Por María Luisa Amilpa
El empeño en cuidar que los recursos y ganancias de Pemex pertenezcan y se reintegren a la federación no es un capricho nacionalista, populista e irracional, como lo describen los promotores y simpatizantes de la privatización. En lo que va del 2014, de los 9,767 millones de dólares que han contribuido al blindaje de la economía mexicana, Pemex aportó 9,270.
Por lo tanto, todo lo que pase con Petróleos Mexicanos, cualquier modificación que se haga a sus regímenes legales y fiscales, las características de aquellos involucrados en decisiones al respecto, así como las relaciones de la empresa con grupos nacionales y extranjeros, son aspectos de interés nacional.
Paradójicamente, después de la aprobación de la reforma energética en diciembre de 2013, muchas de las modificaciones planteadas no son claras y la totalidad de sus alcances no se han debatido ni hecho públicas. Por ejemplo, el año pasado, el director de la paraestatal, Emilio Lozoya, declaró que Pemex mantendría los campos de producción.
Sin embargo, hace pocos días, el comisionado presidente de la comisión nacional de hidrocarburos anunció que será la secretaría de energía la que decida al respecto, con la capacidad de retirar a la paraestatal los campos que, a su criterio, no haya aprovechado de manera óptima. Esta decisión, que se llevará a cabo durante la llamada Ronda Cero, es un mecanismo por medio del cual se podría privatizar hasta una quinta parte de las reservas petroleras del país, según un artículo escrito por Cuauhtémoc Cárdenas, publicado por la Jornada el 21 de mayo.
El tema del fracking, o fracturación hidráulica, tuvo una cobertura mínima en la mayoría de los medios de comunicación y el debate al respecto en las diferentes instancias que aprobaron la reforma energética en diciembre fue nulo.
Aunque para los partidarios de este método de extracción de petróleo, la cantidad de hidrocarburos a los que permite acceder representa beneficios económicos considerables, la otra cara del fracking es muy diferente. Las inyecciones en el subsuelo para extraer petróleo necesitan una cantidad notable de agua, que no puede volver a usarse posteriormente y contaminan la atmósfera y aguas del subsuelo con los más de 600 productos químicos, algunos tóxicos y radioactivos, que se utilizan. Además, produce microsismos de baja intensidad con capacidad de ocasionar sismos mayores en regiones aledañas.
En Estados Unidos se han registrado sismos de hasta 4 grados, posiblemente relacionados con la inyección de agua de desecho. Las consecuencias en la salud de las personas que causan los químicos y la contaminación del proceso incluyen infertilidad, defectos en fetos y cáncer. Tomando en cuenta las implicaciones de lo mencionado anteriormente, la aprobación del fracking se debió haber debatido exhaustivamente por todas las partes involucradas, incluyendo a la sociedad civil.
Sin embargo, hay muchos grupos poderosos política y económicamente interesados en que se legalicen estas reformas. Por ejemplo, inversionistas de Singapur declararon al Financial Times su voluntad para invertir en Pemex las áreas de extracción y producción de petróleo, lo que podría involucrar procesos de fracking. Esto explica la prisa que tienen legisladores, funcionarios y empresarios tanto dentro cuanto fuera del país, para apurar la aprobación de la legislación secundaria sin que se debata lo suficiente y se incluya a la sociedad civil en la toma de decisiones. Hay demasiados intereses en juego como para permitir un debate honesto y abierto.
Un ejemplo notable es el de Pedro Joaquín Coldwell, dueño de varias empresas que tienen contratos vigentes con Pemex. A pesar de acusaciones por parte de legisladores del PRD de tráfico de influencias y conflicto de intereses, la secretaría de energía afirmó que su participación accionaria no incurre en ninguna de las acusaciones anteriores.
Con el regreso del PRI a los pinos, en pocos meses se ha vuelto legal el saqueo de una de las fuentes de riqueza más importantes de la nación y si no se detiene la reforma energética, el presupuesto de la federación se verá notablemente reducido, a lo que se esperan aumentos en impuestos y reducción del gasto público.