Por Esther Alvarado
Los actos cometidos por los militares en Tlatlaya, Estado de México, no son «una excepción» como dice Osorio Chong, no son «casos aislados», no son «daños colaterales», hay testimonios que aseguran que son asesinatos perpetrados por miembros del ejército, es también la exhibición plena de la más vergonzosa impunidad ante crímenes horrendos y abuso de poder, es una muestra de que el mal gobierno de Peña prefiere usar la fuerza para resolver los problemas nacionales en lugar de buscar salidas políticas y soluciones justas en los conflictos sociales.
El criminólogo José Luis Mejía Contreras, analizó el material fotográfico que la Jornada ha mostrado y con sello de la Agencia de Noticias MVT, en torno a los hechos en Tlatlaya. Este especialista en criminología afirma que la escena de las ejecuciones fue «Totalmente Manipulada» y que los cuerpos de 14 muertos fueron «sembrados» y «desaparecieron evidencias». Con estas imágenes los especialistas pueden determinar que las personas fallecidas fueron sometidas y después fueron asesinados con disparos a menos de 30 centímetros de distancia.
No se trata de que los «posibles responsables» de las ejecuciones sean arraigados porque ello sólo conduce a que los asesinatos queden impunes, no se trata de que un tribunal militar lo atienda y luego se busquen fórmulas para encubrir a los asesinos en lugar de que sean juzgados por las leyes civiles y reciban el castigo que merecen.
Muchas preguntas surgen y la desconfianza crece. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) demoró en publicar un comunicado en el que informa de la detención de un oficial y 7 elementos de tropa, para ser investigados por la Procuraduría castrense y por la probable comisión de delitos contra la disciplina militar. Por otra parte, resulta extraño que se abrió la averiguación hasta después de que la prensa extranjera dio a conocer el testimonio de una mujer que estuvo presente en el lugar de los hechos y reveló ante la agencia AP, que sólo una persona había muerto en el tiroteo inicial y después los soldados mataron a los otros 21, cuando éstos ya se habían rendido, incluida su hija de 15 años, Erika Gómez, quien yacía en el piso de la bodega donde se realizaron las ejecuciones.
En el caso de Tlatlaya, una vez más quedan a la luz las prácticas ilegales y los abusos cometidos por el Ejército y las fuerzas de «seguridad» del Estado, quienes detienen a las personas sin órdenes de aprehensión, los llevan prisioneros sin que se demuestre flagrancia, catean vehículos en retenes en cualquier carretera o camino de acuerdo a los criterios que los soldados impongan con el peso y la intimidación de sus armas.
La información es un derecho y los mexicanos tenemos derecho a saber cómo castigarán a quienes violando los más elementales derechos humanos ejecutaron a 22 personas, cómo se hará el proceso de investigación, de qué cargos se les acusará, qué pruebas habrán de mostrarse en el proceso, cuál es el marco legal sobre el que se llevará a cabo. ¿Será que en unos meses nos habremos de enterar que los responsables andan libres, que hubo fallas en el debido proceso, que no había pruebas suficientes? ¿Cómo procederán la Procuraduría de Justicia Militar así como la Procuraduría General de la República?
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Christof Heyns, pidió al gobierno mexicano que realice la investigación a fondo y dijo que «Toda pérdida de la vida que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal» y habló también de los casos en que se puede recurrir al uso intencional de armas letales. La comunidad internacional está al pendiente de los resultados de esta investigación, así como el pueblo de México está al pendiente de que sean castigados los culpables de los asesinatos. Esperamos también que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raú Plascencia intervenga y exija justicia antes de emitir tibias declaraciones.
En el supuesto de que las personas ejecutadas hayan sido narcotraficantes, se debe exigir también el cumplimiento de los ordenamientos legales para que éstos sean castigados conforme a derecho y no ejecutados sin previa investigación. Esta práctica se ha hecho frecuente a lo largo del país desde que Felipe Calderón iniciara «su guerra contra el narcotráfico» en donde los soldados reportan que se enfrentan a supuestas bandas de delincuentes y que éstas «han sido abatidas». ¿De qué sirven las leyes entonces? Esto es la ley del más fuerte lo que hoy se privilegia, es la ley de las armas, del abuso y la impunidad.
La violencia de Estado no puede continuar, no se puede simplemente y de manera expedita eliminar a supuestos delincuentes y actuar como si se tratara de una misión para una película de Rambo. Los elementos del ejército, responsables de las ejecuciones en Tlatlaya deben ser sometidos a la justicia del fuero común y no al fuero militar. ¡No a la impunidad!