Llamado a construir desde abajo el Plan de Ayala del siglo XXI

Llamado al pueblo de México de las organizaciones campesinas e indígenas y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en ocasión del primer centenario de la promulgación del Plan de Ayala:

Construyamos entre todos y todas y desde abajo el Plan de Ayala para el siglo XXI y luchemos unidos por un nuevo Pacto Social para el Campo en el marco de un nuevo proyecto de nación

Hoy 28 de noviembre de 2011 y a invitación del pueblo de Ayoxustla, las organizaciones campesinas e indígenas abajo firmantes y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) nos reunimos en esta heroica población de la Mixteca Baja Poblana para conmemorar el centenario de la promulgación del Plan de Ayala y honrar la memoria de Emiliano Zapata y las fuerzas campesinas e indígenas del Ejército Liberador del Sur que firmaron y dieron a conocer aquí a la nación su histórico programa revolucionario.

El Plan de Ayala se promulgó una vez derrotada la dictadura porfirista ya unos días de haber asumido la presidencia Francisco I. Madero, quien ya en el poder se negó a cumplir el compromiso de entregar las tierras a los campesinos y a los pueblos que habían sido despojados de ellas por los hacendados.

Emiliano Zapata y el Ejército Liberador del Sur fueron capaces de recoger en el Plan de Ayala las aspiraciones y demandas históricas de los campesinos y los pueblos indios; con ello, lograron plasmar por primera vez en la historia independiente de nuestro país una identidad propia y una propuesta original y autónoma para imprimir un verdadero curso revolucionario a las rebeliones antiporfiristas iniciadas el 20 de noviembre de 1910.

Asimismo, con el Plan de Ayala los campesinos hablaron por sí mismos, sin intermediaciones ni subordinaciones, y pasaron del reclamo a la acción organizada desde abajo y por los de abajo en torno a un programa de lucha no solamente para los campesinos y pueblos indígenas, sino también para la verdadera transformación democrática, económica y social del país entero.

El Plan de Ayala también fue el instrumento que permitió forjar la mayor de las alianzas campesinas y con esto, la mayor fuerza político-militar de la revolución mexicana a través del encuentro del Ejercito Liberador del Sur y la poderosa División del Norte, comandados por los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa. Juntos los ejércitos campesinos indígenas del sur y los ejércitos campesinos mestizos rancheros del norte fueron capaces de imponer a al carrancismo un pacto social para el campo que recogió gran parte del espíritu del Plan de Ayala en el Artículo 27 de la Constitución Política de 1917, en el que se reconocen los derechos de las comunidades a sus tierras y aguas, el fin de los latifundios y el reparto agrario para la constitución de los ejidos.

Gracias a la organización, lucha y unidad de las fuerzas campesinas en torno al Plan de Ayala, después de 500 años de colonialismo español y 100 años de Independencia, los campesinos mexicanos lograron conquistar que su derecho a la tierra fuera reconocido y hecho efectivo, y también la dignidad y el reconocimiento como parte fundamental de la revolución social mexicana y de la construcción de un nuevo proyecto de nación.

Gracias a la revolución mexicana se conquistó la restitución de las tierras para las comunidades y la dotación de poco más de 100 millones de hectáreas de ejidos a millones de campesinos e indígenas y sus familias, llevando a cabo una de las reformas agrarias más radicales del siglo XX.

La reforma agraria y la inclusión de los campesinos como sujetos en el nuevo régimen político social favorecieron la estabilidad política y el desarrollo económico y social del país así como un adecuado desempeño del sector agropecuario en la producción de alimentos y materias primas para la creciente industrialización y urbanización del país. Como contraparte, se propició un sistema de control político del campesinado, ahogando su independencia, autonomía y creatividad, promoviendo formas clientelares y corporativas, paternalistas y autoritarias de relación entre el gobierno, los ejidos, las comunidades y las organizaciones campesinas desde lo local hasta lo nacional y utilizando los recursos e instituciones públicas en forma corrupta e ineficiente.

El pacto social con el campo surgido de la revolución mexicana y plasmado en la constitución de 1917 se fue desgastando progresivamente en los años sesenta y setenta hasta que a partir de 1982 se rompe definitivamente el modelo del Estado benefactor y se impone el modelo económico y agroalimentario neoliberal en nuestro país, proclamando el fin del nacionalismo revolucionario y abriendo una etapa de franca contrarrevolución agraria y social.

