Por: Jenaro Villamil | Homozzaping
Regeneración, 30 de marzo 2014.-El lunes 24 de marzo, a las 19 horas, en un acto insólito, los presidentes nacionales del PAN, Cecilia Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, leyeron un escueto comunicado para desconocer y expresar la oposición de ambos partidos a la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada 7 horas antes en el Senado. Argumentaron que violaba la reforma constitucional del 2013 y demandaron una ley “democrática, antimonopólica, cultural y en defensa de las audiencias y de los usuarios”.
La presentación de la iniciativa de Peña Nieto dejó muy mal sabor de boca en las dirigencias de ambos partidos. En el PRD prácticamente todos los grupos y tribus que integran las bancadas en la Cámara de Diputados y del Senado se opusieron a la iniciativa, argumentando que era una clara violación a la Constitución y que confirmaba lo que se planteó en los “borradores” de la iniciativa que circularon desde febrero de este año.
En el PAN, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas se reunieron con la presidenta interina del partido, Cecilia Romero, para analizar los términos de la iniciativa en la tarde del mismo lunes 24 de marzo. El ex secretario de Gobernación foxista y el ex titular de Comunicaciones y Transportes durante el calderonismo, ambos ex integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, coincidieron también que violaba lo acordado en la reforma constitucional de abril de 2013.
Un intercambio de llamadas y mensajes entre Creel, Molinar Horcasitas, del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Zambrano, ambos del PRD, afinaron los términos del comunicado conjunto y la necesidad de salir a medios de comunicación ese mismo día.
Mientras Romero y Zambrano leían en el Hotel Hilton de la Alameda central el rompimiento con la ley de Peña, el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier Lozano, descalificó la posición de los dirigentes panista y perredista. Argumentó que Cecilia Romero había sido “mal informada”.
En su cuenta de Twitter, el legislador panista, promotor de la campaña de Ernesto Cordero a dirigente nacional del PAN, afirmó:
“Corrección: dirigentes que no han leído el proyecto lo descalifican”.
El 25 de marzo, Lozano en declaraciones a los medios y en su compulsiva cuenta de Twitter afirmó:
“Vaya confusión. Pretende @GustavoMadero dictar línea a los @SenadoresdelPAN sobre Reforma de #Telecomunicaciones. Ya no eres jefe nacional”.
Ningún otro legislador –ni siquiera del PRI- ha defendido en estos días con tal enjundia la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, como el panista-corderista Javier Lozano Alarcón.
Incluso, Lozano maniobró para que el jueves 27, se suspendiera la sesión con los integrantes de las comisiones unidas del Senado –Comunicación, presidida por él; Estudios Legislativos, encabezada por la priista Graciela Ortiz, y Radio y Televisión, con Alejandra Barrales, del PRD- para que se tomara un acuerdo con Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta para imponer un calendario de consulta de foros, discusión y aprobación de la iniciativa en comisiones y en el pleno. La fecha límite para su aprobación será entre el 23 y 25 de abril, anunció Lozano.
Su correligionario, Javier Corral, con una posición diametralmente opuesta a la de Lozano, afirmó que esa decisión era violatoria del reglamento del Senado porque sólo los integrantes de las comisiones unidas (no los presidentes ni la Mesa Directiva) pueden tomar ese acuerdo.
Alejandra Barrales, presidenta de una de las tres comisiones, afirmó que ella no avalaba el “acuerdo” dado a conocer por Lozano y Graciela Ortiz y que este lunes 31 de marzo los integrantes de su comisión votarían.
Lozano, Operador de Televisa
La presión de Lozano por aprobar fast track un documento rechazado por los propios dirigentes del PAN y PRD ha molestado a un sector de la bancada panista. Al menos seis senadores que no están alineados ni al grupo de Gustavo Madero ni al de Ernesto Cordero han sostenido reuniones con especialistas de distintos sectores y han coincidido que el contenido de la ley tiene claros elementos de anticonstitucionalidad, está sesgada a favor de Televisa y permite el control del gobierno federal en el contenido de los medios y las redes sociales.
