El gobierno actual ha llegado a un grado de desprestigio que no sólo es nacional o mexicano, sino uno extraordinariamente difundido en el mundo.
Víctor Flores Olea
Regeneración, 2 de mayo de 2016.- Es claro que el Estado Mexicano, después de dos años de seudoinvestigación, no ha querido verdaderamente encontrar a los 43 normalistas de la escuela rural respectiva, o decir la verdad sobre su destino. En todo caso es lo que piensa la inmensa mayoría de los mexicanos.
Pero lo que ha levantado a esa inmensa mayoría de dudas y sospechas es inevitablemente la pregunta que nos hacemos de a quiénes está defendiendo, protegiendo u ocultando el Estado mexicano. Aquí es donde las dudas crecen y los interrogantes surgen a borbotones. ¿Se trata de la protección de bandas del narcotráfico? ¿Se trata de altos funcionarios de la Federación o de los estados?
Es el Ejército mismo el responsable de las muertes mismas y de la incineración de los cadáveres, como muchos creen, por ser prácticamente el único que poseería los medios técnicos suficientes para realizar tal proeza. Lo cual explicaría de paso el consentimiento muy especial que el presidente Enrique Peña Nieto parece mostrar continuamente hacia los miembros del Ejército.
Lo que resulta un hecho indiscutible es que el sexenio de Peña Nieto parece llevarse de manera oprobiosa la ausencia de solución de este vergonzoso hecho, y el estigma de un régimen que en este caso, como en muchos otros, se fue con la marca de un silencio que prefirió a la verdad franca y abierta. Por supuesto, tal es una de las razones principales de la caída en plomada de la popularidad o la aceptación de Peña Nieto a la mitad de su mandato.
Si a esto añadimos la prosperidad en que viven los engaños y la corrupción en muchas ramas del régimen, entenderemos bien por qué ha llegado el gobierno actual a ese grado de desprestigio, que no sólo es nacional o mexicano, sino por lo que se ve en la prensa internacional un desprestigio extraordinariamente difundido en el mundo.
Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos tiempos fueron estrictamente medidos por los acuerdos previos, no podrá seguir con su tarea en México después de un buen número de meses de trabajos que sin duda fueron fructíferos para la investigación, aunque ésta desafortunadamente no pudo concluir.
De todos modos, el gobierno mexicano consideró que ya era tiempo suficiente y que deberían abandonar el país. Debe decirse que la impresión que dejó este grupo de expertos fue muy positiva y que su despido, muchos así lo consideran, se debió sobre todo a que se había constituido en un obstáculo serio para la revelación del conjunto, sobre todo de aquella parte de la investigación que el gobierno mexicano tiene la intención de ocultar o disimular.
Para nuestro régimen de gobierno, tampoco este aspecto de sus contactos con un grupo internacional fue feliz ni nada que se le parezca. También en este aspecto puede considerarse fallido esencialmente el papel que ha desempeñado nuestro gobierno en este asunto.