La contrarreforma agraria y el rompimiento del pacto social surgido de la revolución mexicana se profundizan con la llegada del salinismo a la presidencia de la república por la vía del fraude electoral a través de las siguientes acciones: a) contrarreforma del artículo 27 constitucional estableciendo el fin del reparto agrario, el ataque a la propiedad social de la tierra y la promoción de la privatización de la tierra, aguas y recursos territoriales de ejidos y comunidades; b) liberalización desventajosa del comercio agropecuario y forestal y entrega de nuestra soberanía alimentaría a los intereses hegemónicos de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a través de la negociación y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); c) desmantelamiento de las instituciones y programas de fomento y regulación del sector agroalimentario y privilegio a los nuevos hijos predilectos del régimen neoliberal: los agricultores comerciales del norte y las grandes corporaciones agroalimentarias; y, d) desarrollo de formas renovadas de control corporativo del campesino a través del Consejo Agrario Permanente (CAP), marginando y reprimiendo a las organizaciones campesinas autónomas e independientes.

De 1982 a la fecha, se ha establecido una política gubernamental transexenal contra los campesinos y pueblos indígenas. Se trata de una política anticampesina y de entrega de la soberanía alimentaria iniciada por los gobiernos del PRI y continuada por los gobiernos del PAN del año 2000 a la fecha. En este sentido, la alternancia política de derecha ha significado una traición a las aspiraciones democráticas del pueblo mexicano, representando una regresión autoritaria y una vil continuidad y profundización de las políticas de exclusión campesina e indígena así como de despojo y reconcentración de la tierra, agua, recursos naturales, subsidios, inversión pública, privilegios fiscales e ingresos en pocas manos.

Los resultados del rompimiento neoliberal del pacto social con el campo por los gobiernos del PRI y del PAN están a la vista:

1. El campo, los campesinos y campesinas, los indígenas, las mujeres y jóvenes rurales, los jornaleros agrícolas han sido invisibilizados desde el poder; ya no son parte del proyecto nacional; son desechables y prescindibles. Se les ha desvalorizado en lo económico, social, político y cultural. No se les reconoce su calidad de sujetos productivos y sujetos de derecho. Se le estigmatiza, apoyándose en los medios de comunicación, como improductivos, atrasados, localistas, flojos y violentos. Únicamente se le clasifica como voto verde, objetos del acarreo y la compra-venta de conciencias y como pobres, inviables y beneficiarios, objetos del asistencialismo público y la beneficencia privada.

2. La gran mayoría de la población rural ha sido orillada a sobrevivir en condiciones de pobreza y con altos niveles de hambre y desnutrición, principalmente en los niños y niñas, mujeres y personas de la tercera edad de las zonas indígenas y rurales. Los derechos individuales y colectivos son violados sistemáticamente; entre otros, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a no migrar, y se ha cancelado toda oportunidad de futuro digno para los millones jóvenes del campo.

3. Los ejidos, comunidades y pequeños propietarios rurales y los pueblos indígenas sufren el acoso de políticas gubernamentales que buscan acabar con la propiedad social y despojarlos de sus tierras, aguas, bosques, minerales, playas, semillas, biodiversidad, conocimientos tradicionales, bellezas naturales y centros ceremoniales para ser acaparados de nueva cuenta por nuevos hacendados reconvertidos en agroempresarios “modernos”, por megaproyectos público-privados depredadores de la naturaleza y del tejido social comunitario; por compañías mineras nacionales y, sobre todo, extranjeras; por corporaciones trasnacionales que dizque generan energías limpias; por empresas forestales depredadoras; por la especulación inmobiliaria y turística. Con programas como el PROCEDE y la aplicación del 27 reformado se han privatizado más de 3 millones hectáreas a decir por las propias autoridades agrarias.

4. Se ha debilitado el derecho a producir nuestros propios alimentos, entregando nuestra soberanía alimentaria a los intereses de los Estados Unidos y de unas cuantas corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras, violando el derecho a la alimentación de la mayoría de la población. Hoy nuestro país sufre una enorme vulnerabilidad e inseguridad alimentaria y nutricional que enfrentan las personas, familias, comunidades y el país en su conjunto. Hoy nuestro país padece una enorme y creciente dependencia alimentaria, los precios de los alimentos se encarecen mes a mes al tiempo que disminuye la cantidad y calidad de la alimentación de la mayoría afectando tanto la capacidad adquisitiva de sus ingresos como su derecho a una alimentación sana, suficiente y culturalmente apropiada. Los únicos beneficiarios han sido las grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras que aumentan sus ganancias y su importancia en los mercados y con una influencia y control crecientes sobre los poderes públicos en México y en los organismos internacionales y multilaterales.

5. El modelo neoliberal de producción agropecuaria y forestal, de uso y explotación de los recursos naturales de carácter privado-minero-extractivista, y no comunitario-agroecológico-sustentable, ha degradado y agotado los suelos, mantos freáticos y cuerpos de agua, bosques y selvas; contaminando el agua, el aire y la agrobiodiversidad como con los maíces transgénicos, incrementando la emisión de gases de efecto invernadero y comprometiendo el futuro de las futuras generaciones de mexicanos y de la humanidad entera. Lo anterior, sólo para incrementar los ingresos, ganancias y poder político de una minoría de agricultores comerciales, corporaciones, grupos financieros y países desarrollados.