El activismo de Lozano no es casual. El PRI y el Partido Verde tienen 61 votos y sólo necesitan “cuatro votos o cuatro ausencias” para aprobar por mayoría simple de 65 votos la iniciativa de Peña Nieto. Lozano ha asegurado tener entre 10 y 12 votos “amarrados” de su bancada, según confiaron a Proceso distintos legisladores consultados. Incluso, ha prometido “uno o dos votos” del PRD.
Lozano fue uno de los cuatro redactores de la iniciativa del Ejecutivo federal, junto con el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el estratega jurídico de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, amigo personal del panista.
Oficialmente, nadie ha reconocido que estos cuatro personajes formaron parte del war room que procesó, redactó y corrigió los borradores que llegaron a la SCT para dar el toque final a una iniciativa que ha generado posiciones polarizantes.
La presencia de Lozano entre el equipo de redactores de la ley de telecomunicaciones fue una condición impuesta por el grupo de Ernesto Cordero –quien controla la mayoría de los votos de la bancada del PAN en el Senado- durante la aprobación de la reforma constitucional en materia energética en diciembre el 2013.
Testigos de esta negociación relataron a Proceso que Cordero negoció con Humberto Castillejos, coordinador jurídico de Los Pinos, y con Luis Videgaray, el poderoso secretario de Hacienda, para que se incluyera a Lozano en este equipo.
Priista, panista, zedillista, calderonista y ahora corderista Lozano se ha caracterizado en los últimos meses por su claro apoyo a las campañas orquestadas por Grupo Televisa en contra de la sociedad entre Grupo Dish y Telmex, en contra del ex titular de la Cofetel, Mony de Swaan, y a favor de aprobar en sus términos esta iniciativa.
La cercanía de Javier Lozano con el director de Información y representante legal de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, le permitió al consorcio de Emilio Azcárraga Jean tener acceso a la información privilegiada durante la elaboración de la iniciativa de telecomunicaciones y defender “los candados” a favor del monopolio televisivo, tal como lo describió Proceso en su edición No. 1944 (“Alistan la nueva ‘Ley Televisa’”).
Lozano y Tejado Dondé no ocultan sus simpatías y sus propios acuerdos. En sus respectivas cuentas en Twitter ambos se tratan como “tocayos”, coinciden en criticar a Gustavo Madero, al Pacto por México (que ya desapareció como tal), en el embate contra Mony de Swaan y en identificar a todos los críticos de Grupo Televisa como si fueran pagados o enviados por Carlos Slim.
Tejado Dondé y Lozano lograron introducir en la Auditoría Superior de la Federación a un personaje que trabajó para Grupo IUSA y para especialistas del Instituto del Derecho de Telecomunicaciones (IDET), un organismo con posiciones claramente a favor de Televisa. Ambos fueron fundadores y forman parte del IDET (ver Proceso, No. 1945).
La sincronía entre Tejado y Lozano también se evidenció cuando antes de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitiera la su declaración de “agente económico preponderante” en contra de América Móvil y Televisa, el pasado 7 de marzo, presionaron para que el organismo investigara un supuesto acuerdo secreto de compra-venta entre Carlos Slim y Joaquín Vargas, de MVS, socios en Grupo Dish. En el Senado, Lozano impulsó un punto de acuerdo para impulsar esta investigación.
Paradójicamente, Lozano Alarcón como ex presidente de Cofetel (octubre de 1998 y marzo de 1999) fue favorable a la sociedad que entonces tenían Televisa y Grupo Carso en Cablevisión, la empresa filial de Azcárraga Jean en televisión por cable. Grupo Carso llegó a tener el 49 por ciento de las acciones de esta empresa. En ese entonces, según Lozano, Carlos Slim no violaba la prohibición del título de concesión de Telmex que le impedía participar en el mercado de radiodifusión.
