Anotábamos que si bien la entidad dispone de un inventario muy completo de sus bosques y selvas, han fallado los programas para conservarlos y aprovecharlos sustentablemente. Ello explica el contraste entre recursos de gran importancia ambiental, económica y social y la pobreza del sector agrario, compuesto en su inmensa mayoría por indígenas. Pero no es lo sustentable sino los intereses económicos los que imponen en ocasiones su ley en Oaxaca. Un ejemplo de lo anterior lo hemos denunciado en este espacio: la construcción del mal llamado centro cultural
y de Convenciones en el cerro del Fortín, lugar emblemático de la capital del estado. En el auditorio que allí existe se celebra a finales de julio la tradicional Guelaguetza. El nuevo adefesio arquitectónico costaría 600 millones de pesos y no lo requiere la ciudad, capaz de atender a los visitantes en otros sitios idóneos. Estudios de los especialistas señalan que, de llegar a necesitarse, debe erigirse en otra parte. El enorme estacionamiento del citado centro agravaría también los problemas de tránsito y contaminación que padecen las colonias vecinas al cerro.
El empeño oficial por realizar el discutido proyecto en terrenos que son parte de una reserva ecológica, se explica porque el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de la entidad, José Zorrilla, es dueño del hotel adjunto a la nueva obra, financiada con dinero federal cuando se recortan programas prioritarios por la crisis que agravó la baja en el precio del petróleo. En aras del interés particular se violan normas de planeación urbana vigentes y se ignora la opinión de los expertos en la materia y la de los vecinos afectados. Se olvidan los recientes anuncios federales sobre transparencia y combate a la corrupción y se pisotea la orden judicial que ordena suspender las obras.
A toda costa el gobierno estatal insiste en llevar adelante el proyecto más polémico en la historia reciente de Oaxaca. Al carecer de argumentos válidos, recurre a la agresión física de los inconformes, encabezados por el pintor y mecenas Francisco Toledo y quienes con él defienden el patrimonio natural, arquitectónico y cultural de Oaxaca. Siempre lo han hecho en forma pacífica, con argumentos sólidos y la opinión de los más calificados expertos. El martes pasado golpeadores al servicio de la Confederación de Trabajadores de México, famosa por la corrupción de sus dirigentes (hoy la preside un joven y dispendioso millonario de 93 años), y ser aliada incondicional del PRI, agredieron a Toledo y a los vecinos que se oponen al falso centro cultural
y de Convenciones y exigen respetar el acuerdo judicial que ordena no proseguir su construcción.
Ante la reacción que ocasionó esa agresión, el gobierno oaxaqueño anunció que respeta las ideas y la oposición
del pintor y mecenas. Y estar en la mejor disposición de que conozca el proyecto de primera mano
. Precisamente lo que Toledo y la ciudadanía exigen desde hace meses: darlo a conocer y discutirlo públicamente.
En México las instancias oficiales cada vez tienen menos posibilidad de imponer por la fuerza proyectos impopulares o para hacer más ricos a los funcionarios. Tampoco resulta fácil silenciar violentamente a los que los critican y exigen transparencia. Recurrir a golpeadores que recuerdan a los halcones del 10 de junio lleva a creer que mucho ocultan las autoridades oaxaqueñas en el cerro del Fortín