6. Los poderes de la república están secuestrados por los intereses extranjeros y por un puñado de grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales. Vivimos una democracia simulada en la que los que verdaderamente deciden son un pequeño grupo de grandes empresarios y grupos financieros mexicanos y extranjeros, con la ayuda del duopolio televisivo. La satisfacción de las necesidades básicas de la población simplemente se soslayan o se ignoran. La economía no crece y menos aún la economía rural, condenando a millones al desempleo, al subempleo, a la migración y al enrolamiento con los grupos delictivos. Los malos gobiernos del PRI y del PAN han entregado nuestra soberanía nacional, nuestros recursos estratégicos y la dignidad de nuestro país. Por si esto fuera poco, el actual (des)gobierno de Felipe Calderón ha declarado y llevado a cabo una “guerra contra el narcotráfico” que no solamente ha fracasado sino que ha propiciado una situación de violencia e inseguridad sin precedentes en nuestro país al tiempo que se violan sistemáticamente los derechos humanos y se pretende restringir las libertades democráticas, imponiendo un clima de miedo y terror entre la población y amenazando con el establecimiento de un verdadero régimen policiaco-militar.

Hoy el campo no aguanta más y el país tampoco. El hambre no espera. Sin maíz no hay país. Nunca más un México sin nosotros. Salvemos al campo para salvar a México, regeneremos a México para salvar al campo. Son los gritos y demandas de las organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil organizada en las ciudades. La vida nacional está en franca decadencia y tanto soberanía nacional como la viabilidad de nuestro país como nación independiente están gravemente comprometidas. A resultas de la imposición de este modelo neoliberal, corrupto y depredador, nuestro país y nuestro planeta se encuentran en el despunte de una crisis múltiple que amenaza no sólo a la especie humana sino a toda la comunidad de los seres vivos: crisis ambiental, crisis económica y financiera, crisis política, crisis de violencia, crisis de valores y de relaciones entre las personas, crisis energética; en resumen, una crisis aguda del modelo civilizatorio.

Es por esto que las organizaciones campesinas e indígenas abajo firmantes, desde su autonomía y pluralidad, y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hemos decidido unir nuestras fuerzas y marchar juntos hacia la transformación del país y convocar a los campesinos y campesinas, a los pueblos indígenas, a los jornaleros agrícolas, a las mujeres y jóvenes rurales y a las organizaciones populares y movimientos sociales del campo y la ciudad, a los estudiantes, académicos, investigadores, intelectuales, artistas y ciudadanos de a pié a construir juntos, entre todos y todas y desde abajo, el Plan de Ayala para el siglo XXI y a organizarnos a lo largo y ancho de la geografía rural de nuestra patria para impulsar un nuevo Pacto Social para el Campo que sea firmado por la más amplia coalición de fuerzas campesinas, indígenas y sociales con las fuerzas políticas progresistas del país encabezadas por el Morena, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador previo a las elecciones presidenciales del 1º de julio de 2012.

Llamamos a construir el nuevo Plan de Ayala para el siglo XXI con la palabra de todos y todas: campesinos y campesinas, indígenas, jornaleros agrícolas, mujeres y jóvenes y en general, de la población rural del país, teniendo como punto de partida lo siguiente:

Las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas que signamos este documento hemos decidido constituirnos en sujetos de un proceso desde abajo, que se propone reconstruir nuestra sociedad desde sus mismas bases por medio de la resistencia y la construcción de un nuevo proyecto de nación basado en la justicia, la dignidad, la solidaridad, la equidad, la participación, la diferencia, la inclusión, la sustentabilidad y la paz. Para esto nos comprometemos a transformar la relación con nosotros mismos, con el resto de la sociedad, con el Estado y con la naturaleza, a partir de los siguientes ejes:

Primero.- El campo, los campesinos y pueblos originarios serán considerados como prioridad del nuevo proyecto de nación y un asunto de la seguridad nacional y humana. Lucharemos por el reconocimiento y restitución de la dignidad, valor fundamental de los campesinos y campesinas, de los pueblos originarios y los jornaleros agrícolas, de los migrantes, mujeres y jóvenes rurales, para la construcción de un nuevo proyecto de nación y de un nuevo pacto social para el campo y como sujetos plenos de derecho, reconociendo nuestra autonomía y calidad de sujetos productivos. Lucharemos por eliminar el clientelismo y el corporativismo en la relación del Estado con la sociedad rural, promoviendo el desarrollo de la ciudadanía, la inclusión y el respeto pleno de los derechos humanos, y porqué se reconozca nuestra capacidad de auto organización, autogestión y autonomía como sujetos rurales. Se otorgaran garantías para trabajar en el campo así como respeto y reconocimiento al trabajo de los campesinos.