Lozano también fue investigado por la Auditoría Superior de la Federación por otorgarle una segunda prórroga a la empresa Unefon, cuando fue presidente de Cofetel.
“Al respecto y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener facultades para ello, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”, concluyó la ASF en su informe de 2008 (ver Proceso, No. 1725).
El caso generó un agrio debate público entre Jorge Alvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones durante el gobierno de Vicente Fox, y Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo con Felipe Calderón. Lozano acusó a Alvarez Hoth de haber perdido un litigio ante Unefon (ya propiedad de Ricardo Salinas Pliego) que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa por “cobro indebido de intereses”, multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista. Alvarez Hoth y la ASF establecieron que ese pago fue consecuencia del otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas, aprobadas por Lozano (ver Proceso, Nos. 1626, 1639 y 1642).
Como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de Cofetel (1998-1999), Lozano también abrió paso a la competencia en telefonía móvil. Telefónica, empresa que dirigió Francisco Gil Díaz, amigo y ex jefe de Lozano en la Secretaría de Hacienda (1984-1989), fue de las compañías más beneficiadas.
La única empresa del sector que ha expresado públicamente su beneplácito y apoyo a la iniciativa Peña Nieto en telecomunicaciones ha sido Telefónica.
Segunda parte del reportaje “Las intrigas de Javier Lozano, como empleado de Televisa”
El borrador modificado
La influencia y participación de Lozano y de Tejado Dondé fue clave en la confección final de la iniciativa. Hacia finales de octubre de 2013 había un borrador elaborado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuya redacción coordinó el subsecretario Ignacio Peralta Sánchez.
Quienes conocieron ese documento, consultados por Proceso, indicaron que no había un sesgo tan claro en ese primer borrador a favor de la compañía de Emilio Azcárraga Jean. Sobre todo, buscaba una regulación también de la empresa en el sector de televisión restringida (ver Proceso, No. 1944).
El propio Peralta admitió en rueda de prensa, en noviembre de 2013, que ya estaba “muy avanzado” el borrador de la iniciativa. A pregunta expresa de este reportero el funcionario admitió que el tema más difícil era la figura de la “concesión única” y no la regulación del “agente económico preponderante”.
El subsecretario de Comunicaciones fue ampliamente rebasado por Lozano, Tejado Dondé y por el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quienes incorporaron los últimos cambios entre febrero y marzo.
Tampoco fue casual que el funcionario de la SCT cediera en varias partes de los borradores. En el artículo 16 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto se rompió con el acuerdo de la reforma constitucional para que la fecha límite para el “apagón analógico” sea el 31 de diciembre de 2015. La SCT incorporó que, en algunos casos, las transmisiones analógicas deberán finalizar “a más tardar el 31 de diciembre de 2017”, dos años más y en vísperas de las elecciones presidenciales de 2018.
La SCT se quedó como responsable de todo el proyecto de licitación y reparto de las televisores digitales, cuyo presupuesto se ha elevado en más de 26 mil millones de pesos, según admitió la dependencia y el propio Peralta Sánchez, en declaraciones al periódico Reforma, el 28 de febrero. Las primeras beneficiadas de la licitación para el reparto de 120 mil televisiones en Reynosa y Nuevo Laredo fueron Diamond Electronics y Grupo HTJC&Asociados.
Por su parte, el consejero jurídico presidencial Humberto Castillejos Cervantes jugó un papel fundamental en la elaboración y operación de la iniciativa. El artífice legal de las reformas constitucionales de 2013 también mantiene una buena relación con su primo y presidente de la Mesa Directiva del Senado, el priista Raúl Cervantes Andrade.
Castillejos es hijo del ex profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Marcos Castillejos Escobar, ex funcionario de la PGR, asesinado el 9 de julio de 2008 en las calles de Mazatlán y Nayarit, en la colonia Condesa, de la Ciudad de México.
La relación entre Castillejos Cervantes y Raúl Cervantes Andrade será también determinante en la aprobación o modificación de la iniciativa de ley de Peña Nieto.