación y una convivencia de mayor altura. Es meternos miedo. Llamó a recuperar un derecho con sentido humano que se base en los valores y en el respeto a la dignidad de las personas. Hay que optar entre reprimir o prevenir.

Señaló que el derecho puede encaminarse al enfrentamiento, al choque a la disolución de procesos de la sociedad o puede encaminarse a hacer más accesible la vida y a ser más solidarios. Puede costar trabajo porque la tv y los medios y el miedo sembrado lo hacen difícil pero es posible. No significa transigir ni negociar con delincuentes.

También resaltó que es urgente poner orden en los reclusorios, pero advirtió que no importa cuántas cárceles se construyan, lo importante es ir a las causas: atacar desigualdad, pobreza, marginación y falta de oportunidades, buscar que haya justicia social, mejor distribución de la riqueza, acceso a educación, deporte, cultura y arte. “¿Como le pides a un muchacho cumplir las reglas si no le das nada para hacerlo?”, preguntó, pues podemos seguir así y no van a alcanzar las prisiones.

En el marco de Los grandes problemas nacionales, diálogos por la regeneración del país, cada martes desde el pasado 6 de marzo y hasta el 29 de mayo, pensadores de muy diversas disciplinas -que coinciden en una visión política de izquierda- se reunirán para proponer soluciones viables y pertinentes para enfrentar la creciente violencia, la crisis energética y la falta de acceso a la justicia, generar una ciencia al servicio de la sociedad, vincular a la economía con el bienestar de la gente, proponer una política relativa a la sexualidad, buscar cómo desterrar la corrupción, entre muchos temas más. La agenda se encuentra disponible en www.grandesproblemas.org.mx.

Para más información comunicarse con:

*Información detallada sobre las mesas y los ponentes disponible en grandesproblemas.org.mx.