Segundo.- Pugnaremos por el fortalecimiento de la propiedad social de la tierra y los recursos territoriales de ejidos comunidades, pequeños propietarios y pueblos originarios, revertiendo la contrarreforma agraria salinista y reconociendo los derechos, autonomía y capacidad de manejo sustentable de los recursos naturales por las comunidades campesinas e indígenas del país. Todavía es posible que muchos campesinos que no tienen tierra puedan acceder a ella, ya que existen muchos terrenos en los que hay simulación en la clasificación como los ganaderos y otros. Se establecerá una moratoria a los megaproyectos en zonas campesinas e indígenas hasta en tanto no sean concertados con ellas en el marco del interés público y del interés y los derechos de las propias comunidades así como se revisarán todas las concesiones mineras otorgadas en la última década a efecto de garantizar el cumplimiento de las leyes, la opinión de las comunidades, la afectación al medio ambiente y a los ingresos públicos.

Tercero.- La soberanía alimentaria, el derecho a producir nuestros propios alimentos, el derecho al trabajo, el derecho a no migrar y el derecho humano a una alimentación sana, suficiente y culturalmente apropiada constituirán la nueva base de las políticas agroalimentarias y de desarrollo rural del país. Se establecerá un sistema de precios remunerativos para los productos de los campesinos e indígenas y acceso al crédito e insumos. Se renegociará el TLCAN a efecto de rescatar la soberanía nacional en nuestro sistema agroalimentario y garantizar la seguridad alimentaria del país y la plena realización del derecho a la alimentación para toda la población rural y urbana. Se promoverá la autosuficiencia alimentaria sustentable, prioritariamente a través de la agricultura en pequeña y mediana escala, reconocimiento la enorme y rica diversidad de sistemas agrícolas, e impulsando una política de acceso universal al crédito, seguro, asistencia técnica y servicios financieros rurales apropiados, de proximidad y de propiedad y gestión social. Se establecerá un sistema de precios mínimos garantizados, reservas públicas de alimentos y se prohibirá la siembra de maíz transgénico en nuestro país, porque sin maíz no hay país.

Cuarto.- Se promoverá como política de Estado la agroecología, el manejo comunitario sustentable del agua y los demás recursos naturales así como la protección de la biodiversidad.

Quinto.- Se reconocerá el carácter multifuncional de la agricultura y de la gestión de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo integral a partir del control, autoorganización y manejo de las comunidades campesinas, indígenas y de pequeños propietarios. Se garantizará el acceso a recursos productivos para las comunidades rurales y, en especial para mujeres y jóvenes rurales, para asegurar la equidad, el empleo productivo y la plena realización de los derechos humanos en el medio rural

Sexto.- Se establecerá un gobierno progresista, nacionalista, social, garante de los derechos humanos y con fortaleza económica –es decir, un gobierno de izquierda- para impulsar otro sistema político, económico, agroalimentario, social y ambiental que responda a las necesidades del pueblo y de la nación y sea capaz de regular los mercados y desmantelar los monopolios y las prácticas anticompetitivas.

Séptimo.- Nos comprometemos a ser portadores y portadoras de un nuevo modelo de relaciones humanas y de civilización basado en el respeto y el amor a todas las personas, el cuidado de la naturaleza, la primacía del interés general sobre el provecho individual, la sobriedad y el apoyo para que todas las comunidades y las personas se consoliden, florezcan y realicen al máximo sus potencialidades en la libertad y en la paz.

Atentamente

Ayoxuxtla, Puebla; 28 de noviembre de 2011.

¡Salvemos al campo para salvar a México!

¡Regeneremos a México para salvar al campo!

¡Sin maíz no hay país!

¡Viva el Plan de Ayala!

¡Zapata viven la lucha sigue!

Organizaciones firmantes:

Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC)

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC)

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf)

Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP)

Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA Nacional)

Central Campesina Cardenista (CCC)

Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP–El Barzón)

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

Cooperativa Tosepan Titataniske (CTT)

Unión Campesina Totikes (UCT)

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias Con Alternativas (Comcausa)

Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP)

Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FREPI)

Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Mexiquense (CNPA-Mexiquense)

Grupo CAMPO-Morelos

Unión de Pueblos de Morelos (UPM- CNPA)

Unión por un Cambio Sonora (UPC-CNPA)

Organización Campesina Emiliano Zapata-CNPA-MLN (OCEZ-CNPA-MLN)

Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ)

Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)

Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

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